La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, convocada por el Partido Popular, ha terminado por confirmar una deriva que muchos observadores venían advirtiendo desde hace meses: la Cámara Alta se ha transformado, por impulso del PP, en un escenario de ajuste de cuentas político, más cercano a un tribunal inquisitorial que a una institución de control democrático. Lo que debería ser un espacio de deliberación serena y de fiscalización institucional se ha convertido en un estrado donde se señala, se acusa y se caricaturiza al adversario con una intensidad que desborda cualquier lógica parlamentaria. Zapatero se ha defendido con gallardía y dignidad, pero el PP de Feijóo ya tiene lo que quería: dañar la imagen personal y política del expresidente del Gobierno. Presentarlo como un corrupto cuando no hay ni un solo proceso judicial abierto contra él.
En su comparecencia en la comisión Koldo del Senado, ZP aseguró que no conoce al asesor de Ábalos, y sobre si tomó parte en el rescate de la aerolínea Plus Ultra sentenció con rotundidad: “No, en absoluto”. También rechazó que se haya lucrado con trabajos de asesoramientos, consultoría e intermediación para la dictadura de Venezuela.
La presencia de Zapatero, figura clave en la historia reciente del PSOE y uno de los principales defensores de la amnistía como herramienta para encauzar el conflicto catalán, era, para el PP, una oportunidad de oro para alimentar su relato de que España vive una supuesta “deriva autoritaria” impulsada por Pedro Sánchez. Sin embargo, la sesión terminó revelando más sobre la estrategia del propio PP que sobre la vida profesional y personal del expresidente.
Desde el primer minuto, la comparecencia adoptó un tono que recordaba más a un interrogatorio que a un debate parlamentario. Los portavoces populares no buscaban aclaraciones, ni matices, ni explicaciones jurídicas o políticas. Buscaban, ante todo, construir un relato de culpabilidad. Zapatero fue interpelado como si tuviera que rendir cuentas por un crimen político, no por una decisión ideológica legítima dentro del marco constitucional. Y en ese momento, el expresidente fue tajante: “No soy yo quien tiene que probar su inocencia, son ustedes quienes tienen que probar mi culpabilidad”.
El PP ha convertido el Senado en un espacio donde se juzga la intención, donde se cuestiona la legitimidad del adversario y donde se pretende dictar sentencia moral. La insistencia en presentar la amnistía como una “traición”, un “pacto oscuro” o un “intercambio indigno” no responde a un análisis jurídico, sino a una estrategia de polarización que necesita enemigos antes que argumentos.
Frente a ese clima, Zapatero optó por una combinación de serenidad y firmeza. Defendió la amnistía como una herramienta política para cerrar heridas y avanzar hacia la convivencia, recordando que la Constitución no solo permite, sino que invita a buscar soluciones dialogadas a los conflictos territoriales. Subrayó que la política no puede limitarse a gestionar el presente, sino que debe atreverse a imaginar un futuro más estable y menos crispado.
El expresidente, lejos de esquivar las preguntas, las utilizó para desmontar la narrativa catastrofista del PP. Recordó que España ha vivido momentos de tensión institucional mucho más graves y que la democracia ha demostrado siempre una capacidad notable para absorber y reconducir los conflictos. Su intervención, más pedagógica que defensiva, contrastó con el tono acusatorio de los senadores populares.
La estrategia del PP no es nueva. Desde que recuperó la mayoría absoluta en el Senado, ha utilizado la Cámara Alta como un instrumento de presión política contra el Gobierno. La creación de comisiones ad hoc, la convocatoria de comparecencias con evidente intencionalidad partidista y el uso del reglamento para amplificar su discurso forman parte de una táctica que busca trasladar la idea de que el Ejecutivo está permanentemente bajo sospecha.
El problema no es que el PP ejerza su labor de oposición (algo no solo legítimo, sino necesario), sino que lo haga desnaturalizando el papel institucional del Senado. Convertirlo en un tribunal político erosiona su credibilidad y lo aleja de su función constitucional. La Cámara Alta no está diseñada para ser un escenario de linchamiento parlamentario, sino un espacio de reflexión territorial y de revisión legislativa.
El comportamiento del PP responde a una lógica política clara: necesita mantener un clima de excepcionalidad para cohesionar a su electorado y para justificar su estrategia de bloqueo. Presentar al Gobierno como una amenaza para la unidad de España y para el Estado de derecho permite al PP evitar debates incómodos sobre su propio proyecto político, sobre su relación con la extrema derecha o sobre su incapacidad para ofrecer alternativas constructivas.
La comparecencia de Zapatero era, en ese sentido, un capítulo más de una narrativa que el PP alimenta desde hace meses: la idea de que España vive un momento crítico que exige una oposición “sin matices”. Pero esa estrategia tiene un coste institucional evidente. Cuando la oposición convierte el Parlamento en un escenario de acusación permanente, la calidad democrática se resiente.
Mientras el PP eleva el tono y dramatiza cada movimiento del Gobierno, la ciudadanía muestra señales claras de cansancio ante la crispación. Las encuestas reflejan que la mayoría de los españoles desea acuerdos, diálogo y estabilidad. La política del grito permanente, del señalamiento y del enfrentamiento constante no conecta con las preocupaciones reales de la gente: la economía, la vivienda, la sanidad, la educación. La sesión del Senado, lejos de acercar la política a la ciudadanía, la aleja aún más. Convertir un debate institucional en un espectáculo circense de acusaciones cruzadas no contribuye a fortalecer la democracia, sino a debilitarla.