Un mes y medio después de conocerse el mayor escándalo de la sanidad pública andaluza, con miles de mujeres afectadas por un cribado fallido de cáncer de mama, reconocido por la propia Administración autonómica, nadie sabe exactamente cuál es el número exacto y real de las víctimas de este despropósito sanitario descomunal que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ya da por controlado y acotado, sin ni siquiera haber explicado cuál es el origen y la dimensión real del “fallo” que ha dejado a miles de mujeres sin ningún diagnóstico sobre su enfermedad. Con un nuevo consejero y otro viceconsejero, procedente de la sanidad privada, y un puñado de dimisiones en la Consejería de Sanidad, además de gestos de “mano tendida” a sindicatos, asociaciones y trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Gobierno andaluz da por amortizada una crisis que ha hecho saltar por los aires por completo la hoja de ruta de la “vía andaluza” de Moreno Bonilla hacia una nueva mayoría electoral antes del próximo verano.
La Junta empezó reconociendo “tres o cuatro casos” y recriminando “alarmismo” a las denunciantes de la asociación Amama Sevilla, que destaparon el escándalo. Rocío Hernández ya no es la titular de Salud, como tampoco lo es el delegado de esta consejería en Sevilla y ex gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor de la comunidad y donde el ejecutivo ubica el 90% de los casos reconocidos hasta la fecha, exactamente 2.317. Pero antes de esta cantidad concreta de mujeres afectadas por el cribado fallido, la Consejería de Sanidad había redondeado en 2.000 los casos, apenas unos días después de asegurar que no pasaban de cuatro.
Ahora, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, desgrana por provincias con precisión de cirujano el número total y concreto de las supuestamente afectadas por el fallo sanitario: 2.051 mujeres en Sevilla, 152 en Málaga, 80 en Cádiz, 14 en Granada, 10 en Almería, cinco en Huelva, y otras cinco en Jaén. La provincia de Córdoba es la única que no contabiliza ningún caso.
Paradójicamente, mientras la Junta solo ha localizado cinco casos en Huelva, el sindicato UGT denunció en octubre tras hacerse público el escándalo que los hospitales onubenses acumulaban una lista de espera de 3.000 mujeres para hacerse una mamografía a fecha del pasado mes de junio. A esto se sumaban unas 50.000 pruebas de imagen pendientes de realización solo en la provincia onubense.
El baile de cifras aportadas desconcierta a las afectadas mientras el goteo de casos que se van conociendo destapan un agujero en el sistema público de salud de imprevisibles consecuencias a día de hoy
También la asociación Amama viene desconcertando a la propia Consejería de Sanidad cuando aporta cifras concretas o aproximadas de cribados erróneos. “Creemos que pueden ser 20.000 mujeres afectadas, no 2.000 ni 2.317”, dijo su presidenta, Ángela Claverol, a finales del pasado octubre antes de reunirse por primera vez con el consejero Antonio Sanz, quien la ha apercibido esta semana para que ofrezca a su departamento, si los conoce, los casos de mujeres que el SAS no haya contabilizado en este cribado de cáncer de mama fallido. “Si sigue diciendo que hay muchos más casos y no me los da… Tres semanas después, seguimos sin tener los datos ni los casos que asegura la entidad que tiene registrados de mujeres afectadas”, responde el consejero a Claverol.
Mientras tanto, Sanidad ha acelerado el proceso de resolución de los cribados fallidos y anuncia que antes del próximo fin de semana se realizarán otras 217 ecografías a mujeres pertenecientes a las 2.317 reconocidas por la Administración autonómica. En definitiva, un baile de cifras a un lado y otro de los principales actores de este escándalo sanitario que desconcierta a la opinión pública, mientras el goteo de nuevos casos que se van conociendo destapan un agujero en el sistema público de salud de imprevisibles consecuencias a día de hoy.