La presidenta de CGPJ protege a la casta judicial

En su discurso de apertura del año judicial la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, a la que parece faltarle fuerza en la voz cuando habla en público—quizá porque no corre la sangre por sus venas—, atribuyó la mala imagen que la mayoría de españoles tiene de la justicia, a la <<descalificación personal a jueces por quienes ejercen responsabilidades institucionales>> cuando les acusan de actuar por razones políticas, hecho que calificó de <<inadmisible y de extraordinaria gravedad>> por ser una imputación que <<puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva>>.

Y solventó con una apelación a los jueces para que sean escrupulosos en el cumplimiento de la Ley en la instrucción de los sumarios, y prudentes en sus manifestaciones públicas, sin entrar en la evidente mala fe de algunos con los encausados, convirtiendo la instrucción en una persecución inquisitorial que se sale del marco temporal de lo que se juzga (caso Begoña Gómez). Tampoco mencionó las sentencias basadas en presunciones sin pruebas, dónde es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia y no al revés, vulnerando el principio axial de in dubio pro reo (caso F.G. del Estado).

Isabel Perelló se equivocó al tomar la parte por el todo al considerar que las críticas, lícitas, a determinadas actuaciones judiciales de un grupo muy concreto de jueces, que están en la mente de todos; supone un ataque contra toda la judicatura. Vieja estratagema para esconder la realidad de que no son las críticas, sino las actuaciones de una pequeña casta judicial la que degrada el papel de la justicia. Casta a la que defendió al no dedicar ni una palabra a los datos de todas las encuestas coincidentes en señalar que la mayoría de la ciudadanía, el 76,9%, considera que la justicia no es imparcial en los procesos que afectan a los partidos políticos, según la encuesta del CIS de junio de este año. Porcentaje que sube al 88% que consideran que no se trata igual a los políticos que al ciudadano medio, o al 78% que opina que se aplica un doble rasero con los ricos y los que no lo son, mientras que para el 82% la justicia es lenta y falta de independencia.

Datos que avalan la imagen generalizada que fluye en la sociedad de que la justicia española no es imparcial, y que la culpa no está en las críticas que recibe; sino en el poder omnímodo con el que algunos jueces tratan a los procesados, y en la evidente connivencia entre las decisiones que adoptan algunos de ellos y la estrategia política de la derecha, el llamado brazo judicial del PP y Vox, los que siembran la desconfianza en su imparcialidad. No hay más que abrir un poco los ojos para ver la secuencia de hechos más recientes. Feijoo y sus secuaces políticos y mediáticos llevan tiempo diciendo que el Gobierno prepara un pucherazo electoral para las generales inflando el censo de manera espuria, con la mentira de que la reciente regularización de inmigrantes suponía su inscripción en el censo y con ello el derecho al voto. Bulo desmentido por la Junta Electoral Central.

Estrategia en la que participa un sector del Tribunal Supremo que, a petición de Vox y el partido Iusticia Europa, ha suspendido cautelarmente el derecho a voto a los nietos de los españoles que huyeron de España perseguidos por la dictadura, que han obtenido la nacionalidad española conforme a la Ley de Memoria Democrática. Decisión que vulnera de derecho constitucional que les asiste como ciudadanos españoles, Todo por la presunción de que existe <<un peligro fundado, real y serio de que el notable incremento del censo afecte a las próximas elecciones>>. Argumento que esconde el temor de la derecha, basado en la creencia y sin pruebas, de que esos votos irán a los partidos de izquierda. Caso que tiene como ponente al juez Antonio Narváez que, en 2023, en una cena con Feijoo y fiscales de la asociación conservadora, expresó su deseo de que el PP llegara al Gobierno.

También está en el ajo la jueza, María Tardón—exconcejala del PP en el Ayto. de Madrid—, que ha decidido abrir una investigación para depurar responsabilidades sobre lo sucedido en Ceuta, a raíz de la denuncia presentada por Iusticia Europea, partido de reciente creación e inspiración antidemocrática, que se suma así a la cuadra de organizaciones con la misma adscripción política (Hazte Oír, Menos Limpias, etc.), que al amparo de la iniciativa popular distorsionan los procesos judiciales con el claro interés de derribar al Gobierno progresista.  

De nada de esto hablo Isabel Perelló, mostrando la inanidad de su autoridad como Presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, que la convierte en una muñeca al dictado de lo que le marcan quienes la colocaron en ese puesto por consenso, por la vitola progresista que encarnaba de la que se ha desprendido, quizá porque nunca lo fue, como viene demostrando en sus manifestaciones públicas de defensa férrea de una casta judicial que no acepta la crítica ni reconoce errores ni tiene un plan que invierta la degradación de la justicia. Por ese camino, nada va a mejorar la desconfianza de los españoles en el sistema judicial.