El PSOE ha votado con PP y Junts a favor de endurecer las penas a los delincuentes multirreincidentes. En realidad, esa normativa va dirigida a los inmigrantes que cometen delitos en España, de modo que podría decirse que Sánchez ha cedido a las exigencias xenófobas de Puigdemont. La política española se ha convertido en una cuestión de tensiones. Aliança Catalana, la organización de extrema derecha independentista, presiona a Junts y Junts presiona al Gobierno español (todo ello mientras Vox aprieta las clavijas al PP).
La reciente negociación entre el Gobierno central y Junts per Catalunya en torno a la reforma de la ley de multirreincidencia ha reabierto un debate que parecía superado: hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a ceder ante las demandas de Carles Puigdemont para garantizar la estabilidad parlamentaria. Desde la izquierda denuncian que el acuerdo alcanzado supone, en la práctica, una concesión a planteamientos que consideran excluyentes y que, según sus críticos, se alinean con discursos de corte xenófobo presentes en algunas posiciones del expresident y de su entorno político.
La reforma de la multirreincidencia, impulsada inicialmente por el Gobierno para ajustar el Código Penal a criterios de proporcionalidad, se convirtió en un elemento de negociación clave con Junts. El partido de Puigdemont exigió modificaciones adicionales que, según sus detractores, introducen un sesgo que afecta de manera desigual a determinados colectivos, especialmente a personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Para estos críticos, el resultado final refleja una cesión del Ejecutivo ante presiones que consideran incompatibles con una política penal igualitaria.
El Gobierno ha defendido que la reforma responde a criterios técnicos y que busca evitar penas desproporcionadas por delitos menores cometidos de forma reiterada. Sin embargo, voces de la oposición y de organizaciones sociales sostienen que la letra final del acuerdo incorpora matices que responden más a la agenda de Junts que a un análisis jurídico neutral. Algunos juristas han señalado que la modificación podría generar efectos discriminatorios indirectos, al incidir en perfiles que ya sufren mayor vigilancia policial o dificultades de integración.
En este contexto, la figura de Puigdemont vuelve a situarse en el centro del debate. Sus adversarios políticos lo acusan desde hace años de utilizar un discurso identitario que, en ocasiones, roza la exclusión hacia quienes no encajan en su visión de la Cataluña nacional. Aunque Junts rechaza tajantemente estas acusaciones, sectores críticos interpretan algunas de sus posiciones como una forma de nacionalismo que, llevado al extremo, puede derivar en actitudes que consideran xenófobas. La negociación de la multirreincidencia ha reavivado estas percepciones, especialmente entre quienes ven en el acuerdo un guiño del Gobierno a ese tipo de planteamientos.
La necesidad del Ejecutivo de asegurar apoyos parlamentarios para sacar adelante sus iniciativas legislativas ha sido un factor determinante. Desde el inicio de la legislatura, la aritmética del Congreso ha obligado al Gobierno a tejer acuerdos complejos con fuerzas muy diversas. Junts, con un número reducido de escaños pero con capacidad decisiva, ha aprovechado esta situación para situar sus reivindicaciones en el centro del tablero político. Para algunos analistas, esta dinámica ha generado un desequilibrio en el que el Gobierno se ve forzado a aceptar condiciones que, en circunstancias de mayor estabilidad, difícilmente habría considerado.
La oposición ha sido especialmente dura en su crítica. Partidos como el PP y Vox han acusado al Ejecutivo de “entregar la política penal del Estado” a Puigdemont, mientras que otras formaciones, como algunos sectores del PSOE y Sumar, han expresado incomodidad con el rumbo de la negociación. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han pedido una evaluación independiente del impacto de la reforma para garantizar que no se vulneren principios de igualdad ante la ley.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la reforma es equilibrada y que no responde a presiones ideológicas. Argumenta que la multirreincidencia, tal como estaba configurada, generaba situaciones injustas y que la modificación permitirá una aplicación más razonable del Código Penal. También subraya que cualquier cambio legislativo debe pasar por el escrutinio del Parlamento y que, por tanto, no puede hablarse de imposiciones unilaterales.
Sin embargo, el debate trasciende lo jurídico. Para muchos observadores, la cuestión de fondo es política: hasta qué punto un Gobierno puede o debe ceder ante las exigencias de un partido cuyo líder mantiene un discurso que algunos consideran excluyente. La percepción de que Puigdemont condiciona decisiones clave del Ejecutivo alimenta la narrativa de quienes sostienen que la gobernabilidad del país está supeditada a intereses particulares.
Este episodio también ha reavivado el debate sobre la relación entre el Gobierno central y el independentismo catalán. Mientras algunos defienden que el diálogo es imprescindible para avanzar hacia una convivencia estable, otros consideran que la estrategia de concesiones continuas solo fortalece a quienes buscan tensar la relación institucional. La reforma de la multirreincidencia se ha convertido así en un símbolo de esta tensión: para unos, un paso necesario hacia una política penal más justa; para otros, una muestra de debilidad ante exigencias que consideran inaceptables.
En última instancia, el impacto real de la reforma dependerá de su aplicación práctica y de cómo los tribunales interpreten los nuevos criterios. No obstante, el debate político ya ha dejado huella. La sensación de que el Gobierno ha cedido ante Junts en un terreno tan sensible como la política penal seguirá alimentando controversias en los próximos meses, especialmente en un clima político marcado por la polarización.
Lo que parece claro es que la relación entre Sánchez y Puigdemont continuará siendo un eje central de la política española. Cada negociación, cada acuerdo y cada discrepancia se examinarán con lupa, en un contexto en el que cualquier gesto puede interpretarse como una concesión o como un desafío. La reforma de la multirreincidencia es solo el último capítulo de una relación compleja que seguirá generando titulares y debates intensos.