Zapatero cree tener argumentos para convencer al juez Calama de que se han practicado pruebas poco legales contra él, desde una investigación policial en Estados Unidos inspirada en motivos políticos (la persecución de Donald Trump), hasta falta de garantías judiciales en nuestro país. El expresidente del Gobierno está convencido de que la Administración Trump no cumplió “todos los conductos y requerimientos formales” legamente establecidos cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras desencriptar el móvil del venezolano Rodolfo Reyes, accionista principal de Plus Ultra, envió a Calama un informe confidencial que posibilitó su imputación como cabecilla de una trama internacional de corrupción.
Cabe recordar, tal como ya ha informado Diario Sabemos, que la Corte Federal de Nueva York y la Fiscalía estadounidense abrió hace más de cinco años “diligencias prejudiciales” (informativas), en las que aparece el exlíder socialista español, pero no ha hallado hasta la fecha pruebas concluyentes de corrupción contra él, más allá de una serie de conversaciones entre los implicados en la trama venezolana en las que se refieren al “amigo Zapatero” como posible elemento desbloqueador del préstamo de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea, en apuros económicos durante la pandemia.
Es precisamente ahora, bajo la Administración Trump y en medio de la tensa relación diplomática bilateral entre Estados Unidos y España, cuando ese misterioso expediente del HSI se ha filtrado a los medios. La situación era propicia. El castigo comercial de los aranceles, el genocidio en Gaza, el gasto de nuestro país en la OTAN (que al magnate neoyorquino le parece insuficiente) y la guerra de Irán (con el cierre de las bases de Morón y Rota para impedir que los bombarderos de las fuerzas norteamericanas reposten en su ruta hacia el frente de Oriente Medio). Todo ello lleva a pensar a Zapatero que su caída empieza por el choque de Pedro Sánchez con el actual presidente estadounidense.
Poco o nada se sabe de ese supuesto informe Trump sobre las actividades de mediación de Zapatero ante el régimen chavista de Nicolás Maduro. Ha trascendido, eso sí, que el presidente norteamericano detesta a Zapatero y a la España socialista y que ha puesto a trabajar a todas sus agencias (HSI, FBI y CIA) para desacreditar a ZP. ¿Cumple ese dosier secreto los requisitos y garantías de un Estado de derecho, hay pruebas definitivas como documentos o grabaciones, o se basa en meras conjeturas sobre una supuesta relación del líder del PSOE con implicados en un caso turbio? El abogado de Zapatero trabaja en esa línea de defensa.
La validez de las pruebas es uno de los pilares esenciales del proceso penal en España. Cuando una investigación se apoya en elementos obtenidos vulnerando derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico establece mecanismos estrictos para impedir que tales pruebas contaminen el procedimiento. En este contexto, surge la cuestión de si una causa podría anularse cuando pruebas relevantes –como un eventual informe procedente del Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense– se han obtenido de forma ilícita. La respuesta, conforme a la doctrina constitucional y jurisprudencia consolidada, es que sí pueden anularse, y en algunos casos ello puede comprometer la continuidad de la causa.
La Constitución española garantiza el derecho a un proceso con todas las garantías. A partir de este precepto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la doctrina de la prueba ilícita, especialmente desde la sentencia 114/1984. Según esta doctrina, toda prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales –como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio– debe ser excluida del proceso. Esta exclusión no es opcional: se trata de una nulidad de pleno derecho, lo que significa que la prueba no puede ser valorada por el juez bajo ningún concepto.
Además, la jurisprudencia española aplica la llamada doctrina del fruto del árbol envenenado, inspirada en el derecho estadounidense. Esta doctrina establece que no solo debe excluirse la prueba obtenida ilícitamente, sino también todas aquellas que deriven directa o indirectamente de ella. Si un informe extranjero, como uno del HSI, se hubiera obtenido sin cumplir los requisitos legales de cooperación judicial internacional, o vulnerando derechos fundamentales del investigado, tanto ese informe como las actuaciones que se apoyen en él podrían quedar invalidadas.
La anulación de pruebas ilícitas no implica automáticamente la anulación total de la causa. Los tribunales distinguen entre procedimientos que pueden sostenerse con pruebas independientes y aquellos en los que la prueba ilícita es nuclear. Si la acusación depende esencialmente de la prueba anulada, el proceso puede quedar sin base suficiente para continuar, lo que conduciría al archivo o a la absolución. En cambio, si existen pruebas autónomas, obtenidas de forma legítima y no contaminadas, la causa puede seguir adelante.
En el ámbito de la cooperación internacional, España exige que cualquier prueba procedente de otro país cumpla con los principios de legalidad, autenticidad y respeto a los derechos fundamentales. Si un informe extranjero se incorpora sin cumplir estos requisitos, su validez puede ser impugnada. Si las pruebas obtenidas, como el famoso informe del HSI, se hubieran obtenido de forma ilícita, podrían ser anuladas, y dependiendo de su importancia en la estructura probatoria, la causa completa podría verse comprometida.
Según fuentes de su entorno, el expresidente del Gobierno “duda seriamente de los seguimientos a los que fue sometido y cree que se produjeron sin orden judicial”. Entre otras líneas de defensa, en su comparecencia del próximo 17 de junio ante el juez Calama, Zapatero piensa plantear que las fotografías en las que aparece en El Pardo junto a su amigo Julio Martínez, uno de los implicados en la trama venezolana de Plus Ultra, y otras que le tomaron justo antes de embarcar en un avión de Riad a Madrid, y que publicó un medio de comunicación de la extrema derecha, no pueden ser alegadas como prueba de cargo, ya que no se obtuvieron de forma legítima.
Zapatero quiere saber de dónde proceden esas fotos, y si logra acreditar que son de la Policía o de algún servicio secreto, “actuará en consecuencia y explorará esa vía”, es decir, su abogado solicitará la nulidad de la causa por quebrantamiento de sus derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia.