La Audiencia Nacional ha iniciado hoy lunes el último y decisivo juicio de la trama Gürtel, considerado el colofón de una macrocausa que durante más de 16 años ha sacudido los cimientos de la política y la justicia españolas. En esta vista, centrada en el entramado societario urdido por el grupo criminal para blanquear fondos ilícitos y evadir impuestos, veinte de los veinticinco acusados (incluidos los principales cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo) han admitido los delitos ante el tribunal. Este giro supone no solo un cierre judicial, sino un reconocimiento explícito de la operativa corrupta que penetró el corazón del Partido Popular (PP), partido condenado en tres ocasiones por beneficiarse de la red.
Una trama que dinamitó una era política
La Gürtel no es solo una trama de corrupción: representa un antes y un después en la historia reciente de España, salpicando a políticos, empresarios y estructuras del PP en diferentes comunidades autónomas. Desde adjudicaciones irregulares y comisiones, hasta el diseño de un sofisticado entramado de empresas en paraísos fiscales, la justicia ha probado que la trama sirvió para blanquear decenas de millones de euros entre 1998 y 2009. Las condenas acumuladas a lo largo de estos años (más de 750 años de prisión para 94 personas) certifican la magnitud del escándalo judicial y social.
El impacto político se sintió especialmente en 2018, cuando la primera sentencia firme detonó la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy del Gobierno. El fallo acreditó la existencia de una “caja B” en el PP y el beneficio directo de la formación mediante fondos ilícitos, minando la credibilidad del partido y provocando una profunda crisis de imagen y liderazgo.
Últimas novedades y la confesión de los cabecillas
El juicio actual, que se prolongará hasta finales de noviembre, juzga delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La Fiscalía solicita hasta 77 años de prisión para Correa y Crespo. Su confesión busca, en buena lógica jurídica, rebajar las penas a cambio de colaboración con la justicia, estrategia seguida por la mayoría de acusados. Destaca también la confesión de empresarios clave como José Luis Ulibarri y asesores fiscales implicados en la dispersión internacional de fondos.
Solo cinco acusados han rehusado admitir su participación, manteniendo una línea de defensa minoritaria. Entre ellos se encuentran colaboradores periféricos de la red. El resto, incluido Correa, ha reconocido la autoría de los hechos, aceptando el relato de la Fiscalía y allanando el camino para sentencias firmes que cierren una etapa judicial sin precedentes en la democracia española.
Reacción política y proyección social
El Partido Popular ha reiterado públicamente que ya “pagó las consecuencias políticas” de la Gürtel, defendiendo su nueva línea estratégica y cuestionando el foco mediático y judicial sobre casos de corrupción en el actual Gobierno. Portavoces populares recuerdan el sacudimiento institucional de 2018 y denuncian, por el contrario, el silencio y la supuesta complicidad de los aliados del presidente Pedro Sánchez con procesos judiciales abiertos contra miembros del actual Ejecutivo.
De fondo queda un cambio profundo en la cultura política y la exigencia ciudadana de transparencia. La Gürtel ha motivado reformas legales, el refuerzo de los organismos de control y "compliance" en las administraciones y los partidos, y un mayor escrutinio por parte de la opinión pública. El efecto Gürtel ha reducido la tolerancia social ante la corrupción y ha elevado la exigencia de controles preventivos en la financiación de partidos y la gestión contractual del sector público.
Un cierre judicial, pero no social
El juicio que ahora se celebra es el epílogo de una saga judicial y mediática única, a la espera tan solo de la próxima vista de la operación Kitchen en 2026. Aunque la etapa jurídica se acerca a su final, sus consecuencias políticas y sociales seguirán presentes: la Gürtel simboliza el desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones y en la limpieza del proceso democrático. La pregunta sobre si la sociedad y las élites políticas han interiorizado todas las lecciones de este escándalo sigue plenamente vigente.