El caso Begoña Gómez ha terminado con la vida profesional de un puñado de actores secundarios que tuvieron contacto con la esposa del presidente del Gobierno y su famoso máster para la Universidad Complutense de Madrid. Gente que hasta hoy llevaba una vida anónima y tranquila con su trabajo y su familia y que, de la noche a la mañana, ha pasado a las portadas de los periódicos y a ser la comidilla en las embrutecidas y deshumanizadas redes sociales.
Es el caso de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que le llevaba la agenda pública y privada a la primera dama. Hasta el día de hoy, y durante décadas, todas las esposas de los presidentes del Gobierno, desde Suárez hasta Rajoy, pasando por Felipe González, Aznar y Zapatero, habían contado con la colaboración de una ayudante para llevar el día a día de un cargo que no es precisamente fácil de desempeñar. Esta norma no escrita se ha roto con la llegada de Pedro Sánchez al poder. O más bien la ha roto el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que ha decidido investigar hasta las últimas consecuencias, y hasta el último correo electrónico, a las personas del entorno de Begoña Gómez.
A Cristina Álvarez se la acusa de cómplice de un delito de malversación por haber ayudado a la esposa del presidente con su máster universitario, un calendario de clases sin ánimo de beneficio empresarial (más allá del salario mínimo interprofesional) autorizado por los protocolos oficiales educativos de la Complutense. Y, de buenas a primeras, ha pasado a ser tratada por la Justicia española poco menos que como una peligrosa delincuente, casi como una sanguinaria terrorista. Solo cabe esa conclusión si nos atenemos a las penas solicitadas por la acusación popular, representada por la asociación ultraderechista Hazte Oír, que solicita para ella 22 años de cárcel y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés. Nadie que haya llevado una vida recta y honrada sale indemne de un ensañamiento o linchamiento social de tal calibre. Los imputados del caso Begoña Gómez ya no serán las mismas personas con independencia de si salen condenadas por el jurado popular (ese es el procedimiento ordenado por el juez Peinado) o absueltas. Habrá un antes y un después. El calvario personal que están sufriendo estos extras o figurantes de la causa por un asunto en el que, no lo olvidemos, no han aparecido pruebas contundentes de corrupción (así al menos lo atestiguan los informes de la UCO de la Guardia Civil y de la Fiscalía), daría para el argumento de una película de terror.
No debe ser plato de buen gusto que una asociación ultraderechista le pida a uno más de veinte años de prisión. Y no solo porque el panorama de poder acabar entre rejas de por vida termina afectando física y psicológicamente (en forma de trastornos como insomnio, ansiedad y depresión), sino porque los imputados quedan marcados para siempre con una especie de lacra o estigma imposible de limpiar. Ni Cristina Álvarez ni Barrabés serán vistos de la misma manera por su comunidad, por sus compañeros o su entorno profesional. El oficio de consultor se basa en una solvente relación de confianza entre cliente y asesor. Y el de empresario vive también de una imagen, de un prestigio de marca, de una reputación labrada con el buen hacer de su corporación o compañía. Después del caso Begoña Gómez, un monumental embrollo judicial que según no pocos juristas adolece de decisiones polémicas, ambos están condenados a la muerte civil. No habrá sentencia absolutoria que puede quitarles de encima el sambenito. No habrá resolución del Constitucional que les restituya su vida anónima y tranquila de antes. Y aunque tendrán derecho a una reparación moral por daños y perjuicios en el caso de que salgan absueltos, no habrá indemnización ni dinero suficiente que pueda compensar tantos desvelos y agravios, tanta angustia y preocupación, tantas horas sin dormir por el miedo a terminar a la sombra.
Ni Álvarez ni Barrabés han matado a nadie, ni han robado, ni se han llevado dinero al extranjero. Hasta la fecha nadie puede decir que no hayan sido honrados ciudadanos. Pagan sus impuestos religiosamente, no como otros. Sin comerlo ni beberlo se vieron envueltos en un trivial episodio universitario que ha sido convertido, por efecto de los ecos de la prensa de la caverna y los bulos de las redes sociales, en una trampa mortal. La asesora hacía lo que le pedía Moncloa, cumplía con sus obligaciones asistenciales; el empresario no vio maldad alguna en colaborar con un máster cuyo objetivo era mejorar un mundo, el empresarial, donde apenas se concede importancia al impacto medioambiental y al cambio climático. Poco delito se aprecia en ambas conductas.
Los medios de comunicación reaccionarios han convertido el caso Begoña Gómez en el símbolo de la supuesta corrupción del sanchismo, pero es evidente que la causa, estirada como un chicle, no da para más. No es la Kitchen, cuyo juicio televisado escandaliza a la opinión pública. Sonroja ver cómo se pide la perpetua para un grupo de personas que no ha hecho nada malo mientras Rajoy y Cospedal se pasean por la Audiencia Nacional sin que les pidan explicaciones por la cloaquera Policía Patriótica, el peor caso de corrupción (este sí) de los últimos años.
A Begoña Gómez y sus compañeros de fatigas judiciales les persigue el bulo; a la cúpula del Gobierno popular les ampara la bula. Los primeros tienen que soportar la pena de telediario, las calumnias, las injurias y el machaque constante de los inquisidores influencers y carroñeros youtubers del fascismo posmoderno. Los segundos juegan con red. Y luego dicen que no hay caza de brujas en nuestra maltrecha democracia. Miedo.