El Gobierno de Sánchez y sectores mediáticos progresistas vienen denunciando la existencia de una estrategia de lawfare –uso político de los tribunales– contra relevantes figuras del PSOE y del Ejecutivo central. Y, en esa reacción contra la supuesta guerra sucia judicial, el caso Begoña Gómez se ha convertido en el gran paradigma denunciado por los socialistas. El juicio contra la primera dama por cuatro delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid) llega en un momento políticamente sensible, cuando el sanchismo se tambalea por los casos de corrupción, los socios retiran su apoyo a la gobernabilidad y Moncloa valora la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
En ese contexto de precampaña y máxima tensión y crispación en la calle, el llamado caso Begoña se ha convertido en la última oportunidad de Sánchez para retomar algo de oxígeno en medio del acoso judicial y mediática. Los constantes “paseíllos” al juzgado a los que es sometida la primera dama por el juez Peinado –sin duda en un intento de exponer a la esposa del presidente al escrutinio de la opinión pública, al escarnio de los periódicos digitales amarillos de la extrema derecha y al odio de las redes sociales–, tienen lugar en plena precampaña electoral. La última del instructor ha sido la idea de retirarle el pasaporte a la esposa del presidente, una decisión criticada hasta por juristas conservadores. Nada es gratuito ni casual en el caso instruido por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y la sombra de la politización está más que presente.
En Ferraz hay quien todavía tiene esperanza de que Begoña Gómez salga absuelta, una posibilidad bastante remota si tenemos en cuenta cómo se ha producido la instrucción, con constantes polémicas que el juez Peinado ha ido sorteando gracias al paraguas desplegado por el sector conservador de la Justicia. La suerte parece echada de antemano, el guion imposible de cambiar, pero en el PSOE hay quien confía en que la Justicia pondrá las cosas en su sitio con una mujer a la que se ha sometido a escarnio público solo por su deseo de seguir manteniendo su actividad laboral al tiempo que ejerce el papel de consorte. De producirse esa resolución milagrosa en medio de la campaña, quizá a finales de este año o en 2027, es cierto que los socialistas contarían con un balón de oxígeno nada despreciable mientras arrecia la tormenta de casos. El núcleo duro familiar de Moncloa quedaría limpio de polvo y paja, el polémico sumario Peinado anulado y en entredicho y el relato de Sánchez sobre un partido que actúa firmemente contra los escándalos podría tener algo de poder de convicción ante un electorado, el de la izquierda, claramente noqueado y desmoralizado. El presidente podría aferrarse aún a su teoría de la conspiración contra el Gobierno.
De momento, la acusación popular ha solicitado que Pedro Sánchez declare durante el juicio, lo que amplificaría el impacto institucional y mediático del caso. En las últimas horas corre el intenso rumor por Madrid de que el jefe del Ejecutivo será imputado en alguna de las causas abiertas. Feijóo lo ha sugerido abiertamente: “¿A qué hay que esperar, a que le llegue un suplicatorio a P.S.?” Caso Ábalos, caso fiscal general del Estado, caso David Sanchez, caso Begoña Gómez, caso Leire, caso Zapatero. Para quienes sostienen la tesis de que nos encontramos en medio de una ofensiva de las togas (“el que pueda hacer que haga”, que dijo Aznar), este calendario no es casual: el avance vertiginoso de sumarios como el de Begoña Gómez en momentos clave, como la petición del Parlamento de dimisión en una moción de confianza contra Sánchez, refuerza la idea de que la maquinaria judicial conservadora estaría actuando como contrapeso político.
¿Habrían sido posibles asuntos como el que afecta a la primera dama sin el aval del Poder Judicial? Desde un punto de vista estrictamente factual, no existen pruebas directas que acrediten una coordinación explícita entre la cúpula de la judicatura y las acusaciones populares. Sin embargo, la tesis crítica de los socialistas más afectos a Sánchez no se basa en pruebas directas, sino en la interpretación de un conjunto de factores: la querella de un sindicato ultraderechista que prospera pese a la oposición de la Fiscalía, una instrucción marcada por decisiones controvertidas, el impulso de organizaciones ideológicamente alineadas con la derecha, un CGPJ con mayoría conservadora y un contexto político polarizado en el que el caso tiene un impacto evidente.
Desde esta perspectiva, el avance del caso puede entenderse como resultado de un ecosistema judicial y político que ha permitido que una denuncia sin base sólida –según la Fiscalía– se convierta en un proceso penal de enorme repercusión pública.
El caso Begoña Gómez es un ejemplo paradigmático de cómo los procedimientos judiciales pueden adquirir una dimensión política explosiva en contextos institucionales tensos. La tesis de que el caso no habría sido posible sin el aval de la cúpula conservadora judicial no es un hecho probado, pero sí una interpretación coherente con el desarrollo del proceso, las decisiones adoptadas y el contexto institucional. En última instancia, será el juicio –y eventualmente las instancias superiores– quien determine la solidez jurídica del caso. Pero el debate sobre la influencia política en la justicia, lejos de cerrarse, seguirá siendo central en la vida pública española. La última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid, que se reunirá el próximo 13 de julio para determinar si sienta en el banquillo, ante un jurado popular, a la esposa de Pedro Sánchez. La sección 23 ha señalado ese día para deliberar a puerta cerrada sobre esos recursos y ha decidido que sea la sección en pleno quien lo haga. Se trata de dos cuestiones clave dentro del procedimiento donde el juez ya ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, por presunta corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros delitos. Tanto la Fiscalía como las defensas impugnaron la decisión de Peinado de que la causa se desarrollase por el procedimiento del tribunal del jurado, lo que determina que, en caso de que haya juicio, sea un jurado popular de nueve ciudadanos anónimos quien juzgue a la mujer del presidente del Gobierno.