La Policía Nacional ha asestado este viernes, 6 de noviembre, un importante golpe a la organización neonazi Núcleo Nacional, con la detención de al menos 14 de sus integrantes y la práctica de diez registros en distintas provincias españolas. La operación, dirigida por un juzgado de Gijón y coordinada por la Comisaría General de Información, investiga presuntos delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, en unas actuaciones que permanecen abiertas y que podrían desembocar en nuevas detenciones.
El dispositivo policial se ha desarrollado de manera simultánea en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. Entre los inmuebles registrados figura la sede central de Núcleo Nacional en la capital, además de otros locales y domicilios relacionados con sus integrantes.
Fuentes de la investigación han confirmado la intervención de abundante material perteneciente a la organización. La operación no se limita a sus miembros de base, sino que afecta directamente a una parte de su dirección. Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, siete de los investigados han sido identificados como posibles integrantes de la cúpula del grupo.
La actuación policial constituye uno de los episodios judiciales más relevantes relacionados con Núcleo Nacional desde que la organización comenzó a adquirir notoriedad mediante manifestaciones de extrema derecha, campañas contra la inmigración y actos de exaltación del franquismo.
Una investigación que comenzó tras los incidentes de Gijón
El origen de las actuaciones se encuentra en unos altercados ocurridos en febrero de 2026 en las inmediaciones del colegio de La Inmaculada, en Gijón, donde Núcleo Nacional participó en una concentración vinculada al monumento a los Héroes de Simancas.
Durante aquella protesta, varios jóvenes denunciaron haber sufrido agresiones presuntamente cometidas por participantes en la movilización ultraderechista. Los hechos motivaron diligencias de la Fiscalía de Menores que posteriormente dieron lugar a la investigación judicial ahora desarrollada.
La magistrada responsable de las actuaciones ha autorizado los registros y las detenciones realizados en distintas ciudades españolas. El secreto de las actuaciones ha sido levantado tras los arrestos, aunque la investigación continúa.
La concentración de Gijón también provocó una reacción institucional. El Gobierno del Principado de Asturias solicitó al Ejecutivo central que estudiara medidas frente a organizaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional, ante la preocupación por la celebración de actos de exaltación fascista y los incidentes registrados.
El monumento de los Héroes de Simancas, situado en el entorno del colegio de La Inmaculada, continúa siendo objeto de controversia jurídica e histórica. El Gobierno asturiano ordenó su retirada por su vinculación con la exaltación franquista, pero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias suspendió cautelarmente la medida tras un recurso presentado por la Compañía de Jesús.
Este conflicto sobre memoria democrática terminó convirtiéndose en el escenario de unos incidentes cuya investigación ha desembocado en una operación policial de alcance nacional.
La Policía investiga a varios dirigentes del grupo
Entre las personas detenidas figuran integrantes destacados de Núcleo Nacional. Según informaciones de laSexta, los arrestos incluyen a los hermanos Iván y David Rico Olivares y a Isabel Peralta, una de las figuras más conocidas del movimiento neonazi español.
Otras informaciones sitúan entre los detenidos a Enrique Lemus, identificado como uno de los fundadores de la organización y vinculado a las actuaciones policiales desarrolladas en Valladolid.
Las autoridades judiciales deberán determinar ahora la participación concreta de cada investigado en los hechos y si existen elementos suficientes para sostener los delitos atribuidos inicialmente.
El delito de asociación ilícita reviste especial importancia porque permite investigar no solo actuaciones individuales, sino también si una organización tiene entre sus fines la comisión de delitos o utiliza medios delictivos para desarrollar sus actividades.
En cualquier caso, las detenciones no equivalen a una condena y todos los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
De las protestas de Ferraz a las movilizaciones contra la inmigración
Núcleo Nacional comenzó a ganar visibilidad pública durante las protestas celebradas en noviembre de 2023 frente a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, contra la Ley de Amnistía.
En aquellas concentraciones coincidieron diferentes organizaciones y sectores de la extrema derecha, algunos vinculados a movimientos identitarios y ultranacionalistas.
Desde entonces, Núcleo Nacional ha intentado consolidar una presencia organizada en la calle mediante convocatorias políticas, campañas de propaganda y movilizaciones que utilizan la inmigración como uno de sus principales ejes discursivos.
La organización ha promovido protestas contra la llegada de migrantes y ha difundido el concepto de «remigración», una expresión utilizada por distintos movimientos identitarios europeos para defender políticas de expulsión o retorno de población de origen extranjero.
Su actividad también ha suscitado investigaciones por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, además de denuncias relacionadas con incidentes ocurridos durante diversas concentraciones.
La operación de este viernes introduce un elemento especialmente significativo: la investigación judicial ya no se circunscribe únicamente a altercados concretos, sino que incluye la posible existencia de una asociación ilícita.
El grupo cancela su manifestación prevista para este sábado en Madrid
Las consecuencias de las detenciones han sido inmediatas. Núcleo Nacional ha anunciado la suspensión de la manifestación que tenía prevista para este sábado, 7 de noviembre, en Madrid, con un recorrido desde la plaza de España hasta las inmediaciones de la sede socialista de Ferraz.
La organización ha comunicado su decisión a través de sus canales digitales, donde ha presentado la actuación policial como una medida represiva del Estado. La cancelación evidencia el impacto que la operación ha tenido sobre su capacidad de movilización, aunque todavía resulta prematuro determinar las consecuencias que tendrá para su estructura territorial y organizativa. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas actuaciones.
La inscripción legal de Núcleo Nacional y los límites para disolver una asociación
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que Núcleo Nacional figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, mientras que una denominación relacionada, Noviembre Nacional, aparece vinculada a su proyecto de participación política.
Esta situación ha abierto un debate sobre los mecanismos disponibles para actuar frente a organizaciones de ideología neonazi que desarrollan actividades dentro de estructuras legalmente constituidas. La inscripción administrativa de una asociación no supone una autorización para cometer delitos, pero tampoco permite que el Gobierno acuerde unilateralmente su disolución por las ideas de sus integrantes.
La Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, establece en su artículo 38 que la suspensión de actividades o la disolución de una asociación requiere una resolución motivada de la autoridad judicial competente.
La norma contempla expresamente la disolución cuando una organización tenga la consideración penal de asociación ilícita y permite adoptar medidas cautelares de suspensión durante el procedimiento.
Por este motivo, la investigación sobre el presunto delito de asociación ilícita adquiere una dimensión que puede ir más allá de las responsabilidades individuales de los detenidos.
Si los tribunales acreditaran que la organización incurre en los supuestos previstos legalmente, podrían adoptarse medidas sobre su propia continuidad. Por ahora, no consta una decisión judicial firme en ese sentido.
El desafío de combatir los delitos de odio dentro del Estado de derecho
La operación policial contra Núcleo Nacional vuelve a situar en primer plano el problema de la violencia ideológica y la actividad de organizaciones extremistas que combinan propaganda política con movilizaciones en las calles.
Las instituciones democráticas tienen la obligación de garantizar la libertad de expresión, reunión y asociación, pero esos derechos no amparan la violencia, las amenazas ni las conductas que puedan constituir delitos de odio.
La distinción resulta esencial para analizar las actuaciones judiciales sin confundir la persecución de comportamientos presuntamente delictivos con la prohibición de ideas políticas.
En el caso de Núcleo Nacional, la investigación deberá determinar si los hechos denunciados responden a conductas individuales o si existen responsabilidades relacionadas con el funcionamiento y los objetivos de la propia organización.
El operativo también demuestra que una investigación iniciada a partir de incidentes locales puede adquirir dimensión nacional cuando aparecen indicios de una estructura organizada y conexiones entre distintas provincias.
Con 14 detenidos, diez registros y parte de su dirección bajo investigación, Núcleo Nacional afronta el mayor desafío policial y judicial de su trayectoria reciente. La cuestión que deberá resolver ahora la Justicia es si las actuaciones investigadas constituyen únicamente delitos individuales o permiten acreditar la existencia de una organización ilícita.
El resultado del procedimiento será determinante tanto para establecer responsabilidades penales como para conocer el alcance real de una red neonazi que ha conseguido presencia pública en distintas ciudades españolas y que ahora se encuentra en el centro de una investigación de ámbito nacional.
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