La norma amplía el reconocimiento a víctimas de la represión franquista en sus últimos años y en la transición, corrigiendo un vacío que había dejado fuera a personas asesinadas o gravemente lesionadas entre 1968 y 1978. Casos como el de Manuel José García Caparrós dejan de ser excepciones olvidadas para incorporarse, por fin, a un marco de reparación. No se trata de reinterpretar la historia. Se trata de asumirla.
Por eso el voto en contra de PP y Vox no puede leerse como una discrepancia técnica o una diferencia de matiz legislativo. Es algo más profundo. Es una forma de situarse frente a la memoria democrática y, en última instancia, frente a las víctimas. Porque lo que se votaba no era un relato, sino una reparación.
Negar esa reparación no es neutral y tiene consecuencias políticas y simbólicas. El argumento implícito en ese rechazo —cuando no explícito— suele girar en torno a la idea de no “reabrir heridas” o de evitar debates sobre el pasado. Pero esa lógica parte de una premisa discutible, que las heridas están cerradas. Y para quienes siguen sin reconocimiento ni reparación, no lo están.
Lo que hace esta reforma es precisamente intentar cerrar ese círculo.
Durante años, el marco legal dejó fuera a víctimas de la represión tardofranquista y de los primeros años de la transición. La Ley de 2007 cubría solo hasta 1977; la de 2022, al derogar la anterior, dejó un vacío que ahora se corrige parcialmente. No es una expansión ideológica. Es una enmienda a una omisión. Y aun así, hay quien decide votar en contra.
En el caso de Vox, la posición es coherente con su discurso habitual, que niega o relativiza la necesidad de políticas de memoria. Pero lo relevante es el Partido Popular. Porque su voto no se produce desde la marginalidad política, sino desde una fuerza que aspira a gobernar. Y eso convierte su decisión en algo más que un gesto parlamentario, la convierte en una declaración de intenciones.
El PP no solo rechaza el contenido de la norma. Rechaza la idea de que el Estado deba reparar a quienes sufrieron violencia en la defensa de derechos y libertades en el tramo final de la dictadura. Y lo hace en un momento en el que ese reconocimiento ya no es una cuestión de confrontación política inmediata, sino de consolidación democrática. No hay aquí una amenaza de ruptura. No hay una urgencia electoral que explique el posicionamiento. Hay, más bien, una elección.
Mientras tanto, la ley sigue adelante con apoyos que no están exentos de condiciones. Los socios del Gobierno han forzado compromisos para ampliar el periodo hasta 1983, flexibilizar requisitos y evitar exclusiones. Queda por ver si esas enmiendas prosperan o si acaban, como otras tantas, diluyéndose en el trámite parlamentario. Pero ese es otro debate.
El de fondo es más sencillo, y más incómodo para algunos, qué significa hoy reconocer a las víctimas del franquismo.
No se trata de reescribir la transición ni de abrir un conflicto inexistente. Se trata de asumir que hubo personas que murieron o quedaron marcadas de por vida en un contexto de represión, y que durante décadas no han tenido el mismo nivel de reconocimiento que otras víctimas. La indemnización —250.000 euros en caso de fallecimiento, cantidades menores en función de la gravedad de las lesiones— no compensa esa historia. Pero sí establece un mínimo de reparación institucional. Y ese mínimo ha sido rechazado por una parte significativa del arco parlamentario.
Ahí es donde el debate deja de ser jurídico y pasa a ser político.
Porque una democracia se mide también por cómo trata a quienes quedaron fuera de sus márgenes durante su construcción. Y, en ese sentido, votar en contra de su reconocimiento no es una posición neutra, por mucho que se intente presentar como tal. Es una forma de decir que hay víctimas cuya memoria sigue siendo incómoda.