En España el abuso de temporalidad es una tradición administrativa: se celebra en silencio, se perpetúa por inercia y solo se discute cuando alguien en Bruselas lo convierte en cifra. Esta vez la cifra tiene decimales: 626.615.891 euros. No es un titular inflado, es el agujero exacto que la Comisión Europea dejó en el desembolso del Plan de Recuperación cuando constató que el hito 144, el que debía garantizar una reducción real de la temporalidad y, sobre todo, medidas efectivas y disuasorias contra el abuso había sido, literalmente, “revertido”.
La Comisión lo formalizó en la Decisión de Ejecución C(2025) 4643 final, de 7 de julio de 2025. En esa decisión no hay retórica: hay procedimiento. Se suspende parte del pago y se abre una ventana de seis meses para que el Estado adoptara las medidas necesarias. El reloj no era metafórico: el plazo vencía el 7 de enero de 2026. A día de hoy, 9 de enero, el dato político es difícil de maquillar: España ha preferido sostener el modelo, el de la temporalidad “gestionable”, la indemnización “topada” y la sanción “difusa”, antes que cumplir de verdad con el estándar europeo. El resultado práctico es que el país y todos sus ciudadanos asumen el coste: el dinero se pierde.
Conviene subrayarlo porque aquí no se trata de una multa ni de una bronca diplomática. Es el mecanismo más serio que tiene la Unión cuando un Estado se hace el distraído: condicionalidad presupuestaria. En el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la secuencia está escrita sin adornos: primero se suspende; si en seis meses no hay medidas, la Comisión reduce la contribución de forma proporcional, tras oír al Estado. No es una opción política: es el guion jurídico del instrumento.
El núcleo del problema, y lo que vuelve tóxica cualquier solución cosmética, está en la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70: el abuso de temporalidad debe prevenirse y sancionarse con medidas que hagan que el abuso deje de ser rentable. Las sentencias del TJUE de 22-02-2024 y 13-06-2024 dejaron claro que las medidas “de escaparate” no cumplen si el resultado es que el abuso sigue siendo la estrategia racional para la administración. Si el precio del fraude está tasado y es asumible, el fraude se convierte en tasa. Y si la “responsabilidad” se formula como un concepto abstracto sin consecuencias reales, la disuasión es una broma.
La paradoja, y aquí es donde la ironía se escribe sola, es que el Estado presume de “estabilización” mientras Europa le suspende dinero precisamente por no haber hecho lo único que importaba: establecer una sanción efectiva. Porque el debate no va de si se convoca una OEP, se hace un proceso selectivo o se reduce un porcentaje en una estadística. Va de si el ordenamiento ofrece un remedio que cierre el ciclo del abuso. Y España, no lo ha hecho.
En este contexto, la dimensión europea deja de ser un decorado y pasa a ser el campo de juego real. Por eso hay que dar importancia a la reunión de representantes de interinos con el Secretario de la Alianza Libre Europea (ALE), Oriol Cases, dentro del grupo Verdes/ALE: no es una foto, es una puerta de entrada a una maquinaria política que sabe trabajar con expedientes, preguntas, presión y trazabilidad. Cuando un conflicto entra en la agenda de un grupo europeo, deja de ser “ruido español” y se convierte en material parlamentario.
Y por eso también importa, y mucho, el encuentro en Waterloo con Carles Puigdemont. No por fetichismo, sino por táctica: el conflicto se internacionaliza, se ancla en interlocución política y gana un altavoz que en España se ha intentado apagar con el viejo mantra del “no se puede”. Los colectivos de interinos no fueron a buscar simpatía; fueron a buscar palanca. Si además hay eurodiputadas como Diana Riba que han servido de puente para mover el dossier en Bruselas, el efecto es acumulativo: el caso deja rastro, se documenta, se repite, se incomoda.
La mordacidad final es casi obligatoria: durante años se ha dicho que el abuso era un problema “complejo”, “histórico”, “difícil de encajar”. Ha hecho falta que se traduzca en 626 millones para que el sistema entienda el idioma. Europa no ha descubierto a los interinos en 2025; ha descubierto que el abuso ya no cabe en la narrativa del Plan de Recuperación. Y cuando la narrativa falla, el dinero se detiene. A veces, la única reforma posible es la que duele en caja.
Recordemos lo otros ejes básicos del Documento C(2025) 4643. Este documento es munición “institucional dura”, para una sanción posterior porque la Comisión afirma por escrito que no hay medidas efectivas en vigor para sancionar el abuso de temporalidad en el sector público conforme a la interpretación del TJUE de la cláusula 5. Además, conecta esa falta de efectividad con un impacto presupuestario real (suspensión de fondos RRF), lo que refuerza la tesis de incumplimiento estructural y no meramente interpretativo. Dio plazos (ventana de 6 meses) y una obligación de acción legislativa efectiva, no de “intención”. A partir de ahora, además vendrá la sanción que se espera que, por los precedentes, sea multimillonaria.