El PP no tiene claro que vaya a obtener la mayoría absoluta en Andalucía. Vox anda fuerte en las encuestas y Alberto Núñez Feijóo ya ha dado la orden de abrir la puerta a un acuerdo con los ultras en Andalucía, marcando un nuevo punto de inflexión en la estrategia nacional del Partido Popular.
A pocas horas de que se abran las urnas, las encuestas no dan ganador al PSOE. Juanma Moreno Bonilla parece destinado a revalidar el poder. Tras meses defendiendo la idea de gobernar en solitario y presentarse como alternativa moderada, Feijóo ha optado por flexibilizar su discurso en un territorio clave, donde la aritmética parlamentaria y la presión interna han terminado por empujarle hacia un entendimiento con la formación de Santiago Abascal. Este movimiento, interpretado por analistas y dirigentes como un giro táctico, reabre el debate sobre la relación entre ambas fuerzas y sus implicaciones para el panorama político español.
La situación en Andalucía no es nueva: desde las elecciones autonómicas de 2018, el PP ha gobernado gracias al apoyo externo de Vox, primero con Juan Manuel Moreno Bonilla y después con acuerdos puntuales que permitieron la estabilidad institucional. Sin embargo, la dirección nacional del partido había tratado de marcar distancias, especialmente desde la llegada de Feijóo, quien insistió en que su proyecto debía ser capaz de atraer a votantes moderados y desencantar a sectores del PSOE. La realidad parlamentaria, no obstante, ha vuelto a colocar a Vox como actor imprescindible para garantizar mayorías suficientes en iniciativas legislativas y presupuestarias. Pero su llamada a la “prioridad nacional” (los españoles primero en una especie de apartheid a la española que condena al gueto a los inmigrantes) incomoda y mucho a Moreno Bonilla, un líder que ha tratado de labrarse la imagen de moderado alejado de las tesis ultras de Vox.
Fuentes del PP andaluz, citadas por diversos medios, señalan que la presión territorial ha sido determinante. Los dirigentes autonómicos reclamaban una posición clara que evitara bloqueos y permitiera avanzar en la agenda política regional. La instrucción de Feijóo, descrita internamente como “luz verde condicionada”, establece que los acuerdos con Vox pueden producirse siempre que no comprometan los principios básicos del partido ni afecten a áreas consideradas sensibles, como la igualdad, la violencia de género o la política europea. Esta fórmula pretende conjugar pragmatismo y contención, aunque su aplicación práctica dependerá de la negociación concreta.
El movimiento también responde a un contexto político más amplio. En los últimos meses, el PP ha intensificado su oposición al Gobierno central, especialmente en torno a la ley de amnistía y a las negociaciones con los partidos independentistas. En este escenario, la dirección popular considera que la unidad del bloque de derechas en los territorios puede reforzar su posición nacional. Algunos analistas interpretan la decisión como un intento de evitar que Vox capitalice el descontento de parte del electorado conservador, especialmente en comunidades donde la competencia entre ambas formaciones es más intensa.
Por su parte, Vox ha recibido la señal con satisfacción, aunque con cautela. La formación de Abascal ha insistido en que cualquier acuerdo debe basarse en compromisos programáticos claros y verificables. Entre sus prioridades figuran la reducción del gasto político (recortes a las prestaciones sociales), la defensa de la unidad nacional y la revisión de determinadas políticas autonómicas. En Andalucía, Vox ha reclamado históricamente mayor influencia en áreas como educación, agricultura y seguridad, aunque en ocasiones ha moderado sus exigencias para facilitar acuerdos. La negociación que se abre ahora determinará hasta qué punto el PP está dispuesto a ceder en estos ámbitos.
La reacción del PSOE andaluz ha sido inmediata. Sus dirigentes han acusado a Feijóo de “romper su discurso moderado” y de “normalizar” la presencia de Vox en las instituciones. Desde Ferraz, la dirección socialista sostiene que este paso confirma lo que venían denunciando: que el PP depende estructuralmente de Vox para gobernar en numerosos territorios. La formación de Pedro Sánchez ha aprovechado la coyuntura para reforzar su mensaje de que solo el PSOE puede garantizar gobiernos alejados de posiciones extremas. Este discurso, habitual en los últimos ciclos electorales, se intensificará previsiblemente en los próximos meses.
En el ámbito interno del PP, la decisión ha generado opiniones diversas. Mientras algunos sectores de Génova consideran que la flexibilidad es necesaria para garantizar la gobernabilidad, otros temen que el acercamiento a Vox pueda erosionar la imagen de centralidad que Feijóo ha tratado de construir desde su llegada a la presidencia del partido. Dirigentes de comunidades donde el PP gobierna en solitario han expresado su preocupación por el impacto que este movimiento pueda tener en sus propios equilibrios políticos. No obstante, la mayoría coincide en que la situación andaluza es particular y no necesariamente extrapolable a otros territorios.
La clave estará en cómo se materialice el acuerdo. Si se limita a pactos puntuales o presupuestarios, el impacto político podría ser moderado. Si, por el contrario, se traduce en un gobierno de coalición o en la entrada de Vox en áreas de responsabilidad institucional, el debate nacional se intensificaría. En cualquier caso, la decisión de Feijóo supone un reconocimiento implícito de que la fragmentación del espacio político español obliga a los partidos a explorar alianzas que hace una década habrían sido impensables.
A medida que avance la legislatura andaluza, será posible evaluar si esta “luz verde” representa un cambio estructural en la estrategia del PP o simplemente una adaptación coyuntural a las circunstancias. Lo que sí parece claro es que Andalucía vuelve a situarse en el centro del tablero político, como laboratorio de alianzas y termómetro de tendencias que podrían influir en futuros escenarios nacionales.