La trifulca entre poder ejecutivo y poder judicial a cuenta del caso Begoña Gómez está convirtiendo al juez Peinado, instructor de la causa, en una especie de héroe antisanchista para sus compañeros de los juzgados de Plaza Castilla. Ayer, los jueces de la Sección del Tribunal de Instancia de Madrid publicaban una declaración institucional en rechazo de las "descalificaciones" del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y otros cargos del Ejecutivo contra el instructor, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los delitos de malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En el escrito de un único folio, los magistrados señalan al Gobierno por “tratar de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces de manera constante”. Asimismo, lamentan los “ataques profesionales y personales que está recibiendo” Peinado “en los últimos días”. Eso sí, de la instrucción, polémica y plagada de anomalías como ninguna otra en democracia, ni una sola palabra.
“Como consecuencia de una investigación concreta”, señalan sin mencionar directamente a Begoña Gómez, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid está viendo cuestionada su “labor jurisdiccional y su independencia judicial”. “La ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos”, prometen los instructores de Plaza de Castilla.
El Gobierno ha cuestionado la investigación que dirige el juez Peinado desde su inicio, cuando lamentó que se abriera una causa contra la mujer del presidente a raíz de una querella interpuesta por el “pseudosindicato ultraderechista” Manos Limpias basada en “recortes de prensa”. Los ataques se han intensificado en los últimos días después de que el instructor Peinado acordara el lunes procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos. En aquel auto, el juez acordó poner fin a su investigación a la par que aceptaba llevar a cabo nuevas diligencias.
El titular de Justicia, Félix Bolaños, fue el primero en encender la mecha al apuntar que la decisión del instructor ha “avergonzado” a parte de la ciudadanía y a “muchos jueces y magistrados”. En aquellas declaraciones, el ministro apeló también a que un “tribunal superior, imparcial e independiente” terminaría revocando las actuaciones de Juan Carlos Peinado. En una dinámica que ya se ha convertido en habitual, varias asociaciones judiciales salieron en tromba a censurar las declaraciones del ministro.
Después se sumó el propio presidente del Gobierno, que desde China solicitó que “la justicia haga justicia” y mostró sus esperanzas de que el tiempo pondrá “a todo y a todos en su sitio”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se pronunció también, en la misma línea que su compañero Bolaños: “La propia carrera judicial, más allá de las asociaciones, debería estar preocupada por la imagen de la justicia que provoca este tipo de causas”.
Ese clima ha provocado que los jueces de Plaza de Castilla hayan cerrado filas en torno a Peinado, generando una imagen poco habitual de unidad corporativa. En los juzgados madrileños, donde conviven decenas de jueces de distintas promociones, el apoyo se ha interpretado como una defensa del principio de independencia judicial. Según han señalado asociaciones y fuentes del ámbito jurídico citadas por la prensa, la preocupación no se centra únicamente en el caso concreto, sino en el precedente que podría sentar que un juez sea cuestionado públicamente por el Ejecutivo mientras instruye una causa sensible. Ese respaldo ha reforzado la percepción de que, en España, los Peinado no solo abundan en los juzgados, sino que además se han convertido en protagonistas involuntarios de un debate institucional.
El concepto de corporativismo judicial aparece con frecuencia en el debate público español, especialmente cuando un juez o una jueza recibe un apoyo explícito de sus compañeros ante críticas externas. Diversos analistas señalan que este fenómeno se produce cuando la carrera judicial reacciona de manera conjunta para defender a uno de sus miembros, interpretando que está en juego la independencia del poder judicial. Desde esta perspectiva, el corporativismo no se presenta como una defensa personal, sino como una protección del propio funcionamiento institucional.
En los últimos años, varios episodios han reavivado esta discusión. Según recogen distintos medios, asociaciones de jueces y magistrados suelen emitir comunicados cuando consideran que un miembro de la judicatura ha sido objeto de presiones, descalificaciones o cuestionamientos por parte de actores políticos. Para algunos observadores, estas reacciones reflejan un sentido de cuerpo muy arraigado en la profesión, que se explica por la naturaleza de su trabajo: decisiones solitarias, alta exposición pública y la necesidad de preservar la apariencia de imparcialidad. Esa sería la interpretación positiva del corporativismo judicial, pero hay otra más negativa que reflejaría la endogamia de un sector profesional entregado al conservadurismo y la inmovilismo. Según esa visión, ese tipo de respuestas son un reflejo de una cultura interna que tiende a cerrar filas incluso cuando existe controversia sobre la actuación de un juez. El corporativismo puede dificultar la autocrítica y generar la percepción de que la judicatura se protege a sí misma frente a cualquier cuestionamiento externo, sea o no fundado. El colectivo se bunkeriza y busca enemigos externos. El resultado es el deterioro de la imagen de la Justicia y la sospecha del ciudadano de que está ante un poder nada imparcial, gremial, potente, incluso más que la propia democracia, un lobby que no cede en la defensa de sus privilegios tradicionales.
El debate, en cualquier caso, sigue abierto. Para algunos sectores jurídicos, la defensa corporativa es una reacción legítima ante lo que consideran injerencias políticas. Para otros, es un síntoma de falta de transparencia y de resistencia al escrutinio público. Lo cierto es que el corporativismo judicial continúa siendo un elemento central en la conversación sobre la independencia, la responsabilidad y la percepción social de la justicia en España.
La reacción de Plaza de Castilla refleja un malestar más profundo por lo que consideran un clima de presión hacia la labor de los jueces. Mientras tanto, la opinión pública asiste al espectáculo con una mezcla de sorpresa y estupefacción.