El PSPV-PSOE en el ayuntamiento de Alicante llevará a la Agencia Antifraude el que considera un “pelotazo urbanístico” en torno a las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del PP en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, informa Efe. El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha salido en defensa de la gestión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de su equipo de gobierno ante la crisis generada tras conocerse que varios cargos del consistorio y sus parientes han resultado beneficiarios de adjudicaciones de vivienda pública protegida en la primera promoción de este estilo en la ciudad en veinte años, según informa Levante-EMV.
No es la primera vez que el PP se ve envuelto en casos de fraude con viviendas de Protección Oficial, algo sangrante en un país donde encontrar casa se ha convertido en toda una odisea para muchos ciudadanos. La vivienda VPO nació para garantizar el acceso a un hogar digno a precios asequibles. Sin embargo, en los últimos años, distintos casos han puesto bajo el foco a administraciones gobernadas por el Partido Popular, donde la gestión de este tipo de vivienda ha derivado en polémicas, privatizaciones cuestionadas y operaciones que, según denuncias públicas, han beneficiado a fondos privados o empresas vinculadas al sector inmobiliario. Desde la Comunidad de Madrid hasta la Comunidad Valenciana, pasando por ayuntamientos clave, se ha configurado un patrón que ha alimentado la percepción de que la VPO se ha convertido en un negocio más que en un servicio público.
Uno de los casos más conocidos es la venta de casi 3.000 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión como Blackstone. La operación, realizada bajo gobiernos del PP, fue posteriormente anulada por los tribunales por considerarse perjudicial para el interés público. Decenas de familias vulnerables vieron cómo sus alquileres se disparaban o eran expulsadas de sus hogares. El Tribunal de Cuentas también cuestionó la operación por el bajo precio de venta y la falta de justificación económica. Finalmente, el Supremo avaló la venta de 41 pisos a Blackstone y eliminó la posibilidad de que los inquilinos los compraran a precio de saldo. Las viviendas pertenecían al lote de 1.860 viviendas que el Gobierno municipal de Ana Botella entregó al fondo de inversión y que después provocó la subida de los alquileres protegidos a sus residentes.
Distintas organizaciones sociales han denunciado que la política de vivienda del PP en Madrid ha favorecido la recalificación de suelo público y la cesión de parcelas destinadas a VPO para proyectos privados. En algunos casos, promociones inicialmente calificadas como protegidas acabaron siendo convertidas en vivienda libre, generando beneficios millonarios para promotoras privadas. La falta de control sobre el mantenimiento de la calificación protegida ha sido un punto recurrente de crítica. Desde Ganar Alcorcón denuncian una situación que se está dando en el municipio madrileño y otras partes del país: la venta ilegal de viviendas protegidas en el municipio. Estas viviendas se estarían vendiendo por encima del precio marcado por la Administración pública a través de una parte no declarada 'en B' impuesta por algunos propietarios. Esta práctica, para la formación municipalista, es “un ataque contra el derecho a la vivienda en nuestro país”.
“La vivienda pública tiene un objetivo central: facilitar el acceso a miles de familias a una vivienda digna y asequible. Este tipo de prácticas atentan contra un derecho constitucional de la ciudadanía. Es especular con algo de lo que en su día se beneficiaron gracias al esfuerzo público de todas y de todos”, ha denunciado Miriam Benítez, portavoz y concejala de Ganar Alcorcón. David López, concejal de Ganar Alcorcón, responsable del área de Patrimonio de la ciudad, ha asegurado que, según señalan estas denuncias vecinales “las inmobiliarias son las intermediarias necesarias para llevar a cabo esta estafa contra la ciudadanía de Alcorcón”. “Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid [gobernada por Isabel Díaz Ayuso], que es quien tiene las competencias en vivienda, que ponga los recursos necesarios para investigar la venta ilegal de VPO en nuestra región. Eso pasa por obligar a las inmobiliarias que especulan con este derecho a ser mucho más transparentes en la compra-venta de estas viviendas y a retirar inmediatamente cualquier anuncio que no cumpla la legalidad vigente”, ha recalcado David López.
Madrid se ha convertido en el territorio sin ley del mercado de la vivienda social. Casi 200 vecinos del barrio madrileño de Ensanche de Vallecas podrían quedarse en la calle en los primeros meses de 2026. Sus viviendas, de alquiler asequible, han sido vendidas a un fondo de inversión, que ya les ha comunicado que no va a renovar los contratos cuando vayan venciendo. Durante el pasado mes de octubre, los vecinos se enteraron de que sus promociones (cuyo plazo como VPO había expirado y, por tanto, habían pasado al mercado libre) se habían vendido al fondo de inversión con quien no han podido negociar. “Te llegan unas cartas de que te van a echar a la calle. Cuando estás pagando bien, estás haciendo las cosas correctamente no me parece ni lo correcto, ni lo normal. Y bueno, pues ahora tienes una angustia y un sinvivir”, afirma Javier, vecino que se mudó al Ensanche en 2012 tras perder su casa por la crisis de la burbuja inmobiliaria, informa la Cadena Ser.
Durante la investigación del caso Gürtel se hallaron operaciones relacionadas con el urbanismo, adjudicaciones amañadas, contratos inflados, comisiones ilegales, convenios urbanísticos irregulares y venta de suelo. En varias comunidades gobernadas por el PP se ha optado por ceder suelo público a grandes promotoras para construir vivienda libre o de precio tasado, en lugar de impulsar directamente vivienda protegida. Organizaciones como el Observatorio de la Vivienda han denunciado que esta estrategia reduce el parque público y favorece la especulación. En algunos casos, los contratos incluían cláusulas que permitían a las empresas vender los inmuebles a precios de mercado tras un periodo muy breve. Tres de cada cuatro viviendas de VPO en España están construidas por promotores privados. La colaboración público-privada, tan socorrida y recurrente en las regiones gobernadas por la derecha, sigue dando buenos números en la cuenta de resultados.
Otra crítica recurrente es la permisividad en la descalificación anticipada de viviendas protegidas, lo que permite a propietarios y promotoras venderlas como vivienda libre. En comunidades gobernadas por el PP, se han detectado descalificaciones que han reducido drásticamente el parque de vivienda asequible. En algunos casos, la Administración no recuperó ayudas públicas ni sancionó incumplimientos. La descalificación de una vivienda protegida es competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que son las administraciones autonómicas las responsables de establecer, en su caso, el procedimiento administrativo correspondiente, según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La descalificación voluntaria de una vivienda sujeta a protección es aquel procedimiento cuyo objeto consiste en que dicha vivienda pierda su condición de protegida antes de finalizar el plazo previsto inicialmente, siendo por tanto una vivienda libre a partir de ese momento. Si no existen controles férreos por parte de las administraciones municipales y autonómicas, puede ser un foco de especulación.
El último caso detectado en Alicante es un episodio más en un sector caótico y desrregularizado. La portavoz socialista en el consistorio, Ana Barceló, aseguró ayer que “nos encontramos con un pelotazo de una promoción (de vivienda pública) de lujo en la Playa de San Juan para personas que por contactos o por tener información acceden a una vivienda imposible para cualquier otro vecino de Alicante”. Ha puesto de manifiesto que en Alicante hay 5.500 familias registradas en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) “para adquirir una vivienda” y ha añadido que “cada día se marchan de la ciudad jóvenes y familias por no poder acceder a un alquiler asequible, y menos a una vivienda”.
Para Barceló, este caso es una “promoción de lujo levantada en la Playa de San Juan” con gimnasio, pádel, piscinas y garaje sobre un suelo municipal. Tiene un alto precio en el mercado libre. Por lo tanto, es “muy golosa” y ha lamentado que haya ido a parar a familiares de cargos del PP. “Desconocemos qué va a pasar a partir de ahora”, insistió.