Juan Carlos Peinado tiene fecha para jubilarse y también una causa que parece decidido a dejar encaminada antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El magistrado ha fijado para las seis de la tarde la audiencia preliminar previa a decidir la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez, un trámite que llega después de más de dos años de una investigación pródiga en diligencias, recursos, resoluciones y correcciones de la Audiencia Provincial de Madrid.
La convocatoria se comunicó con apenas 24 horas de margen y provocó inmediatamente la petición de aplazamiento de las defensas. El abogado de Gómez tenía un compromiso profesional previamente fijado fuera de Madrid y Cristina Álvarez se encuentra de viaje en Estados Unidos, pero Peinado rechazó suspender la vista y consideró que el letrado de la esposa del presidente podía ser sustituido por otro compañero.
La pequeña paradoja procesal llegó después, cuando se aclaró que ni Gómez ni Álvarez estaban obligadas a comparecer personalmente, pese a que el auto había ordenado que ambas fueran citadas personalmente. Una precisión que permite comprender mejor la peculiar velocidad adquirida por un procedimiento que durante más de dos años ha conocido prácticamente todos los ritmos posibles.
La audiencia servirá para que las partes expongan sus posiciones antes de que el instructor decida formalmente si abre juicio oral ante un jurado popular. Begoña Gómez afronta acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y Cristina Álvarez por presunta malversación. Ambas reclaman la absolución y la Fiscalía comparte esa petición, mientras la acusación popular encabezada por Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Gómez y seis para su asesora.
Una causa que llega bastante más delgada
El procedimiento que se acerca a la Audiencia Provincial no es exactamente el mismo que Peinado pretendió enviar inicialmente. La Audiencia de Madrid confirmó en julio que la investigación por tráfico de influencias y malversación podía continuar por el procedimiento del jurado, pero dejó fuera otros dos delitos que el instructor había incluido, corrupción en los negocios y apropiación indebida, además de levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez.
Entre ellas figuraban la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
La historia del pasaporte merece un pequeño espacio dentro de una instrucción que ha producido suficientes episodios para llenar varias temporadas judiciales. Peinado llegó a justificar la medida planteando la posibilidad de que los escoltas de Begoña Gómez pudieran colaborar hipotéticamente en una fuga, una consideración que provocó las protestas de organizaciones policiales y terminó siendo examinada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El expediente disciplinario acabó archivado y el tribunal consideró que aquellas expresiones no alcanzaban la gravedad necesaria para justificar una sanción, aunque las calificó de poco delicadas. Probablemente no exista una descripción institucional más elegante para algunas páginas de esta causa.
La Audiencia Provincial también ha ido delimitando una investigación que durante largos periodos pareció crecer con una facilidad extraordinaria. Lo que comenzó alrededor de las relaciones profesionales de Gómez y determinados empresarios terminó extendiéndose a la cátedra de la Universidad Complutense, el software desarrollado para ella, la actuación de su asesora y distintas líneas que los tribunales superiores han ido acotando.
El resultado es que Peinado llega a la fase final con menos delitos sobre la mesa de los que había colocado inicialmente, aunque con la determinación intacta de que sean finalmente los ciudadanos de un jurado quienes examinen los que permanecen.
Peinado y la difícil relación con los límites
José Antequera ha descrito durante estos dos años en Diario Sabemos una instrucción que parecía encontrar siempre una diligencia pendiente, una derivada nueva o algún hilo del que seguir tirando. Más allá de la ironía, existe un dato objetivo detrás de esa impresión. Las resoluciones del instructor han sido corregidas en diferentes ocasiones por instancias superiores y algunas de las decisiones que adquirieron mayor impacto mediático terminaron matizadas, anuladas o reducidas posteriormente.
Eso no convierte por sí mismo la investigación en ilegítima ni permite anticipar el resultado de un eventual juicio. Los recursos y las rectificaciones forman parte ordinaria del funcionamiento judicial y será el tribunal competente el que determine finalmente si los hechos que han sobrevivido a la instrucción constituyen delitos. Pero tampoco obliga a fingir que estamos ante un procedimiento perfectamente lineal.
La instrucción ha tenido momentos difíciles de olvidar, desde la entrada del juez en La Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez hasta las controversias alrededor de algunas de sus resoluciones, pasando por la ampliación sucesiva de las líneas investigadas y las discusiones sobre el alcance de las pesquisas. El propio estilo empleado por Peinado en determinados autos ha provocado críticas de juristas por incorporar consideraciones poco habituales en una resolución judicial.
La Audiencia Provincial ha ejercido durante buena parte de este tiempo una función que podría describirse, sin faltar al respeto institucional, como la de colocar periódicamente los muebles en su sitio. La Fiscalía no ve delito y Hazte Oír pide 13 años, la distancia entre las posiciones de las partes difícilmente podría ser mayor.
La Fiscalía considera que Begoña Gómez y Cristina Álvarez deben ser absueltas. La esposa de Pedro Sánchez sostiene que no utilizó su matrimonio para influir sobre autoridades o funcionarios, recuerda que mantenía relaciones profesionales con la Universidad Complutense desde 2012 y niega haberse apropiado del software desarrollado alrededor de la cátedra. Su defensa sostiene asimismo que no existió ánimo de enriquecimiento y que su actividad universitaria no nació de la llegada de Sánchez a La Moncloa.
Cristina Álvarez niega haber participado en el registro, contratación, transferencia o disposición del software y sostiene que las actuaciones realizadas como asistente respondieron a las instrucciones recibidas y a la convicción de estar desempeñando funciones legales.
En el extremo opuesto aparece la acusación popular encabezada por Hazte Oír, que reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. La diferencia entre una Fiscalía que pide la absolución y una acusación popular que reclama una pena de semejante dimensión resume bastante bien la excepcional temperatura política y judicial que acompaña al procedimiento desde su nacimiento.
Será un tribunal, si finalmente se abre juicio oral, el que tenga que separar esa temperatura de los hechos y decidir si existe responsabilidad penal.
Una jubilación que empieza a aparecer en el calendario judicial
Peinado cumplirá 72 años y se jubilará el 27 de septiembre. La fecha no determina jurídicamente sus decisiones mientras continúe siendo titular del juzgado, pero resulta difícil ignorarla al observar la aceleración adquirida por la causa durante sus últimas semanas al frente del órgano instructor.
El magistrado pretende resolver sobre la apertura de juicio oral antes de abandonar la carrera judicial, lo que explica que la audiencia preliminar haya sido situada en una agenda especialmente apretada y que las peticiones de aplazamiento no hayan encontrado demasiado entusiasmo en el juzgado.
Después de más de dos años de instrucción, el calendario ha descubierto de repente que septiembre solo tiene treinta días. La circunstancia tiene además un componente simbólico difícil de evitar. Peinado puede abandonar la carrera judicial dejando a Begoña Gómez camino de un juicio con jurado popular, aunque será la Audiencia Provincial y no él quien tenga la última palabra sobre lo ocurrido en una causa a la que ha dedicado la recta final de su trayectoria profesional.
El instructor habrá terminado su trabajo y empezará entonces otro bastante menos expuesto a recursos, autos y titulares. La jubilación.
El juicio tendrá que hacer lo que la instrucción no ha conseguido
La dimensión política del caso resulta imposible de separar de la identidad de la principal acusada, pero precisamente por eso el eventual juicio deberá reducir todo el ruido acumulado durante dos años a cuestiones bastante más concretas.
Tendrá que determinarse si Begoña Gómez utilizó realmente su posición para ejercer una influencia penalmente relevante, si existió malversación de fondos públicos a través de las funciones desempeñadas por Cristina Álvarez y si los hechos que han sobrevivido al filtro de la Audiencia Provincial permiten alcanzar el nivel probatorio necesario para una condena.
No será suficiente con la condición de esposa del presidente, con la existencia de reuniones, con titulares periodísticos ni con la extraordinaria cantidad de papel que ha generado el procedimiento. Tampoco bastará con las convicciones de quienes llevan dos años dando por establecida su inocencia o su culpabilidad.
La instrucción de Peinado ha conseguido convertir el caso Begoña Gómez en uno de los grandes espectáculos judiciales y políticos de la legislatura, pero un juicio tiene reglas bastante menos agradecidas para el espectáculo.
La acusación tendrá que probar y la defensa podrá contradecir. Un jurado tendrá que valorar hechos concretos y un tribunal deberá aplicar el Derecho sobre aquello que finalmente llegue a la sala, no sobre todo lo que durante dos años pasó por el juzgado y acabó quedándose por el camino.
Peinado encara mientras tanto sus últimas semanas de toga con la vista preliminar fijada y la intención de dejar firmado el paso siguiente. Después de una instrucción que tantas veces pareció no encontrar el final, el calendario administrativo puede terminar haciendo lo que no consiguieron los recursos, las polémicas ni las sucesivas correcciones de la Audiencia. Ponerle fecha.
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