La figura del juez Juan Carlos Peinado genera adhesiones y rechazos también en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El auto de apertura de juicio oral del magistrado contra Begoña Gómez –esposa del presidente del Gobierno– y, especialmente, las afirmaciones que incluía sobre la posible colaboración de agentes policiales en una hipotética fuga, han desencadenado una crisis interna que ha dividido al órgano de gobierno de los jueces en dos bloques irreconciliables. La fractura, que ya venía gestándose desde hace años por la falta de renovación del Consejo, ha estallado ahora con una intensidad inédita.
El origen de la crisis se encuentra en el auto dictado por Peinado, en el que justificaba la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y la prohibición de salir de España alegando que los escoltas policiales podrían ayudarla a huir de la justicia. El magistrado llegó a afirmar que “no cabe duda” de que los agentes podrían cumplir órdenes ilegales, una insinuación que provocó un rechazo inmediato tanto en el Ministerio del Interior como en sindicatos policiales y asociaciones judiciales.
La gravedad de estas afirmaciones llevó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a elevar una queja formal al CGPJ por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad” de los agentes. La presión política y mediática se intensificó en cuestión de horas.
La Comisión Permanente del CGPJ –compuesta por ocho vocales– se reunió de urgencia en domingo para valorar si debía abrirse un expediente disciplinario contra Peinado por una posible falta grave de desconsideración hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tipificada en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La votación terminó en un empate: cuatro vocales progresistas apoyaron la apertura del expediente; cuatro vocales conservadores se opusieron, defendiendo que el asunto podía resolverse con un expediente informativo o un análisis más amplio. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, tuvo que ejercer su voto de calidad, inclinando la balanza a favor de remitir el auto al Promotor de la Acción Disciplinaria. Este gesto, excepcional y políticamente significativo, evidenció la profunda fractura interna del Consejo.
Durante años, el CGPJ ha arrastrado problemas de bloqueo institucional con luchas internas de los dos principales partidos (PSOE y PP), lo que ha erosionado su legitimidad y ha exacerbado las tensiones entre los sectores conservador y progresista. El bipartidismo ha manoseado la Justicia, con reparto de cargos para sus propios fines e intereses políticos, y de aquellos polvos estos lodos. La decisión sobre Peinado ha actuado como catalizador de un conflicto latente: los vocales conservadores acusan a la mayoría progresista y a la presidenta de ceder a presiones políticas; los progresistas sostienen que las afirmaciones del juez vulneran la responsabilidad institucional y dañan la imagen del Poder Judicial.
La fractura no es solo ideológica: es estructural. El uso del voto de calidad, aunque legal, se interpreta como un síntoma de un órgano incapaz de alcanzar consensos básicos. El Promotor de la Acción Disciplinaria deberá determinar ahora si las palabras de Peinado constituyen una falta grave. Las sanciones posibles incluyen desde una advertencia formal hasta una multa de 6.000 euros con suspensión temporal. La destitución se contempla solo en casos muy graves. En todo caso, el juez se jubila en septiembre, de modo que la posible sanción es muy probable que quede sin efecto.
Es importante subrayar que ninguna sanción afectaría a la causa penal contra Begoña Gómez, que seguirá su curso hacia el juicio oral. El expediente se dirige exclusivamente a la conducta del magistrado, no a sus decisiones procesales. Juan Carlos Peinado no es un desconocido para el CGPJ. Acumula varias quejas previas, algunas archivadas y otras aún en estudio. Su estilo directo y sus decisiones controvertidas han generado tanto apoyos como críticas dentro del ámbito judicial. A lo largo de la instrucción del caso Begoña han llegado al Poder Judicial denuncias sobre los presuntos excesos del instructor (más las sucesivas correcciones que la Audiencia Provincial de Madrid se ha visto obligada a hacer para que se respeten los derechos de los investigados) y, aunque Peinado siempre ha salido bien parado, su imagen de juez al límite del reglamento ha quedado en evidencia. Al final, la peripecia judicial del magistrado ha hecho rebrotar el fuerte hedor a politización de la Justicia española. Dos banderías, dos facciones de togas enfrentadas mientras el sistema democrático se descompone, supone un hecho demasiado grave como para que sea pasado por alto. El Parlamento debería intervenir subsanando las deficiencias, pero ni PP ni PSOE están por la labor de perder el privilegio de elegir a los jueces.
La afirmación de Peinado sobre la posible colaboración de los escoltas de Moncloa en una fuga ha sido interpretada por muchos como un salto especulativo sin base probatoria. Según las fuentes consultadas, el auto no aportaba evidencias concretas que justificaran la medida de retirada de pasaporte contra la primera dama.
Los jueces gozan de inmunidad funcional, pero no de impunidad. Sus declaraciones deben basarse en hechos verificables y evitar generalizaciones que dañen a instituciones del Estado. La fractura provocada por el caso Peinado no es un episodio aislado, sino el reflejo de un deterioro institucional más profundo. El CGPJ, debilitado por años de bloqueo, se enfrenta ahora a una prueba de credibilidad en un momento de máxima tensión política. La decisión de abrir un expediente disciplinario al juez no resuelve el conflicto: lo expone.
Mientras tanto, la causa contra Begoña Gómez continúa su curso, y el debate sobre los límites de la independencia judicial y la responsabilidad institucional seguirá marcando la agenda pública. El juez Peinado, con su auto y sus palabras, ha encendido una mecha que ha dejado al descubierto las grietas de un sistema que necesita urgentemente reformas estructurales.