El auto del juez Juan Carlos Peinado en el que procesa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recrudecido la guerra abierta entre el poder ejecutivo y el poder judicial. En las últimas horas, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha despacho con unas duras declaraciones hacia el instructor, a quien ha acusado de degradar la imagen de la Justicia en nuestro país por su polémica instrucción del caso Begoña Gómez.
Además, Bolaños ha ido más lejos al enviar un escrito a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, instándola a sancionar al juez Peinado. Exige una respuesta inmediata del órgano de los jueces por la actitud “impropia” del magistrado, según informa El Confidencial.
Es evidente que el caso Begoña Gómez ha reabierto una nueva crisis institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Pocas veces en democracia se ha visto a un ministro decir que la instrucción de un juez “ha avergonzado a muchos ciudadanos, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados en nuestro país” y ha causado un daño “irreparable” a la justicia. Esas palabras no han caído en saco roto y han soliviantado y mucho a los magistrados, sobre todo a los del sector más conservador.
Las críticas llegaron primero desde las asociaciones judiciales, pero este martes fue el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que ha acordado por unanimidad recordar la necesidad de respetar las decisiones judiciales. No es ni mucho menos la primera vez que el CGPJ levanta la voz para cuestionar una respuesta del Ejecutivo a decisiones judiciales, a veces por acuerdos de su Comisión Permanente y otras en palabras de la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, informa Efe. Una de las más sonadas se produjo en septiembre del año pasado, con motivo de la apertura del año judicial, con parte de la judicatura en contra de la presencia del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en puertas de ser juzgado y tras una entrevista en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de que “hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia”.
La respuesta de Perelló fue contundente. En su discurso en presencia del rey y del ministro de Justicia, rechazó las “inoportunas” e “insistentes descalificaciones” a la justicia por parte de otros poderes públicos y advirtió: “Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie”. Este martes, tras la llamada de atención del CGPJ y las críticas de las asociaciones judiciales, tres ministros se han sentado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo para insistir en el mismo mensaje. El más claro fue Óscar Puente, quien ha pedido a los ciudadanos que se pregunten si hay causas judiciales “que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente”. Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, insistió en la inocencia de Begoña Gómez y criticó el auto que contiene párrafos “que van más allá de lo jurídico”.
Bolaños, por su parte, aludió a la comparación que Peinado introdujo en su auto entre Pedro Sánchez y Fernando VII y comentó: “Afortunadamente, hoy España es un Estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”. Pero el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes fue más allá y recordó al CGPJ que lleva once meses investigando las quejas que él mismo ha presentado por las “irregularidades” del juez Juan Carlos Peinado en la instrucción del caso Begoña Gómez. Unas denuncias que él no hizo públicas, sino el propio juez, pero que siguen sin ser respondidas. “Quizá el Consejo General del Poder Judicial debiera ser consciente de que once meses después estas irregularidades que se están investigando deberían ir resolviéndose”, zanjó Bolaños.
Está claro que hay cuentas pendientes entre el ministro y el juez desde aquel día en que el magistrado (tras imputar al titular de Justicia por haber contratado a la asesora de Begoña Gómez) se desplazó a Moncloa para tomarle declaración. Bolaños se sintió humillado por el juez y este recogió el enfado del ministro afeándole su “actitud proterva” (maligna). Fue el Supremo quien finalmente libró al ministro de la imputación. Sin embargo, las rencillas y cuentas pendientes siguen ahí.