La Fiscalía insiste: no hay delito en el máster organizado por Begoña Gómez para la Universidad Complutense de Madrid. El Ministerio Público ha reclamado el archivo definitivo de la causa contra la esposa del presidente Sánchez “tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida”, según informa hoy elDiario.es. En su escrito de calificación, el fiscal José Manuel San Baldomero expone las razones por la que considera que la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados deben ser absueltos.
“Elementos corroboradores después de dos años e innumerables diligencias, ninguno”, defiende el representante del Ministerio Público en un escrito en el que recupera los mismos argumentos que ya expuso hace unos días en el recurso contra la decisión del magistrado de sentar a Begoña Gómez ante un tribunal formado por ciudadanos, asegura el citado medio de Ignacio Escolar. El fiscal acusa al magistrado de basarse en “hipótesis meras o alambicadas teorías sobre tramas de corrupción” para proponer sentar en el banquillo a Begoña Gómez. También considera que mezcla delitos para intentar sostener la acusación, lo que a su juicio “contribuye a la irracionalidad” del auto con el que puso fin a dos años de investigación.
Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y que centra la imputación por este delito no era remunerada. “Además, descarta que la reunión en la Moncloa con el rector Joaquín Goyache fuera un acto intimidatorio. Sobre las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés, argumenta que carecen de relevancia penal porque fueron meras 'cartas de interés' idénticas a las que firmaron otras 35 entidades, entre las que se encontraban empresas como Microsoft o IBM, y administraciones como el Ayuntamiento de Madrid”, añade elDiario.es.
Según el fiscal, se trata de “una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada (...) para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente, y tratar de buscar de alguna forma un nexo con el sector privado de los negocios”. “El fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector privado”. El asunto está pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los diferentes recursos interpuestos por las partes en liza.
El caso Begoña Gómez se ha convertido así en un elemento central del debate político, no tanto por su contenido jurídico (que sigue siendo objeto de controversia) como por sus implicaciones políticas estratégicas. La derecha teme que un desenlace incierto o favorable para la esposa del presidente pueda alterar el equilibrio electoral, mientras que la izquierda podría encontrar en ese resultado un impulso inesperado para la resurrección. A medida que se acerque 2027, la evolución del procedimiento será observada con atención por todos los partidos. La combinación de incertidumbre jurídica, exposición mediática y proximidad electoral convierte este caso en uno de los factores más imprevisibles del panorama político español.