El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar la actividad profesional de Begoña Gómez, ha decidido apartar de la causa a la acusación popular que dio origen al procedimiento, según informa la Cadena Ser. “La asociación Manos Limpias queda fuera del proceso al no haber presentado el justificante bancario del pago de la fianza exigida para ejercer como acusación”, añade la cadena privada de radio.
Estaba claro que algo se había roto entre el juez instructor y el sindicato franquista y hoy se confirma. Hace solo unos días el abogado de Manos Limpias dejaba el caso quejándose de que estaba siendo demasiado politizado. Era solo cuestión de tiempo que el magistrado tomara represalias ante tal insolencia. Y ha ocurrido. De esta manera, el grupo ultra, que con su querella contra la esposa de Pedro Sánchez basada en bulos de las redes sociales y recortes de prensa había dado inicio a la investigación, es apartado del procedimiento.
Manos Limpias, un colectivo de marcado perfil ultraderechista, fue quien interpuso la denuncia inicial basada en informaciones periodísticas (algunas de ellos falsos) que sirvieron para abrir la investigación. Días atrás, el magistrado había requerido la documentación que acreditara el ingreso de la fianza, pero al no recibirla, decretó su expulsión.
La decisión se adoptó el 24 de noviembre, coincidiendo con la renuncia del abogado de Manos Limpias, Carlos Perales, quien abandonó la dirección letrada al considerar que el procedimiento estaba siendo utilizado con fines políticos. En su escrito, Perales subrayó que “la abogacía no puede confundirse con el activismo político” y que las estrategias de la asociación respondían más a cálculos de oportunidad y repercusión mediática que a criterios jurídicos.
El juez exigió a Manos Limpias que presentara el justificante bancario del pago de la fianza para poder ejercer como acusación popular. Al no hacerlo, decretó su expulsión de la causa. Esta medida está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: si una acusación popular no cumple con los requisitos formales (como el depósito de la fianza), pierde su legitimación para continuar en el procedimiento. Sin embargo, es más que evidente que el magistrado ha cortado por lo sano con un sindicato franquista cuyo abogado ha cuestionado la imparcialidad de la investigación. Sugerir que el proceso había caído en cálculos y estrategias políticas era tanto como arrojar una sospechosa sombra de duda sobre su instructor.
La decisión marca un antes y un después en el procedimiento. Al juez Peinado no le ha gustado que un abogado le afee que su sumario es una causa política, y ha tomado medidas. La noticia ha causado sorpresa en los medios judiciales, ya que Manos Limpias estaba siendo la acusación particular más beligerante de todas las personadas en el asunto, todas ellas de marcado carácter ultraderechista.