El PSPV y Compromís han denunciado la contratación por la Diputación de Valencia de la pareja del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los socialistas no descartan emprender acciones legales, mientras que el PP y Vox han defendido “la legalidad” y el derecho de cualquier funcionario público a pedir un traslado. Estamos ante un posible caso de enchufismo en el Gobierno valenciano y ya tarda el juez Peinado en investigar ese asunto como ha hecho con Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, por organizar un máster para la Universidad Complutense de Madrid. No ocurrirá. El doble rasero de la Justicia española en este tipo de casos familiares es más que evidente.
Según elDiario.es y El País, la cual, la Diputación de Valencia ha contratado a través de una comisión de servicios a la pareja del president, funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), por “urgente necesidad”, con un sueldo de 52.000 euros anuales.
El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido que esta persona lleva veinte años de funcionaria y “simplemente ha habido una comisión de servicios por conciliación familiar”, pero “es curioso” que la izquierda diga sí a la conciliación, pero cuando se refiere a la pareja del “president de la Generalitat del PP no hay derecho”.
La igualdad es “solo para ustedes y sus amigos”, ha acusado el conseller a la oposición durante su intervención en el pleno de Les Corts, donde ha explicado que los administrativos de la Diputación ganan más que un administrativo de un Ayuntamiento pequeño.
El síndic del PP, Nando Pastor, ha manifestado que la comisión de servicios “es una práctica habitual en la Función Pública” y que consiste en trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración, y ha preguntado “dónde está el problema”.
“No sé si quienes están intentando generar polémica en este tema tienen en su mente a Begoña Gómez”, dijo Pastor, para quien ambos casos no tienen nada que ver pues la mujer del presidente del Gobierno “se dedicaba a hacer negocios desde Moncloa”, y tampoco se parece al caso del hermano Pedro Sánchez para el que se creó “una plaza fantasma que no existía”.
Para el síndic socialista, José Muñoz, el Partido Popular está “repleto de jetas”, y ha avanzado que no cierran “ninguna puerta” para acudir “a diferentes órganos, sean judiciales o no, para investigar si el traslado es correcto y legal”. “Tienen que acreditar una urgente necesidad que a mi modo de ver no aparece por ningún lugar”, ha manifestado, y ha reprochado a Pérez Llorca que se mostrara muy enfadado con los “jetas” que habían sido adjudicatarios de viviendas públicas de Alicante sin cumplir los requisitos.