El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a las 18.00 horas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora, Cristina Álvarez, para que entreguen el pasaporte, después de que el pasado sábado abriese juicio contra ellas. Ese mismo día Pedro Sánchez comparece en las Cortes para explicar los casos de corrupción. ¿Estamos ante simples casualidades procesales o ante un patrón que condiciona la agenda política? Algunos sostienen que estas coincidencias, lejos de ser fortuitas, se repiten con demasiada precisión como para no levantar sospechas.
Cada vez que el presidente tiene un acto institucional relevante –ya sea una cumbre internacional, un viaje oficial, un anuncio político de calado o una comparecencia parlamentaria– se notifica una nueva resolución judicial que añade tensión al Gobierno. Para quienes sostienen esta tesis, la de la sincronización de causas por interés político, el calendario de algunos jueces parece avanzar en paralelo al del Ejecutivo, generando un ruido mediático que eclipsa cualquier iniciativa gubernamental.
Los analistas conservadores, en cambio, recuerdan que los jueces actúan dentro de los márgenes que les permite la ley y que la coincidencia de fechas no implica necesariamente una intencionalidad política. Los procedimientos judiciales, argumentan, tienen sus propios ritmos y no pueden supeditarse a la agenda del Gobierno. Sin embargo, esta explicación no convence a quienes ven en la acumulación de “sincronías” un patrón demasiado reiterado.
Lo que resulta indiscutible es que la simultaneidad de eventos políticos y judiciales —en este caso la citación de Begoña Gómez y la comparecencia de Sánchez— amplifica la tensión política. La oposición aprovecha cada avance judicial para presionar al Ejecutivo, mientras que el Gobierno denuncia una estrategia de desgaste basada en la instrumentalización de los tribunales. En este clima, la opinión pública se encuentra atrapada entre acusaciones cruzadas, filtraciones y lecturas interesadas.
La sensación de que la justicia y la política se entrelazan de forma poco saludable no es nueva en España, pero episodios como este la reactivan con fuerza. La coincidencia de fechas, más allá de su origen, tiene un efecto claro: desplaza el foco, condiciona el relato y alimenta la percepción de que la batalla no se libra solo en las instituciones, sino también en el terreno simbólico.
El magistrado Peinado emplaza a Begoña Gómez y su asesora para “notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre”, y les insta a que comuniquen si “tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad”, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE.
De esta forma, Begoña Gómez y Cristina Álvarez deberán acudir la tarde del miércoles a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para entregar sus pasaportes. Lo harán una semana después de que asistiesen a la audiencia preliminar celebrada antes de que el magistrado abriese juicio contra ellas y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Al mismo tiempo que acordaba enviarlas a juicio con jurado popular, el juez Peinado acordó para Gómez y Álvarez como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
Para argumentar el por qué de esas medidas –adoptadas a petición de las acusaciones populares que dirige Hazte Oír–, el juez adujo un riesgo de fuga con el que podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional.
Esta afirmación le ha granjeado numerosas críticas de sindicatos policiales y la “más enérgica queja” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha dirigido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.
Precisamente este lunes la comisión permanente del CGPJ se reunió con carácter urgente para estudiar la propuesta de su presidenta, Isabel Perelló, de abrir un expediente al juez. En su auto del sábado, el magistrado Peinado acordó abrir juicio con jurado a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos. Envió también a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.