Si algo ha demostrado el Partido Popular a lo largo de estos años de democracia es que tiene una capacidad casi sobrenatural para convertir cualquier catástrofe o calamidad en una oportunidad… para culpar a otros. Incluso a las víctimas. El partido de Feijóo jamás asume responsabilidades políticas por nada. La culpa es siempre del PSOE o peor aún, de aquellos que sufren la desgracia, a los que suele terminar acusando de malvados agentes al servicio del socialismo.
Según el manual del político del PP, si hay algo que define a un buen gestor público, es saber señalar con firmeza hacia cualquier parte menos hacia uno mismo. Ya ocurrió con el hundimiento del Prestige y los famosos “hilillos de plastilina” a los que se refirió Mariano Rajoy para tratar de explicar las toneladas de fuel que se vertieron del buque y que llegaron a las costas gallegas en un mar de chapapote. Mientras miles de voluntarios se dejaban la piel limpiando la contaminación, el Ejecutivo de Aznar parecía más preocupado por no mancharse los zapatos. La culpa no fue de ellos, fue de otros.
Lo volvieron a hacer cuando el desastre del Yak-42. El accidente militar aéreo más grave ocurrido en tiempos de paz dejó 62 militares muertos y una gestión digna de una mala película de terror. La gente de Federico Trillo (que hoy va por ahí vendiendo su nuevo libro), identificó los cuerpos de los fallecidos con la precisión de un carnicero tras una noche de resaca. Errores los hubo a mansalva; asunción de responsabilidades en el Ministerio de Defensa, ni una. El Gobierno popular terminó acusando a las víctimas de estar al servicio del PSOE solo por exigir claridad y voluntad política para llegar hasta el fondo de la verdad y de la negligencia.
Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos, el Gobierno de José María Aznar insistió durante días en que ETA era la autora de la masacre, a pesar de que las pruebas apuntaban rápidamente a grupos islamistas vinculados a Al Qaeda. El entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, llegó a decir: “No hay ninguna duda de que ha sido ETA”. Las víctimas se organizaron para averiguar qué había ocurrido realmente y el PP comenzó con su habitual carrusel de mentiras y de acusaciones contra los familiares de los fallecidos. El partido se dedicó a propalar la disparatada teoría de la conspiración, jugando con el dolor de los damnificados, y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, presidida durante años por Pilar Manjón, lo denunció. Fue entonces cuando a Manjón le colocaron el cartel de prosocialista y enemigo público número 1. De nada sirvió que la abnegada portavoz de la asociación denunciara la manipulación política del dolor y las mentiras sobre los atentados. Cientos de personas que habían perdido a familiares y amigos tuvieron que vivir con el recuerdo de aquella tragedia y además con las patrañas del PP.
Siempre es la misma estrategia política aberrante y deshumanizada. Durante la pandemia, las residencias de Madrid registraron 7.291 fallecidos por culpa de los protocolos de la muerte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ordenaban dejar encerrados a los mayores para que no se extendiera la epidemia. Ante cada intento por esclarecer los hechos, la presidenta madrileña se dedicó a intentar tapar la verdad y terminó soltando aquella infamia para la historia: “Se iban a morir de todas formas”. Una vez más, la total falta de humanidad y sensibilidad para con las víctimas.
Algo similar ocurrió con la dana de Valencia de la que estos días se cumple un año. Las inundaciones dejaron 229 víctimas mortales mientras Carlos Mazón se daba una comilona en el restaurante El Ventorro. El PP valenciano calificó las protestas de familiares y afectados contra el presidente de la Generalitat como “manifestaciones politizadas” y terminó arremetiendo contra ellas. Una vez más, la culpa era de otros (del Gobierno central, de la AEMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la oposición, de la prensa), de todos menos del que tenía la obligación de apretar el botón de la alerta roja a los teléfonos móviles, lo que hubiese salvado decenas de vidas.
Estos días volvemos a vivir la pesadilla de la deshumanización de las víctimas con el síndrome postaborto. El Ayuntamiento de Madrid, bajo el mando de José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado una moción para informar sobre este supuesto síndrome que solo está en el delirio de los políticos del PP. El aborto no provoca alcoholismo ni otros trastornos psiquiátricos, eso es algo que está descartado por la ciencia. Las asociaciones de mujeres se han echado a la calle para defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ante el nuevo intento de manipulación y el PP de Madrid ha vuelto a las andadas al acusarlas de estar al servicio del PSOE.
El último episodio sangrante de esta secuencia horrible lo estamos viviendo en Andalucía con el escándalo de los errores en el cribado de las mamografías. Miles de mujeres afectadas por el mal funcionamiento en el programa de detección precoz del cáncer de mama han visto cómo sus pruebas desaparecían misteriosamente del sistema. ¿Responsables? Nadie en los resortes del poder. Juanma Moreno Bonilla, en lugar de pedir perdón y quedarse ahí, ha pasado a la ofensiva y ahora, según el PP, todas las manifestaciones de mujeres aterrorizadas por el cáncer obedecen a intentos de desestabilización por parte de la izquierda.
El Partido Popular ha perfeccionado el arte de la gestión sin presencia. Está cuando hay que inaugurar, pero se evapora cuando hay que responder. Y si alguien se atreve a criticarlo o señalarlo, siempre queda el comodín: “Esto es una instrumentalización política”. Porque claro, ¿quién necesita transparencia cuando se tira de demagogia, bulo y retórica barata?