La mayoría de analistas coincide en que los resultados de las elecciones andaluzas no son extrapolables a las generales. En la historia reciente de este país hay ejemplos de comicios regionales en los que el PP arrasó antes de quedarse a las puertas del poder en Madrid. Feijóo haría mal en verse ya confortablemente sentado en la Moncloa. Más aún porque es evidente que su partido ha perdido el poder de generar mayorías absolutas. No lo ha conseguido en ninguna de las últimas cuatro citas electorales (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía) porque Vox le ha recortado en número de votos. El de Abascal no es un partido creado para gobernar, al menos de momento, pero está perfectamente diseñado para atragantar a la derecha convencional. Para cortocircuitarla. Y lo está consiguiendo.
En los últimos años, el gallego ha ejercido como líder de la oposición con el viento de cola de la imparable ola reaccionaria internacional. Y ni aún así ha conseguido derribar a Sánchez. La cruenta ofensiva judicial contra el Gobierno no ha dado el resultado apetecido. Las causas abiertas contra el hermano y la esposa del presidente, y la caza de brujas contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no han podido doblegar al Ejecutivo de coalición. La frustración se hace palpable en cada sesión de control semanal, donde Feijóo se muestra impotente para colocar su mensaje apocalíptico. Fallida la estrategia del acoso y derribo por lo civil y por lo criminal, el líder del PP se puso a convocar elecciones autonómicas como si no hubiera un mañana. Trazó una hoja de ruta para ir demoliendo el sanchismo desde la periferia y es cierto que le ha ocasionado un roto al PSOE allá donde hubo batalla. Pero nada es suficiente.
Las elecciones autonómicas han funcionado como un laboratorio político. Cada una, con sus particularidades, ha mostrado un patrón común: el PP puede ser primera fuerza, puede incluso gobernar, pero rara vez puede hacerlo sin apoyos externos. Y esos apoyos, casi siempre provenientes de Vox, condicionan el discurso, la estrategia y la credibilidad del liderazgo nacional de Feijóo. El gallego ideó el plan para reforzar al PP y lo ha debilitado. Vox es ahora más fuerte y con más capacidad de influencia en el poder regional mientras los populares pierden parte de su dominio (el pasado fin de semana 5 escaños menos respecto a las elecciones anteriores y el final de la mayoría absoluta).
Extremadura ha sido históricamente un territorio de hegemonía socialista, con excepciones puntuales. Para el PP, ganar allí (o al menos disputar seriamente el poder) era una pieza simbólica del relato de Feijóo: demostrar que podía penetrar en territorios tradicionalmente adversos. Sin embargo, la realidad electoral ha sido más compleja. Aunque el PP ha logrado avances significativos, la alternancia no ha sido tan automática como algunos dirigentes populares esperaban. La necesidad de pactos, la resistencia del electorado rural a los cambios bruscos y la persistencia de redes políticas locales han impedido que el PP pueda presentarse como un partido capaz de gobernar sin alianzas. Extremadura ha recordado que la política territorial española no se mueve únicamente por dinámicas nacionales, y que la promesa de una mayoría absoluta nacional se debilita cuando ni siquiera en regiones con desgaste socialista se logra una victoria incontestable.
Castilla y León es quizá el ejemplo más incómodo para Feijóo. Allí, el PP decidió adelantar elecciones con la expectativa de reforzar su mayoría y gobernar en solitario. El resultado fue el contrario: el partido perdió escaños y se vio obligado a formar el primer gobierno autonómico con Vox como socio de coalición. Ese pacto marcó un antes y un después. Feijóo, que había intentado construir un discurso de moderación, se encontró con que su partido gobernaba una comunidad histórica con un socio que cuestionaba abiertamente algunas de las líneas rojas que él decía defender. Aunque el líder del PP trató de desvincularse del acuerdo alegando que era una decisión autonómica, el daño estaba hecho: la imagen de un PP capaz de gobernar sin depender de Vox quedó seriamente erosionada. Castilla y León se convirtió en un recordatorio permanente de que la fragmentación del espacio conservador no es un fenómeno coyuntural, sino estructural. Y que, mientras Vox mantenga una presencia significativa, la mayoría absoluta seguirá siendo un horizonte lejano.
Aragón es una comunidad donde las mayorías absolutas son prácticamente imposibles desde hace décadas. Su sistema político, marcado por el peso de fuerzas regionalistas y por un electorado muy sensible a los equilibrios territoriales, obliga a cualquier partido a negociar. Para Feijóo, Aragón representa un desafío discursivo: ¿cómo defender la idea de una mayoría absoluta nacional cuando en territorios clave el PP ni siquiera puede aspirar a una mayoría simple holgada? Los pactos necesarios en Aragón (ya sea con fuerzas locales o con Vox) vuelven a situar al PP en una posición incómoda. Feijóo intenta proyectar una imagen de liderazgo firme, pero la realidad autonómica le obliga a convivir con acuerdos que diluyen su mensaje. Cada pacto territorial que se aleja del centro político complica su narrativa nacional.
Andalucía es, para Feijóo, un arma de doble filo. El triunfo de Juan Manuel Moreno Bonilla con mayoría absoluta fue interpretado como la prueba de que el PP podía volver a gobernar sin apoyos externos. Sin embargo, esa lectura ha demostrado ser engañosa. Andalucía es un caso excepcional por múltiples razones: desgaste prolongado del PSOE, liderazgo personal de Moreno, moderación estratégica y un contexto político muy específico.
Feijóo ha intentado extrapolar el “modelo andaluz” al conjunto del país, pero los resultados autonómicos en otras regiones muestran que ese modelo no es fácilmente replicable. La mayoría absoluta andaluza, lejos de ser un precedente, se ha convertido en una anomalía difícil de reproducir. Feijóo sabe que lo que pasa en los territorios autonómicos puede pasar a nivel nacional. Necesitará de Vox sí o sí para ser presidente.