La apertura de diligencias por parte de la Audiencia Nacional tras la querella presentada contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha supuesto un terremoto político. La denuncia, impulsada por la asociación ultraderechista Hazte Oír, acusa al exmandatario socialista de delitos extremadamente graves: narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, supuestamente vinculados a su relación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Es todo tan delirante y descabellado, que ya se puede decir que nos encontramos ante la enésima querella fake de la extrema derecha. Y mayormente porque, una vez más, se comprueba cómo los abogados ultras confeccionan sus acciones judiciales: a base de recortes de prensa y noticias falsas que circulan por las redes sociales. Es decir, el modelo del caso Begoña Gómez instruido por el juez Peinado.
Aunque la causa se encuentra en una fase inicial y no implica imputación ni señalamiento formal, su mera admisión a trámite ha abierto un debate sobre el uso político de la justicia, la naturaleza de las acusaciones y el papel de España en la crisis venezolana. ¿Cómo es posible que la Administración de Justicia de un país democrático cimentado en el Estado de derecho tenga en cuenta una denuncia tan delirante? La querella fue presentada el pasado 5 de enero de 2026 por Hazte Oír ante la Audiencia Nacional. La organización sostiene que Zapatero habría movido grandes cantidades de cocaína hacia Europa y Norteamérica. Guiones de Netflix tienen más veracidad que esa acusación disparatada.
Hazte Oír argumenta que la supuesta cercanía política y diplomática de Zapatero con Nicolás Maduro (a quien el expresidente español ha acompañado en diversas negociaciones y procesos de mediación desde 2015) constituiría una forma de colaboración con una estructura criminal. La querella solicita medidas cautelarísimas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.
El juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, decidió incoar diligencias previas para determinar si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos. Esta decisión no implica que el juez considere probadas las acusaciones, sino que aprecia “características que hacen presumir la existencia de una infracción penal”, lo que obliga a solicitar un informe a la Fiscalía antes de decidir si se abre una investigación formal.
Delitos transnacionales
En su auto, el magistrado pide al Ministerio Público que evalúe si los hechos descritos en la querella encajan en los delitos mencionados y si, en caso de ser así, correspondería a la Audiencia Nacional instruir la causa. Este paso es habitual en querellas que alegan delitos de carácter transnacional, como el narcotráfico o el blanqueo de capitales.
La querella se presenta en un momento de especial tensión internacional. Nicolás Maduro ha sido capturado por autoridades estadounidenses y extraditado para responder ante la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico. Sin embargo, no es un procedimiento normal ni suficiente que una querella penal se base únicamente en recortes de prensa y publicaciones de redes sociales. De hecho, la Audiencia Nacional ha rechazado querellas por ese motivo exacto, afirmando que no constituyen prueba ni indicio delictivo. El Tribunal Supremo también ha sentado jurisprudencia al respecto.
Ismael Moreno
Cabe recordar que el 18 de octubre de 2024 la Audiencia Nacional inadmitió la querella contra Rodríguez Zapatero por delitos de lesa humanidad y torturas en Venezuela. El instructor sostuvo, en línea con el informe de la Fiscalía, que los hechos delictivos por los que se interpuso la querella se basaban única y exclusivamente en informaciones periodísticas, recortes de prensa y redes sociales. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno inadmitió a trámite la querella interpuesta por un grupo de particulares.
En un auto, el instructor sostuvo, que no existe “dato objetivo alguno que vincule al querellado con los hechos denunciados por los querellantes ni atisbo alguno de su conocimiento de los mismos, echándose de menos que entre las afirmaciones que realizan los querellantes no se ofrezca ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su verosimilitud, limitándose los querellantes a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo”. Hoy, la Audiencia cambia de criterio de forma sorprendente.
Las noticias en redes sociales no son indicios de delito; una querella necesita hechos verificables, no recortes. Los recortes de prensa no están verificados judicialmente; pueden contener errores, interpretaciones o incluso desinformación; no acreditan hechos concretos ni conductas delictivas; no cumplen el estándar mínimo de “indicio racional de criminalidad”. En derecho penal, solo valen los hechos, no las narrativas mediáticas. Sin embargo, una querella, aunque sea débil, genera titulares. Y a veces ese es el objetivo. Aunque la querella sea pobre, si un juez abre diligencias previas para evaluar competencia, ya se crea ruido político. Algunas organizaciones de extrema derecha utilizan la vía penal como herramienta de confrontación pública. Esto no significa que la querella tenga recorrido jurídico.
La querella de Hazte Oír contra Zapatero por narcotráfico no aporta pruebas directas. El Gobierno la ha calificado de “disparatada” y parte del “ciclo del bulo”. Además, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias solo para determinar si es competente, no porque vea indicios de delito. Esto es un trámite habitual, no un aval.
Presión política y mediática
De confirmarse judicialmente, la querella añade un elemento de presión política y mediática sobre cualquier figura asociada al régimen venezolano. Hazte Oír sostiene que la supuesta colaboración de Zapatero con Maduro (en su papel de mediador en procesos de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición) habría contribuido a “blanquear” internacionalmente al régimen. Sin embargo, otras voces señalan que la labor de Zapatero ha sido reconocida incluso por actores institucionales venezolanos, como el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien destacó su papel en la liberación de presos políticos.
La querella ha sido recibida de manera muy distinta por los partidos políticos españoles. Desde el Partido Popular, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz celebró la apertura de diligencias, interpretándola como un paso necesario para esclarecer la relación entre Zapatero y el régimen venezolano.