El recorrido procesal para depurar las responsabilidades políticas y penales de la tragedia de la DANA ha entrado en una fase de extrema complejidad técnica y jurídica. La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha emitido un informe determinante en el que sostiene que, a día de hoy, no existen indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Esta postura supone un contrapunto directo a la exposición razonada de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Catarroja, quien apreció indicios de responsabilidad penal en la gestión de la emergencia que se cobró la vida de 230 personas el pasado 29 de octubre de 2024.
La Fiscalía solicita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que devuelva el procedimiento al juzgado de instancia para que la investigación continúe su curso. Sin embargo, el Ministerio Público no cierra definitivamente la puerta a una futura acción penal contra el expresident. En un ejercicio de prudencia legal, el informe admite que a lo largo de la instrucción podrían aparecer elementos documentales o declaraciones que avalen la tesis de que Mazón impartió órdenes o instrucciones concretas que influyeron en el desenlace de la catástrofe. Por tanto, la negativa actual a la imputación se basa en un criterio de oportunidad procesal y falta de madurez de la prueba, pero no descarta una eventual responsabilidad penal del exjefe del Consell si la investigación arroja luz sobre su papel exacto durante aquellas horas críticas.
Este escenario ha provocado un efecto dominó entre el resto de los investigados en la causa. La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha solicitado el sobreseimiento libre de su causa penal, argumentando que no existe delito en su gestión. No obstante, plantea una alternativa estratégica: si el TSJCV decide finalmente investigar a Mazón dada su condición de aforado, el alto tribunal debería asumir "sin más dilación toda la causa", una petición a la que se ha sumado la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Esta maniobra busca evitar la fragmentación de la causa y centralizar el juicio sobre la gestión de la emergencia en una única instancia superior.
Por otro lado, la acusación popular, representada por la Associació Víctimes de la DANA 29 de octubre de 2024, mantiene una postura combativa y solicita al TSJCV que no aplique el aforamiento de Carlos Mazón. Su objetivo es que el expresident sea investigado directamente en el Juzgado de Catarroja, el órgano que ha estado en contacto directo con las pruebas y el terreno desde el inicio del proceso. El conflicto de competencias y la solidez de los indicios sitúan al TSJ valenciano en una posición clave para determinar si la gestión de la mayor catástrofe natural del siglo en España debe juzgarse como una negligencia política o si, por el contrario, existen evidencias de un delito de homicidio por imprudencia u omisión que alcance la cúpula de la Generalitat.