El Estado español ha sufrido uno de sus mayores impactos financieros y reputacionales desde la puesta en marcha de los fondos de recuperación post-pandemia. Lo que durante años fue una advertencia persistente sobre las elevadas tasas de temporalidad del empleo público desde los tribunales europeos y las instituciones comunitarias cristalizó finalmente en una sanción económica tangible. La Comisión Europea hizo efectivo un recorte de 626,6 millones de euros destinados a España, una medida drástica motivada por el persistente fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez en la resolución del abuso de la temporalidad en el empleo público. Este revés no solo afecta a la liquidez de las arcas estatales, sino que pone en tela de juicio la calidad democrática de una reforma que, según Bruselas, se quedó en la superficie del problema.
La gravedad de esta crisis ha sido diseccionada y trasladada al Congreso de los Diputados por Josep Pagès i Massó, diputado del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. A través de una exhaustiva batería de preguntas parlamentarias formuladas al amparo del Reglamento de la Cámara, documento al que ha tenido acceso Diario Sabemos, Pagès ha puesto negro sobre blanco una realidad que el Ejecutivo había intentado gestionar con discreción diplomática. El documento parlamentario es demoledor: la Comisión Europea considera que el hito 144 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el que obligaba a España a reducir la precariedad en la Administración, ha sido formalmente “revertido”.
Incumplimiento estructural
El conflicto hunde sus raíces en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, una norma que el Gobierno de España presentó en su día como la solución definitiva a la precariedad de miles de interinos. Sin embargo, la perspectiva de las autoridades europeas dio un giro de 180 grados. Según detalla el diputado Pagès en su iniciativa, la resolución de Bruselas establece que aquella reforma “no resiste el estándar europeo cuando se examina su efectividad real desde el punto de vista de los incentivos”. El análisis es puramente económico y conductual: Europa ha detectado que la normativa española no castiga al ente empleador de forma que cese en su conducta infractora.
La cita textual extraída de los informes europeos es lapidaria y resume la desconfianza de la Comisión: “Si el abuso sigue siendo rentable, el sistema lo seguirá produciendo”. Con esta premisa, Bruselas despoja a la Ley 20/2021 de su condición de "reforma efectiva" y la sitúa en el terreno de las medidas cosméticas. Para las autoridades comunitarias, si una administración puede mantener a un trabajador en interinidad de forma abusiva sin que ello le suponga un coste superior al de cumplir la ley, el incentivo para la irregularidad permanece intacto. Por ello, la Comisión concluye que el ordenamiento español no ha ofrecido una respuesta adecuada para cumplir la Directiva 1999/70, especialmente en lo relativo a la “prevención y sanción del abuso mediante medidas efectivas y disuasorias”.
Calendario de la inacción
El proceso administrativo que ha desembocado en esta pérdida de fondos ha seguido una hoja de ruta marcada por la rigidez burocrática de Bruselas y la aparente parálisis de Madrid. El 7 de julio de 2025, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución C(2025) 4643 final, un documento que declaraba formalmente revertido el hito 144 y procedía a suspender de forma cautelar la friolera de 626.615.891 euros. En ese momento, España disponía de una ventana de oportunidad de seis meses para acometer cambios legislativos de calado que introdujeran sanciones reales y reparaciones justas para los trabajadores afectados.
Sin embargo, ese plazo de gracia expiró. Tal y como señala la iniciativa de Junts, “este plazo venció el 7 de enero de 2026”. La consecuencia de dejar morir este calendario es el paso de una fase de retención temporal a una de pérdida patrimonial irreversible. A ojos del partido independentista, ya no hay margen para las medias tintas: “A fecha de hoy, pues, no estamos ante una suspensión ‘reversible’, sino ante un recorte por inacción, con una vía expedita para las sanciones que se impondrán”. El fracaso no es ya una posibilidad teórica, sino un hecho contable: “los 626,6 millones no están en las arcas del Estado”.
Conexión entre la gestión laboral y la gobernanza europea
Este episodio ha revelado una vulnerabilidad crítica en la ejecución del Plan de Recuperación. El abuso de la temporalidad, que tradicionalmente se consideraba un problema doméstico de gestión de recursos humanos o una cuestión de justicia social interna, ha pasado a ser una pieza clave de la macroeconomía española. Según se desprende del texto de Junts, la resolución europea confirma que el conflicto de los interinos está indisolublemente “conectado a la gobernanza del Plan de Recuperación, a la credibilidad del Estado ante la Comisión y, por extensión, a la ejecución de políticas públicas financiadas con fondos europeos”.
La desconfianza de Bruselas no es un asunto meramente interpretativo sobre cómo leer una sentencia del TJUE, es una enmienda a la totalidad de la política de personal del sector público español. La Comisión ha conectado la falta de efectividad normativa con un “impacto presupuestario real”, lo que refuerza la tesis de que estamos ante un “incumplimiento estructural”. En este escenario, el abuso de la temporalidad “se ha convertido en una variable de cumplimiento con impacto presupuestario”, obligando al Gobierno a entender que la precariedad laboral tiene ahora un precio en euros que se detrae de las inversiones nacionales.
Responsabilidades y consecuencias territoriales
La ofensiva de Junts no se limita al diagnóstico, sino que exige una rendición de cuentas pormenorizada. El partido inquiere al Gobierno sobre si ha existido comunicación formal relativa a la “reducción (total o parcial) de la contribución financiera asociada” y reclama conocer qué compromisos verificables ha presentado el Ejecutivo ante Europa para intentar frenar la sangría.
Una de las aristas más sensibles de esta crisis es su impacto en los territorios. Dado que gran parte de la temporalidad abusiva se concentra en las administraciones autonómicas y locales (sanidad, educación y servicios sociales), el recorte de fondos RRF puede comprometer proyectos ya en marcha. Junts pregunta específicamente por el impacto en las “actuaciones con ejecución territorial en Cataluña (incluyendo la Generalitat, entes locales catalanes y sector público institucional)”, exigiendo un detalle de los importes y programas que se verán afectados por esta merma de 626 millones.
Asimismo, la pregunta parlamentaria apunta directamente a la gestión interna del gabinete ministerial: “¿Quién asume la responsabilidad política y administrativa de la gestión del expediente?”, cuestiona Junts, buscando identificar la unidad coordinadora o el ministerio que ha permitido que se agoten los plazos sin una respuesta legislativa satisfactoria. La demanda es clara: España necesita pasar de una política de "intenciones" a una de “acción legislativa efectiva”.
Mecanismos que garanticen reparación real
El horizonte que dibuja este reporte es complejo. Para recuperar la confianza de Bruselas y, sobre todo, para detener nuevas sanciones, el Gobierno debe implementar mecanismos que garanticen una “reparación real y disuasoria ante el abuso (no meramente declarativa)”. Esto implica, según la interpretación del TJUE y la Comisión, que la sanción debe ser tan gravosa que la administración prefiera cumplir la ley, o bien que se traduzca en una estabilidad real para el trabajador perjudicado.
El documento de Junts concluye con una reflexión sobre la imagen exterior de España. La suspensión de estos fondos afecta a la “credibilidad del Plan de Recuperación”, sugiriendo que si España no es capaz de resolver sus problemas de empleo público de manera compatible con el Derecho de la Unión, otros hitos y reformas podrían ser puestos bajo la misma lupa de sospecha.