PP y Vox saben que les queda un duro hueso que roer antes de implantar un Gobierno autoritario dispuesto a recortar el Estado de bienestar: el Tribunal Constitucional, último órgano jurisdiccional capaz de enmendar los abusos del sector conservador de la Justicia española, especialmente en el Tribunal Supremo. Aunque no existen propuestas formales de la derecha española para acabar con Constitucional, es evidente que sí hay una estrategia clara de cuestionar su legitimidad y bloquear su funcionamiento. Si no acaban con el TC, lo fagocitarán para terminar de controlar todo el escalafón de nuestra politizada Administración de Justicia, tal como está ocurriendo en Estados Unidos, donde la mayoría de los jueces son ya de la cuerda trumpista y colaboran con la Casa Blanca en la demolición de las enmiendas constitucionales sobre protección de derechos humanos y civiles.
El Partido Popular ha bloqueado en varias ocasiones la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional con el objetivo de esperar a tener mayoría política suficiente y así cambiar la actual mayoría progresista por una conservadora. Sectores de la derecha política y judicial, junto con asociaciones ultraderechistas, han lanzado una campaña de deslegitimación contra el TC, acusándolo de estar “al servicio del Gobierno” y cuestionando sus resoluciones. Vox y otros grupos conservadores han criticado duramente al tribunal por avalar medidas como la Ley de Amnistía, presentándolo como un órgano politizado.
A la derecha le sobra el tribunal de garantías. Eliminarlo como institución no ha estado hasta hoy en la agenda política: el Tribunal Constitucional ha sido un órgano esencial en el sistema democrático español y su supresión requeriría una reforma constitucional muy difícil de lograr. Pero el panorama puede cambiar radicalmente si el partido trumpista Vox llega a tocar poder estatal de la mano del PP, que le ha abierto la puerta a una futura coalición para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
En los últimos meses, tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo han lanzado declaraciones muy críticas contra el Tribunal Constitucional, cuestionando su imparcialidad y presionando sobre su funcionamiento. Abascal ha llegado a asegurar que “desconfía de las resoluciones” del Alto Tribunal tras la exclusión de Vox de la Junta Electoral Central. También ha habido presiones del partido ultra a magistrados conservadores. Así, en junio de 2025 Vox exigió a los magistrados afines al PP que bloquearan el Constitucional para impedir que avalara la Ley de Amnistía. Y también ha habido llamamientos sin complejos a boicotear plenos: instó a los jueces conservadores a no acudir al pleno del TC, con el objetivo de que no hubiera quórum y así frenar la sentencia sobre la amnistía.
Por su parte, Feijóo ha declarado que el PP tiene “dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional” porque considera que está “trufado de cargos del Gobierno”, calificándolo de “inmoral”. No han faltado conflictos institucionales. En septiembre de 2025 el PP anunció que llevaría al Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso, acusando a la Cámara baja de bloquear leyes aprobadas en el Senado. En cuanto a la renovación del TC, aunque se mostró abierto a negociar con el PSOE la renovación de magistrados, insistió en que debía garantizarse la “independencia” del tribunal, aunque reconoció que “no era optimista”.
Estas declaraciones reflejan una estrategia de deslegitimación del Tribunal Constitucional por parte de PP y Vox, especialmente tras sus resoluciones sobre la Ley de Amnistía y otros asuntos sensibles. Mientras Vox busca directamente bloquear el funcionamiento del TC, el PP se centra en cuestionar su imparcialidad y en usarlo como vía de recurso contra decisiones del Gobierno y del Congreso. El objetivo común es restar credibilidad al tribunal y condicionar su composición futura, más que eliminarlo como institución.
Tanto PP como Vox han mostrado una fuerte hostilidad hacia Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, cuestionando su legitimidad y buscando su salida. Líderes del PP, como Miguel Tellado, han declarado que “no quieren negociar con este Gobierno”, justificando el bloqueo para evitar que se mantenga la mayoría progresista en el TC. Vox va más allá al acusar a Conde-Pumpido de ser “un peón del Gobierno” y de haber convertido el TC en un órgano politizado.
La estrategia de Vox es más agresiva: busca paralizar el funcionamiento del tribunal para restar legitimidad a sus decisiones. El propio presidente del TC ha defendido públicamente la independencia del tribunal, afirmando que “no respetar al Constitucional es no respetar a la Constitución”. Ha advertido que los ataques políticos y el bloqueo de renovaciones ponen en riesgo el buen funcionamiento institucional. Habrá que esperar para saber qué dicen los respectivos programas electorales de ambos partidos que optan a conformar un Gobierno de alternancia a Pedro Sánchez sobre el futuro del TC. La prueba de fuego será, sin duda, la reciente sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información sobre los delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. La resolución del Tribunal Supremo ha sido calificada desde diferentes ámbitos progresistas de la judicatura como “escandalosa”, “polémica” y “caza de brujas” por haber llegado a un veredicto de culpabilidad (con inhabilitación de García Ortiz para el ejercicio de cargo público) sin pruebas concluyentes de la revelación de secretos. Es posible que el fallo sea enmendado en el Constitucional por daño a los derechos fundamentales del procesado, y en ese momento estallará la batalla final de las derechas para desacreditar al órgano jurisdiccional encargado de hacer justicia a la luz de los artículos de nuestra Carta Magna de 1978.