El Hospital Universitario de Torrejón, un centro público gestionado por una empresa privada se ha convertido en el epicentro de un debate que trasciende los muros de un edificio sanitario: ¿puede la lógica del mercado convivir con el derecho a la salud sin comprometer la seguridad de los pacientes? Las denuncias de profesionales, los documentos internos filtrados y la reacción posterior de la administración sanitaria han destapado prácticas que, según advierten trabajadores y exdirectivos, ponían la eficiencia económica por encima del criterio médico.
El conflicto saltó a la esfera pública cuando se difundieron audios y documentos que describen instrucciones internas dirigidas a aumentar beneficios a través de medidas concretas, muchas de ellas difícilmente compatibles con los estándares que rigen la atención pública. En un contexto de presión financiera, la prioridad no parecía ser mejorar la atención sanitaria, sino optimizar el margen de beneficio.
Reutilizar material de un solo uso: una decisión controvertida
Una de las prácticas que más preocupación generó fue la supuesta orden de reutilizar material sanitario diseñado para emplearse una sola vez. Según las denuncias, se instruyó al personal para esterilizar determinados productos hasta en diez ocasiones, siempre que “estuvieran en buen estado”. Los profesionales alertaron de que esta medida no solo contravenía la normativa, sino que implicaba riesgos clínicos que no podían asumirse en un hospital público.
Para entender la gravedad, conviene aclarar que muchos dispositivos que se utilizan en cardiología intervencionista —como los catéteres empleados para diagnosticar arritmias— no se pueden esterilizar con garantías en un hospital. Su reacondicionamiento debe realizarse en instalaciones especializadas, que evalúan su higiene, su integridad estructural y su funcionamiento, y solo entonces los reintroducen en el circuito sanitario con una nueva certificación. La normativa europea establece con claridad que solo empresas autorizadas pueden hacerlo.
Varios expertos coinciden en que, incluso cuando el proceso se realiza de forma regulada, las reesterilizaciones no deberían ser ilimitadas. Por ello, la propuesta de reutilizar catéteres hasta diez veces, sin recurrir a empresas certificadas, despertó alarma entre quienes conocían las especificaciones técnicas del material y sus límites de seguridad.
El negocio detrás de la salud: cómo se financia el modelo
Lo ocurrido en Torrejón no puede analizarse sin entender la lógica del modelo de gestión. Este hospital público opera bajo concesión a una empresa que recibe una cantidad fija anual para atender a una población asignada. A diferencia de otros contratos sanitarios, el dinero no aumenta si el centro realiza más procedimientos o amplía su oferta asistencial. Por tanto, cuanto menos gaste la empresa gestora, mayor será su beneficio.
En este sistema, la empresa puede obtener ingresos adicionales si atiende a pacientes de otras zonas sanitarias. Esto ha creado un incentivo para atraer usuarios externos cuando resultan “rentables” y desincentivar a aquellos que suponen un gasto elevado o un tratamiento complejo. Profesionales del centro, en documentos colectivos, denuncian que esta lógica provocó decisiones que alteraban el criterio clínico: se priorizaba a pacientes de fuera del área frente a los residentes locales, aunque presentaran la misma patología y urgencia.
Algunos médicos describieron presiones directas para programar cirugías u otras intervenciones de pacientes "externos" por delante de los "propios". Según testimonios recogidos, incluso se ofrecieron compensaciones económicas por asumir una carga extra de trabajo destinada a incrementar esta facturación.
La degradación asistencial como consecuencia
Los trabajadores del hospital elaboraron un análisis crítico de la situación que describía cómo las decisiones de gestión habían provocado la pérdida de profesionales experimentados, la reducción de servicios y la sustitución de especialistas por personal con menos cualificación.
Entre las consecuencias señaladas, destacan:
- Diagnósticos radiológicos realizados por profesionales externos sin contacto con el equipo médico;
- La desaparición de pruebas presenciales en determinadas áreas clínicas, sustituidas por telemedicina no siempre adecuada;
- La ausencia de especialistas en servicios tan sensibles como urgencias.
El resultado final fue —según el personal— una caída sostenida en la calidad, acompañada de un deterioro del clima laboral y de la moral de los equipos.
Quien se opuso pagó un precio
Varios directivos interpusieron denuncias internas alertando de la ilegalidad o peligrosidad de algunas decisiones. Pocos días después fueron despedidos. La empresa insiste en que los ceses no guardan relación con estos hechos, pero los denunciantes consideran que el mensaje fue evidente: cuestionar decisiones estratégicas podía poner en riesgo el empleo.
Otros profesionales, aún dentro del centro, afirman que el hospital pasó de un modelo de gestión colaborativa a una estructura autoritaria que desincentivaba el disenso y aceleraba la fuga de talento.
Reacción institucional y una disputa de fondo
La información publicada ha motivado la apertura de una investigación por parte del Ministerio de Sanidad, que deberá aclarar si se han vulnerado la normativa sanitaria, los derechos de los pacientes y las obligaciones del contrato público.
Pero el caso de Torrejón trasciende un hospital. Es una ventana que permite observar las tensiones del modelo de gestión privada de servicios públicos:
- ¿Qué ocurre cuando el interés empresarial y el interés sanitario chocan?
- ¿Puede un hospital gestionado por una empresa privada funcionar como un servicio público sin controles estrictos?
- ¿Qué mecanismos existen para proteger a pacientes y profesionales frente a decisiones económicas que comprometen la atención?
Las respuestas a estas preguntas no solo determinarán responsabilidades, sino que marcarán la forma en que se organizará el sistema sanitario público en los próximos años.
Un modelo en cuestión
El caso Torrejón ha revelado las debilidades de un sistema donde la vigilancia pública es limitada y el incentivo económico está desligado de los resultados asistenciales.
Cuando un hospital opera como empresa, el riesgo no es solo la mercantilización de la salud: es que la rentabilidad se convierta en criterio médico.
Y cuando eso ocurre, los pacientes dejan de ser ciudadanos con derechos para convertirse en cuentas en una hoja de Excel.