La desclasificación de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein –uno de los mayores escándalos internacionales de abuso sexual, tráfico de menores y connivencia de élites del siglo XXI– ha reabierto un debate incómodo: ¿por qué la prensa española, mayormente de la caverna, ha dedicado tan poca atención a los nombres españoles que aparecen en esos archivos? Mientras en Estados Unidos, Reino Unido o Francia los medios han analizado minuciosamente cada documento, en España el asunto ha pasado casi desapercibido, relegado a breves menciones o a un silencio casi total.
El magnate, pedófilo y depredador sexual Jeffrey Epstein fue hallado muerto en agosto de 2019 en su celda de una prisión de alta seguridad de Manhattan. Según El Plural, además de grandes rostros de nuestra política como el rey emérito y el expresidente Aznar, aparecen en la documentación de Epstein otros 15 relevantes personajes españoles junto a insignes de la política y la sociedad internacional como Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Michael Jackson, Steve Bannon, Bill Gates, el expríncipe Andrés y otros muchos. Vaya por delante que el hecho de que todos ellos hayan tenido contactos con Epstein en algún momento de sus vidas no significa necesariamente que vayan a ser llamados a declarar por la Fiscalía estadounidense. No se trata de acusaciones formales, sino de menciones en agendas, registros de visitas, comunicaciones o listados de contactos. La presencia en estos documentos no implica culpabilidad, pero sí relevancia informativa, especialmente en un caso que ha salpicado a figuras internacionales de primer nivel. Hay que publicarlo, debe ser publicado, tiene que ser publicado. Lo contrario es escamotear una información de absoluta relevancia e interés público.
Cabe preguntarse qué hubiese sucedido si el nombre del presidente Pedro Sánchez hubiese aparecido en esa escandalosa documentación. Habría dado para portadas de la caverna durante semanas y Feijóo habría convocado una gran manifestación bajo el eslogan de mafia o democracia. Este “pacto de silencio” de la prensa española resulta sumamente revelador y debe interpretarse necesariamente como el resultado de las dinámicas estructurales del particular ecosistema mediático español: dependencia económica de grandes grupos, cautelas legales, intereses empresariales y una cultura periodística que evita confrontar a determinadas élites. El periodismo español, salvo honrosas excepciones, lleva décadas de retraso respecto a los grandes medios europeos. Hay carencia de infraestructura, contaminación de empresarios cuyos intereses no son garantizar la libertad de prensa, precariado de los trabajadores del periodismo. El caso Epstein, con su mezcla de poder, dinero y relaciones internacionales, ha puesto en evidencia esas deficiencias.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado en los últimos años varias remesas de documentos vinculados al caso Epstein. La más reciente, fechada el pasado viernes, incluye más de 3 millones de páginas adicionales, junto a imágenes y vídeos, como parte de la Epstein Files Transparency Act, una ley destinada a hacer públicos los materiales que el Gobierno estadounidense tenía en su poder.
En Estados Unidos, la publicación de los archivos generó titulares en los principales medios, análisis de expertos, debates televisivos y un escrutinio público intenso. En Reino Unido, la atención se centró en figuras como el príncipe Andrés, cuya relación con Epstein ha sido objeto de investigaciones periodísticas durante años. En Francia, la prensa ha seguido de cerca las implicaciones para empresarios y figuras culturales. En España, sin embargo, la cobertura ha sido mínima. Según análisis publicados por medios especializados en comunicación, la prensa española ha tratado el asunto de forma superficial, sin profundizar en los nombres españoles ni en su contexto.
Este contraste resulta llamativo, especialmente considerando que el caso Epstein no es solo un escándalo criminal, sino también un fenómeno sociopolítico que revela cómo operan las redes de poder global. La mera aparición de nombres nacionales ha sido suficiente para abrir investigaciones periodísticas. En España, en cambio, la reacción ha sido prácticamente nula. El silencio de la prensa española no puede atribuirse a una única causa. Diversos analistas apuntan a una combinación de factores estructurales que empobrecen la calidad de nuestro periodismo. La dependencia económica y concentración mediática es uno de ellos. Los grandes grupos de comunicación españoles dependen en gran medida de publicidad institucional, grandes anunciantes privados, acuerdos empresariales y estructuras de propiedad vinculadas a élites económicas. Investigar a personas influyentes puede generar tensiones internas o riesgos económicos.
Luego están las cautelas legales. El marco legal español en materia de difamación y protección del honor es más restrictivo que el estadounidense. Publicar nombres sin acusaciones formales puede exponer a los medios a litigios costosos. Además, hay falta de tradición investigadora en casos internacionales. El periodismo español tiende a centrarse en asuntos nacionales o locales. Los grandes escándalos globales suelen cubrirse mediante agencias, sin investigación propia. En España existe una larga tradición de evitar conflictos con figuras de alto perfil, especialmente cuando no hay acusaciones judiciales directas. La actualidad política española, muy intensa, suele desplazar otros temas de la agenda mediática.
El caso Epstein no es un escándalo más. Se trata de una red criminal que operó durante décadas, con ramificaciones en múltiples países y con la participación (o al menos la cercanía) de figuras de enorme relevancia internacional. Los documentos desclasificados revelan conexiones con expresidentes, miembros de la realeza, empresarios multimillonarios, celebridades, y altos cargos institucionales.
La ausencia de un escrutinio periodístico resulta difícil de justificar desde un punto de vista estrictamente informativo. La desclasificación de los documentos del caso Epstein ha puesto en evidencia una brecha entre la cobertura internacional y la española. Mientras otros países han abordado el asunto con amplitud, en España ha predominado un silencio llamativo. Las razones son múltiples (económicas, legales, culturales y estructurales), pero el efecto es claro: la sociedad española está menos informada sobre un escándalo global en el que aparecen ciudadanos españoles.