Waterloo volvió a encender el radar político el pasado 3 de diciembre. Esta vez no por jugadas tácticas del procés ni por reuniones discretas con líderes internacionales, sino por algo mucho más terrenal: la precariedad estructural del empleo público. Una delegación de trabajadores interinos, especialmente de justicia y enseñanza, cruzó la frontera para exponer a Carles Puigdemont una injusticia que, como él mismo resumió horas después, “se ha cronificado". El encuentro dejó una fotografía poco habitual: colectivos con décadas de temporalidad a cuestas buscando en Bélgica lo que no han encontrado en España.
Puigdemont escuchó a los asistentes durante varias horas y, como acostumbra, convirtió la síntesis en un tuit directo: la estabilización “no es un capricho”, sino una exigencia de la Unión Europea. No era una frase para quedar bien. Venía acompañada de un diagnóstico duro: miles de personas que llevan “años trabajando en la administración” acumulan experiencia y sostienen servicios públicos esenciales, pero viven con el reloj en contra y la espada de Damocles del cese. No es retórica: es la realidad de las aulas, juzgados y oficinas donde la temporalidad es la norma y no la excepción.
Lo relevante no es solo el mensaje, sino el gesto político. Junts, tal y como publicó en exclusiva Diario Sabemos, lleva meses intensificando su discurso sobre el abuso de temporalidad y ya ha puesto sobre la mesa medidas de estabilización real, no cosmética. Las iniciativas parlamentarias recientes, especialmente en materia de función pública, apuntan a convertir la excepcionalidad en regla: si hay abuso, debe haber sanción efectiva y regularización estable. El encuentro de Waterloo consolida esa posición y lo sitúa en la agenda del partido como cuestión de justicia social… y de cumplimiento europeo, algo que siempre da más solvencia en Bruselas.
Los interinos encontraron en Puigdemont un altavoz que, a diferencia del habitual silencio institucional, no se limita a lamentar la precariedad sino que la vincula a un problema sistémico: la incapacidad del Estado para resolver una “anomalía” que arrastra dos décadas de advertencias europeas, sentencias incumplidas y parches legislativos. El líder de Junts puso el acento en las consecuencias humanas, familias enteras viviendo con la incertidumbre de si mañana seguirán teniendo trabajo, y en el impacto directo para la ciudadanía, que recibe servicios públicos debilitados justo cuando más se necesitan.
La reunión también envía un mensaje interno en clave catalana: Junts quiere navegar más allá del independentismo estricto y tejer alianzas sociales con colectivos golpeados por la precariedad. Ya lo hizo con sanitarios, con educadores y con afectados por la inaplicación de resoluciones judiciales europeas. Ahora, los interinos se suman a esa constelación de causas que pueden reforzar la posición del partido en Madrid y Bruselas.
¿Qué deja Waterloo esta vez? Primero, el reconocimiento explícito de que la estabilización no es una concesión política sino una obligación normativa. Segundo, la constatación de que el conflicto de los interinos se ha convertido en un tema europeo que puede escalar en los próximos meses. Y tercero, que Junts ha decidido situarse del lado de quienes sostienen los servicios públicos, con personal estable.
El run-run europeo habla, además, de una sanción ejemplarizante para España.
La temporalidad ha llamado a la puerta de Waterloo. Y alguien ha abierto.