El sindicato ultraderechista Manos Limpias vuelve a llevar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante el Tribunal Supremo, según informa ABC. Esta vez los abogados neofranquistas tratan de abrir causa por las críticas del titular del departamento ministerial contra el auto del juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez. Manos Limpias considera que las palabras del ministro no son “una mera opinión”, sino que son “una intolerable injerencia en las resoluciones del poder judicial”.
El escrito pide a la Sala de lo Penal del alto tribunal que abra diligencias contra Bolaños, al que acusan de utilizar su “condición de superioridad” para tratar de apartar al magistrado Juan Carlos Peinado de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno. Apunta además a la presunta comisión de delitos de calumnias, acusación falsa y coacciones.
Manos Limpias también hace alusión a los “distintos mensajes y cartas” de Bolaños a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, “exigiéndole respuesta inmediata del órgano de los jueces 'por la actitud impropia del juez'”. “Según el denunciado es una clara coacción al compeler al Consejo General del Poder Judicial para que sancione al juez Peinado y debería haberle parado los pies hace tiempo”, concluye la denuncia.
No es la primera vez que el mundo ultra intenta sentar a la mano derecha de Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados. De hecho, el juez Peinado ya pidió su imputación por la contratación de una asesora de Moncloa para llevarle la agenda de actividades públicas y privadas a Begoña Gómez. Peinado siempre ha creído que la contratación de la ayudante de palacio, Cristina Álvarez, supuso un delito de malversación, ya que tomó parte en la organización del máster de la mujer del presidente del Gobierno, lo que a juicio del instructor supone un desvío de fondos públicos para actividades privadas de la primera dama.
La denuncia de Manos Limpias se produce en medio de la guerra abierta entre el Gobierno de Sánchez y el sector conservador de la judicatura tras el polémico auto de Peinado que procesa a Begoña Gómez y la sienta ante un jurado popular. En junio del pasado año, el instructor pidió al Supremo que investigara al ministro de Justicia y Presidencia. El magistrado consideró que existen “indicios razonables, sólidos y cualificados” de que Bolaños, cuando era secretario general de Presidencia, pudo incurrir en delitos (entre ellos el de malversación en calidad de coautor) y por ello elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que decidiera si lo investigaba, ya que el ministro es aforado.
Peinado aseguró que Bolaños cometió un presunto falso testimonio en su declaración como testigo donde según el juez omitió “con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones como testigo, y bajo juramento”. Finalmente, el Supremo descartó imputar al ministro de Justicia.
La nueva ofensiva judicial de Manos Limpias no pretende ser una defensa de la independencia judicial, sino un intento más de convertir los tribunales en un campo de batalla política para degradar la democracia. Esta enésima acción judicial de la extrema derecha no es más que trumpismo en estado puro. Es decir, trasladar el debate político a los juzgados y tribunales, judicializar y criminalizar la política, en definitiva, represión y acabar con un Gobierno de izquierdas con ayuda de las togas en lugar de con las urnas, que los ultras aún no controlan porque siguen siendo un movimiento minoritario en España. La querella no es más que un movimiento calculado dentro de una estrategia más amplia: utilizar al Supremo como una especie de “Inquisición contemporánea” donde la extrema derecha intenta sentar en el banquillo a miembros del Gobierno cada vez que expresan críticas o cuestionan actuaciones judiciales polémicas. Esta dinámica no es nueva y responde a un patrón de judicialización que busca erosionar políticamente al Ejecutivo.
El Tribunal Supremo, por su parte, vuelve a situarse en el centro del huracán. La institución corre el riesgo de ser percibida como un actor político más, especialmente cuando admite a trámite querellas impulsadas por organizaciones con un historial de litigios ideológicamente orientados. Aunque muchas de estas acciones terminan archivadas, el impacto mediático y político ya está conseguido. La degradación del Supremo ya fue más que evidente durante el juicio al procés. Primero cayeron los líderes soberanistas, la disidencia independentista; ahora le toca el turno a los socialistas españoles. Ya lo advirtió Gabriel Rufián: “Les advertimos que irían también a por ustedes”.
La querella contra Bolaños se interpreta como un intento de blindar al juez Peinado frente a cualquier crítica, incluso cuando proviene de un miembro del Gobierno y se formula en términos políticos. Se está construyendo un clima en el que cuestionar a un magistrado se convierte en un acto punible si quien lo hace pertenece al Ejecutivo. Sin embargo, la extrema derecha es impune en su lenguaje violento y guerracivilista, tal como se está viendo en las últimas horas con el altercado protagonizado por el diputado de Vox en el Congreso José María Sánchez, que se permite coaccionar públicamente y durante una sesión a un miembro de la Mesa. El derecho a la libertad de expresión se coarta y persigue; el matonismo de los ultras queda impune. A eso hemos llegado.
Mientras tanto, la tensión entre poderes del Estado sigue creciendo, y cada nuevo episodio profundiza la sensación de que la justicia se ha convertido en un terreno minado donde cada palabra puede desencadenar una batalla institucional.