El Ministerio de Justicia ha iniciado los trámites para recabar el informe del Tribunal Supremo sobre una petición de indulto presentada a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación. La actuación se produce mientras está pendiente de resolución un incidente de nulidad contra la sentencia.
El procedimiento de indulto
La solicitud de indulto fue presentada por dos particulares y, conforme a la normativa vigente, el Ministerio de Justicia ha solicitado informe al órgano sentenciador. Este paso forma parte del procedimiento ordinario y no implica una decisión previa sobre la concesión de la medida de gracia.
La tramitación del expediente se inicia mientras el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre el incidente de nulidad promovido por la defensa de García Ortiz, lo que podría afectar al curso del proceso.
La sentencia del Tribunal Supremo
La Sala condenó a García Ortiz a una pena de inhabilitación, multa e indemnización al considerar acreditado que conocía la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que se ofrecía reconocer delitos fiscales. La sentencia no determinó de forma expresa quién realizó la filtración, pero atribuyó al entonces fiscal general conocimiento de la misma.
El fallo fue adoptado por mayoría, con cinco magistrados a favor y dos en contra, que formularon votos particulares discrepantes sobre la valoración de la prueba.
Efectos institucionales
La condena ha generado debate sobre el alcance de la responsabilidad de los altos cargos del Ministerio Público y el marco de actuación de la Fiscalía. Distintos sectores jurídicos han señalado que la resolución introduce criterios relevantes sobre el deber de control y supervisión dentro de la institución.
La tramitación del indulto abre ahora un nuevo escenario administrativo, independiente del proceso judicial, que deberá resolverse una vez se reciban los informes preceptivos.
Si el incidente de nulidad es estimado, la sentencia quedaría sin efecto. En caso contrario, el Gobierno deberá decidir si continúa con el procedimiento de indulto y, en su caso, si concede o no la medida de gracia, decisión que corresponde al Consejo de Ministros. Por el momento, el expediente seguirá su tramitación ordinaria conforme a los plazos y requisitos establecidos por la ley.