El reciente auto del juez Juan Carlos Peinado, por el que acuerda el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y otras personas, pone punto final a dos años de controvertida instrucción. Y la conclusión es que, aunque podría interpretarse la resolución como una victoria del instructor (ya que entiende que hubo corrupción en el asunto del famoso máster de la Universidad Complutense y en las relaciones de la primera dama con las empresas patrocinadoras), ha cosechado una sonora derrota en una batalla de la que había hecho su gran cruzada personal contra el sanchismo: la investigación por el rescate de Air Europa, la compañía aérea reflotada por el Gobierno de coalición, el gran meollo de la supuesta corrupción de la familia monclovita que, hoy por hoy, queda en nada porque nada había. Ahí es donde, finalmente, ha tenido que tirar la toalla. La victoria del juez ha sido pírrica.
Es evidente que el magistrado iba buscando la porción grande de la tarta, el premio gordo, la pieza mayor de caza, si se quiere (la operación estratégica de Estado con la empresa aeronáutica sobre la que grupos ultras habían arrojado sombras de sospecha) y que el máster universitario era peccata minuta. Desde el principio de la causa no pocos expertos y prestigiosos juristas hablaron de una investigación prospectiva, eso que en Derecho anglosajón se conoce como “fishing expedition” (expedición de pesca), una búsqueda inespecífica de información, a menudo con fines incriminatorios, legales o mediáticos, sin tener pruebas concretas contra el imputado. Al final de ese tortuoso camino casi laberíntico, el instructor se ha terminado encontrando con un muro infranqueable. Y no solo porque no podía seguir investigando el rescate de la aerolínea (una operación aprobada con todas las garantías legales por el Consejo de Ministros), sino porque la Audiencia Provincial de Madrid le había dicho por activa y por pasiva, y en sucesivas ocasiones y resoluciones, que no siguiera por ese camino, ya que el tema de Air Europa no debía tocarlo. Por si fuera poco, tanto la UCO de la Guardia Civil como la Fiscalía han investigado el caso del rescate (incluso con escuchas y grabaciones) y no hallaron nada irregular.
Ese muro jurídico infranqueable que Peinado no ha podido atravesar (y que ha terminado dejando el caso Begoña Gómez en un asunto menor comparado con el caso Gürtel y la Kitchen, monumentales escándalos de corrupción del PP) ha sido determinante. Según sostienen diversas fuentes, Peinado habría intentado avanzar hacia el “meollo” del asunto, pero al no poder hacerlo, la causa perdía todo su sentido. El máster, las cartas de recomendación y los contactos empresariales, sin el contexto del rescate de Air Europa, no constituían un armazón suficiente para sostener una imputación sólida. Tras dos años de instrucción, el mecano construido a partir de una querella de grupos ultras basadas en bulos y simples recortes de prensa, se le ha venido abajo, así que ha tenido que dictar un auto de procesamiento con lo que había, que no era mucho ni gran cosa.
Y aquí es donde entra en juego otro factor decisivo del proceloso procedimiento: el calendario personal del propio magistrado. Peinado se jubila en septiembre. Si no podía investigar la pieza que, según estas fuentes, consideraba central, tampoco disponía de tiempo para construir una instrucción alternativa que llegara a puerto antes de su retiro. Llegado el momento de dejar su puesto, un juez sustituto (quizá con algo menos de interés por las actividades profesionales de la primera dama) se haría cargo de las diligencias, de modo que se corría el riesgo de que el sumario al completo se cerrara en falso. El auto de procesamiento, por tanto, se convertía en la única salida natural. Se trataba de salvar algo para no perderlo todo.
El rescate de Air Europa ha sido, desde su aprobación, una de las decisiones económicas más controvertidas de los últimos años. La aerolínea, golpeada por la pandemia, fue la primera empresa en recibir ayudas oficiales del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La operación ascendió a 500 millones de euros en ayudas directas y préstamos participativos, a los que se sumaron posteriormente otras medidas complementarias. Para el Gobierno, se trataba de una intervención imprescindible para evitar la caída de una compañía estratégica para el turismo y la conectividad del país. Para sus detractores, en cambio, la operación habría beneficiado de manera desproporcionada a una empresa concreta y a un grupo empresarial con fuertes intereses en la política nacional gracias a la intermediación de Begoña Gómez, unos contactos que, de existir, no incurrían en ningún ilícito penal por mucho que fuesen estéticamente feos desde el punto de vista político. Al menos así lo ha dicho la UCO en sus sucesivos informes.
En ese contexto, la investigación sobre el máster habría sido, según estas interpretaciones, una vía para examinar si existieron influencias, recomendaciones o intermediaciones por parte de Begoña Gómez que pudieran haber tenido impacto en decisiones públicas de enorme calado económico como el rescate de una aerolínea. Pero sin acceso a esa puerta de embarque vedada por la Audiencia, valga el símil, la instrucción quedaba coja. Y sin tiempo para profundizar en otras líneas de investigación, el auto de procesamiento se antojaba el único desenlace casi inevitable.
Mientras todo esto sucedía, el Consejo General del Poder Judicial, a través de la comisión disciplinaria, ha seguido indagando en la instrucción y en los errores y decisiones polémicas de Peinado. Tal es así que, recientemente, el CGPJ ha instado al promotor a investigar el histórico interrogatorio que Peinado le hizo al ministro Félix Bolaños en Moncloa (con tarima de madera incluida, que el juez ordenó instalar para la ocasión) por si se atravesaron algunas líneas rojas poniendo en peligro los derechos del interrogado. Más presión para Peinado que le ha llevado a quitarse de encima la patata caliente.
Lo que queda es un caso menor. Y mucho más cuando se entra a analizar los cuatro delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida) imputados a Begoña Gómez, a su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. Para empezar, mal puede haber corrupción en los negocios cuando no ha habido ni lucro ni negocio. En estos años, Begoña Gómez ha obtenido la friolera de sueldo de un mileurista por sus clases en el mismo régimen administrativo y universitario que cualquier otro profesor. Además, la Guardia Civil le ha investigado hasta el carné de identidad a la primera dama y no ha encontrado nada: ni rastro de las cuentas en B o de los paraísos fiscales de los que habló la prensa de la caverna. Sobre el software para el máster, Gómez lo registró, no se apropió de él, y todo lo hizo bajo supervisión del Rectorado. En cuanto a la malversación, tiene difícil encaje, ya que todas las cónyuges de los presidentes del Gobierno han tenido asistentes personales para sus cuestiones públicas y privadas y a alguna que otra incluso le llevaban las bolsas de la compra sin que se abriera causa por malversación. Si de lo que se trata es de sentar en el banquillo a la asistente Cristina Álvarez por haber escrito un puñado de correos a la universidad, poco delito, menos aún si tenemos en cuenta que todo el dinero obtenido para financiar el famoso curso iba a la Complutense y sin ánimo de lucro de Begoña Gómez. Así las cosas, solo queda el tráfico de influencias, un delito difuso difícil de demostrar y todavía más en este caso, ya que Begoña Gómez no ostenta la condición de funcionaria pública con capacidad para contratar nada. Pese a todo, Peinado ha visto corrupción en esas cuestiones menores.
En resumen, un caso que empezó mal y ha terminado peor. Para la historia, la redacción del auto y sus excesos literarios, como cuando Peinado llega a calificar la forma de ejercer el poder de Sánchez como propia de un “régimen absolutista” y la compara con la etapa de Fernando VII. Ese estilo duro de la resolución transpira, quizá, más animadversión antisanchista que fundamentos jurídicos. Los tribunales superiores dirán y dictarán sentencia.