La negativa de Junts a respaldar el nuevo decreto del escudo social reabre una de las fracturas más persistentes de la legislatura: la dificultad para articular mayorías estables cuando la agenda social entra en conflicto con intereses territoriales o electorales. El partido catalán justifica su voto en la defensa del pequeño propietario, pero su decisión introduce una paradoja política de mayor calado: bloquear una medida concebida para evitar la expulsión de hogares vulnerables en un momento de presión sostenida sobre el mercado del alquiler.
El movimiento no es menor. La prórroga de la suspensión de desahucios y del bono social energético constituía una de las herramientas más visibles de contención frente a la desigualdad derivada del encarecimiento de la vivienda. Su eventual caída evidenciaría, una vez más, la fragilidad estructural del bloque de investidura y la creciente tendencia de algunos socios a negociar desde posiciones de máxima rentabilidad política.
Un argumento que desplaza el foco
Junts sostiene que la norma es “injusta” con el pequeño propietario. La tesis no es nueva en el debate inmobiliario, pero el decreto ya incorporaba modificaciones para excluir a quienes disponen de una o dos viviendas y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es decir, el texto trataba de corregir uno de los reproches habituales: que la protección social no puede descansar exclusivamente sobre particulares.
El rechazo, por tanto, no parece responder solo a la literalidad del decreto, sino a una estrategia más amplia de diferenciación política. En el Congreso actual, donde cada voto pesa, el partido catalán ha optado por elevar el precio de su apoyo incluso en materias de consenso social básico, consciente de que el Gobierno necesita cada escaño.
No es la primera vez que sucede. En los últimos meses, Junts ha consolidado un patrón de negociación que combina exigencias materiales con gestos simbólicos destinados a reforzar su perfil propio ante el electorado catalán. El problema surge cuando esa lógica se proyecta sobre políticas de emergencia.
La vivienda como campo de batalla
La discusión de fondo trasciende el decreto. España arrastra un déficit estructural de vivienda asequible que ni la expansión del alquiler ni los incentivos fiscales han logrado corregir. Los precios continúan tensionados en las grandes áreas urbanas y el porcentaje de ingresos destinado al alquiler sigue creciendo entre los hogares con menor capacidad económica.
En este contexto, la moratoria de desahucios ha funcionado como un mecanismo de contención, imperfecto pero eficaz para evitar un aumento abrupto de expulsiones residenciales. No resuelve el problema —ninguna medida coyuntural lo hace—, pero limita sus efectos más severos.
Al desplazar el debate hacia el pequeño propietario, Junts introduce un marco que, sin ser irrelevante, altera la jerarquía de urgencias. La cuestión central no es solo quién asume el coste inmediato, sino qué papel debe desempeñar el Estado cuando el mercado no garantiza el acceso a un derecho básico.
Entre la aritmética y la coherencia
La portavoz Míriam Nogueras ha acusado al Ejecutivo de presión y ha reivindicado que su formación no aceptará “chantajes”. El lenguaje forma parte del ritual parlamentario, pero la decisión tiene consecuencias concretas: el decreto podría no superar la votación.
La posición resulta llamativa porque el partido sí ha asegurado su apoyo a la revalorización de las pensiones en una norma separada. Esa distinción revela una línea política cada vez más visible: respaldar aquello que ofrece un retorno social indiscutido y marcar distancia en medidas donde el conflicto distributivo es más explícito.
El resultado es una geometría variable que obliga al Gobierno a renegociar constantemente iniciativas ya pactadas, dilatando soluciones y proyectando una imagen de provisionalidad permanente.
Una mayoría exigente y a veces contradictoria
El acuerdo previo entre el Ejecutivo y el PNV para proteger también a propietarios vulnerables parecía allanar el camino. Sin embargo, el rechazo de Junts demuestra que el equilibrio parlamentario no depende solo de ajustes técnicos, sino de decisiones políticas que a menudo responden a cálculos internos más que al contenido de las normas.
En la práctica, esta dinámica introduce una tensión difícil de sostener: mientras se reclama mayor capacidad de autogobierno y responsabilidad institucional, se bloquean instrumentos diseñados para amortiguar el impacto social de la crisis habitacional.
No se trata de negar la complejidad del mercado ni de ignorar que existen propietarios en situaciones precarias. Pero convertir esa realidad en argumento para frenar un escudo dirigido a quienes carecen de alternativa habitacional implica una elección política nítida.
Junts ha decidido ocupar ese espacio. Y con ello vuelve a recordar que, en el actual Congreso, la estabilidad no depende solo de sumar votos, sino de compartir prioridades.