El caso Begoña Gómez, una investigación iniciada por el juez Peinado, llega ya a las portadas de la prensa internacional. La decisión del instructor de procesar a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos –tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida– ha traspasado las fronteras españolas y ha comenzado a ocupar espacio en los medios extranjeros. La combinación de factores políticos, judiciales y mediáticos ha convertido el caso en un fenómeno global. La mayoría de los medios destaca la polarización de la sociedad española sin entrar en la polémica sobre la independencia judicial que ha desatado el caso desde que Gómez se enfrenta a un posible juicio con jurado popular tras una instrucción que ha durado casi dos años y que ha generado tensiones institucionales, acusaciones cruzadas y un intenso debate público.
La noticia ha sido recogida por medios europeos y americanos, que observan con atención cómo un asunto inicialmente circunscrito a la política interna española ha escalado hasta convertirse en un episodio con implicaciones diplomáticas y reputacionales. La presencia de Sánchez y Gómez en un viaje oficial a China justo cuando se conoció el auto judicial del magistrado ha añadido un componente internacional adicional, amplificando la cobertura mediática. Cabe destacar que la prensa internacional se queda en la epidermis del caso, sin profundizar demasiado en la polémica sobre la politización de la Justicia y en las críticas de lawfare que han acompañado desde el inicio de la instrucción. Ningún medio extranjero dedica tiempo y redactores a profundizar en las controvertidas decisiones judiciales que ha ido tomando el instructor, algunas de ellas rebatidas y enmendadas por la Audiencia Provincial de Madrid y por prestigiosos juristas de nuestro país. De alguna manera, podría decirse que la derecha está ganando la batalla mediática internacional, ya que ningún medio se plantea la arriesgada instrucción hecha por el juez (la UCO y la Fiscalía no han hallados pruebas de corrupción) ni la desproporcionalidad de las penas solicitadas por la acusación popular ultraderechista para Begoña Gómez, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés tras la organización de un máster sin ánimo de lucro para la Universidad Complutense de Madrid.
El The New York Times recuerda que el presidente llegó a plantearse su retirada por amor y no tanto por la presión política. Fue cuando dijo aquello de que “soy un hombre profundamente enamorado”, añadiendo un componente emocional a un asunto político judicial, algo que generalmente no suele ocurrir con ningún primer ministro europeo. El rotativo neoyorquino se centra en la dimensión casi romántica del caso.
También el Financial Times recoge el devenir del proceso de corrupción contra la esposa del presidente del Gobierno, a la que le dedica incluso una portada. El Financial describe la investigación contra Begoña Gómez como el “último golpe” al presidente socialista, cuya familia cercana y asesores han afrontado distintas acusaciones de corrupción en el último año, según El Confidencial.
El diario británico The Times ha contado que “la esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, está acusa de malversación de fondos públicos” y que este procedimiento “supone un nuevo golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya sacudido por escándalos de corrupción que involucran a altas figuras del partido socialista”. El Times insiste en que Sánchez se encuentra “luchando por su supervivencia política desde que Santos Cerdán, su mano derecha, fue detenido sin derecho a fianza bajo sospecha de soborno, conspiración criminal y tráfico de influencias”. Y añade: “La investigación sobre su esposa dominó el debate político y judicial durante más de un año. El caso comenzó en abril del año pasado con acusaciones de tráfico de influencias y corrupción empresarial, y desde entonces se ha ampliado para incluir acusaciones de apropiación indebida e intromisión profesional”.
Todos los medios le han concedido páginas al asunto, como The Telegraph, La Reppublica, Le Parisien o BBC. Así, el argentino Clarín asegura que “a pesar de que no le atribuye a Pedro Sánchez ninguna responsabilidad en las posibles faltas de su mujer, el juez Peinado cree que su relación de parentesco, con el actual presidente del gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y como consecuencia de ellos, los restantes delitos”. “Esa instrucción ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país, a muchos jueces y magistrados”, dijo este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la decision del juez Peinado. Y el italiano Il Corriere della Sera asegura: “Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, acusada de corrupción”. Además, destaca unas declaraciones de Sánchez: “El tiempo lo arreglará todo”.
El juez Peinado concluyó la instrucción el 13 de abril de 2026, descartando el delito de intrusismo profesional pero manteniendo los otros cuatro cargos. En su auto, el magistrado sostiene que Gómez pudo aprovechar su posición como esposa del presidente para influir en decisiones públicas relacionadas con una cátedra universitaria y para captar fondos privados con fines presuntamente ajenos a la actividad académica.
El Gobierno español ha reaccionado con dureza, acusando al juez de actuar con motivaciones políticas y criticando especialmente algunos pasajes del auto en los que Peinado compara determinadas conductas con prácticas propias de “regímenes absolutistas como Fernando VII”. La oposición, por su parte, considera que el caso evidencia un problema de integridad en el entorno del presidente.
La Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares (entre ellas Manos Limpias y Hazte Oír) han presionado para mantenerla viva. El resultado es un proceso judicial que ha polarizado a la sociedad española y que ahora se proyecta al exterior como un ejemplo de la tensión entre poder político y poder judicial en un país europeo.