El Poder Judicial ha comenzado a mover ficha ante un hecho inevitable: la jubilación del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y responsable de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La fecha está marcada en rojo en el calendario judicial. Tal como publicó El Plural el 1 de abril de 2026, Peinado nació el 27 de septiembre de 1954 y, tras haber solicitado la prórroga en activo, deberá retirarse obligatoriamente al cumplir los 72 años, el máximo permitido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su salida está prevista, por tanto, para el 27 de septiembre de 2026, salvo un improbable cambio legal de última hora.
La jubilación del magistrado no es un trámite más dentro de la maquinaria judicial. Su nombre ha quedado ligado a uno de los procedimientos más mediáticos y políticamente sensibles de los últimos años. Desde abril de 2024, Peinado instruye la causa contra Begoña Gómez, un caso que ha ido ampliándose y que ha generado un intenso debate jurídico y político. Según recuerda El Plural, el juez ha vuelto recientemente a intentar derivar el procedimiento al tribunal del jurado, con cinco posibles delitos sobre la mesa: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, intrusismo y apropiación indebida. Sin embargo, las defensas han recurrido y será la Audiencia Provincial de Madrid la que, una vez más, tenga la última palabra.
El tiempo juega en contra del magistrado. La instrucción fue prorrogada en octubre de 2025 hasta el 16 de abril de 2026, una fecha ya inminente. La ley permite una nueva ampliación de seis meses, lo que situaría el final de la instrucción en octubre. Pero ahí aparece el cuello de botella: si Peinado decide estirar el procedimiento, parte del recorrido quedaría ya fuera de su vida profesional activa. Como sintetiza El Plural, “puede estirar el caso, pero no tiene garantizado ser quien lo remate”.
Este escenario coloca al Poder Judicial ante la necesidad de anticipar un relevo que, por la naturaleza del caso, no será un simple trámite administrativo. La investigación ha estado marcada por recursos, nulidades, correcciones de la Audiencia y un debate constante sobre la solidez de las diligencias. Cualquier cambio en la dirección del procedimiento tendrá consecuencias prácticas y simbólicas.
Si Peinado se jubila sin cerrar la instrucción, el procedimiento no se detendrá. La causa seguirá en el Juzgado nº 41, pero bajo la dirección de otro instructor. Las fuentes jurídicas consultadas por El Plural consideran que lo más probable es un relevo temporal mediante un juez sustituto voluntario, una figura habitual para cubrir vacantes, ausencias o refuerzos. El Consejo General del Poder Judicial mantiene convocatorias anuales para este tipo de sustituciones en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ese sustituto no sería, en principio, el titular definitivo de la plaza. Lo normal es que el juzgado quede cubierto de manera transitoria mientras se tramita la adjudicación ordinaria del destino. En ese proceso entran en juego los criterios clásicos de la carrera judicial: antigüedad, escalafón y méritos. No se trataría, por tanto, de un nombramiento discrecional orientado a una causa concreta, sino del mecanismo habitual con el que se cubren vacantes de este tipo. Otra cosa será el ruido político que acompañe a la transición, especialmente en un juzgado tan expuesto como el Número 41 de Madrid.
En un caso tan atravesado por controversias procesales, el relevo no será un mero cambio de firma. La continuidad y coherencia del procedimiento dependerán en buena medida de cómo llegue el expediente al momento del traspaso.
Mientras tanto, Peinado continúa intentando avanzar en la instrucción. Este mismo 1 de abril citó a Begoña Gómez y a otros investigados para comunicarles de nuevo su intención de llevar la causa al jurado popular. Un movimiento relevante, aunque insuficiente por sí solo para definir el futuro del procedimiento. Las defensas sostienen que el juez vuelve a apoyarse en conjeturas, y la Audiencia ya anuló un intento anterior por falta de motivación.