En su segundo mandato, Donald Trump ha dejado de fingir que la política exterior estadounidense es un ejercicio de gestión del orden internacional. Ahora es, abiertamente, un instrumento de disrupción. La diplomacia ha sido sustituida por tarifas punitivas, ultimátums económicos y despliegues militares cuidadosamente calibrados; el multilateralismo, por una lógica transaccional que mide el valor de los aliados en función de su utilidad económica inmediata. El objetivo global es inequívoco: erosionar el orden internacional liberal y reconfigurar el sistema económico mundial alrededor de los intereses de Estados Unidos. Pero es en el hemisferio occidental donde esta doctrina alcanza su forma más cruda y más experimental.
Trump ya no habla del “patio trasero”. Lo administra como un tablero. El Caribe y Sudamérica se han convertido en el espacio donde Washington ensaya su tesis central: que la hegemonía estadounidense puede restaurarse si se eliminan las restricciones multilaterales, se impone disciplina económica a los vecinos y se expulsa a China del vecindario inmediato en nombre de la seguridad nacional. En ese esquema, Venezuela ocupa un lugar singular. No es solo un problema a resolver, sino un caso de prueba geopolítico.
La ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro y su detención rompe incluso con los patrones erráticos que caracterizaron la primera presidencia de Trump. No hay cumbres teatrales como con Corea del Norte, ni escaladas graduales de sanciones económicas como frente a China o Rusia. Hay, en cambio, una aplicación directa de fuerza. En los últimos meses, casi dos docenas de embarcaciones han sido destruidas en operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de 80 muertos en acciones que Estados Unidos vincula al Estado venezolano.
El despliegue militar estadounidense acompaña el mensaje. Portaaviones, buques de guerra, cazas F-35, un submarino nuclear y cerca de 16.000 efectivos configuran una concentración de poder inusual para el hemisferio. La Casa Blanca no dudó en reconocer una misión activa de la CIA en Venezuela que ha terminado con la detención de Nicolás Maduro. Es una fuerza insuficiente para una invasión terrestre, una opción que ni siquiera Trump parece contemplar.
El objetivo no era ocupar, comor reclamaban los sectores más radicales de la oposición, sino intimidar estratégicamente. Forzar una renuncia, facilitar un golpe palaciego o inducir una fractura interna que evite a Washington el costo político y humano de una guerra abierta. Es coerción militar envuelta en guerra psicológica. Y ha encontrado sorprendentemente poca resistencia interna: el intento del Congreso de Estados Unidos de invocar la Ley de Poderes de Guerra fracasó con apenas dos deserciones republicanas.
Entender por qué Venezuela y no Cuba, más débil y más aislada, concentra esta presión es clave para descifrar la geopolítica trumpista. Una lectura superficial apunta al oportunismo: el país atraviesa el peor colapso económico del hemisferio, su régimen es impopular y su capacidad militar limitada. Un blanco fácil. Pero esa explicación es incompleta.
Maduro activaba demasiadas obsesiones presidenciales como para ser solo un objetivo conveniente. Venezuela condensa cuatro ejes centrales de la agenda de Trump: inmigración, drogas, petróleo y China.
El presidente ha convertido al Tren de Aragua en un símbolo político: la prueba, según su narrativa plagada de bulos e hipérboles, de que Venezuela exporta crimen organizado a Estados Unidos. La prueba empírica es más cuestionable, pero la utilidad política es evidente. La banda ha sido vinculada retóricamente a muertes por tráfico de drogas y utilizada para justificar deportaciones masivas y la eliminación del TPS para venezolanos, que afecta a unos 300.000 migrantes.
El petróleo venezolano es un factor más tangible. Con las mayores reservas probadas del mundo, Venezuela representa una oportunidad energética estratégica. Trump suspendió inicialmente las operaciones de Chevron con PDVSA, pero las reactivó discretamente mientras amenazaba con sanciones secundarias a quienes compraran crudo venezolano. Estados Unidos no quiere aislar el petróleo venezolano, sino controlar su acceso futuro. Que fluya hacia Texas, no hacia China.
La declarada “guerra contra los narcoterroristas” devuelve a Washington a un terreno conocido: conflictos sin horizonte definido, criterios elásticos para el uso de la fuerza y escasa supervisión política. Trump criticó las guerras interminables, pero ahora dirige una versión hemisférica de ellas sin pagar el precio político que hundió a otros presidentes.
En el fondo, sin embargo, el factor decisivo es China en América Latina. La región es hoy proveedora de materias primas para Pekín y mercado de manufacturas chinas. Venezuela, además, mantiene una deuda de 60.000 millones de dólares con China, la mayor de la región. Para Trump, desplazar a China del hemisferio es más urgente que restaurar la democracia venezolana o resolver la crisis humanitaria.
La presión sobre Caracas encaja así en una estrategia más amplia: desvincular a Norteamérica del comercio chino y obligar a los países latinoamericanos a reducir sus vínculos con Pekín. La renegociación del T-MEC con México y Canadá ha incluido precisamente ese objetivo: cerrar las “puertas traseras” por las que China podría acceder al mercado estadounidense.
El mensaje regional es inequívoco. Panamá ha sido presionada para abandonar la Franja y la Ruta; Argentina ha sido tentada con un rescate financiero de 20.000 millones de dólares a cambio de enfriar su relación con China. Ecuador y Brasil, sin embargo, han advertido que sus intereses económicos estratégicos no se subordinarán fácilmente.
Venezuela, el eslabón más débil, sirve para demostrar voluntad. “Matar al pollo para asustar a los monos”, reza un proverbio chino. No es casual que el país elegido sea el mayor deudor de Pekín en la región.
La administración Trump no es monolítica. Un ala neoaislacionista, liderada hasta hace poco por el enviado Richard Grinnell, defendía un acuerdo transaccional con Maduro. El propio presidente venezolano ofreció concesiones notables: acceso preferencial a petróleo, oro y minerales, reducción de la presencia económica china, rusa e iraní, y una reorientación de las exportaciones energéticas hacia Estados Unidos.
Trump rechazó la oferta. Porque el problema no era Maduro, sino el modelo venezolano de inserción internacional: demasiado petróleo para ignorarlo, demasiada deuda con China para tolerarlo.
Si Trump creyera realmente en un mundo de esferas de influencia, podría desentenderse de Eurasia y concentrarse en América Latina. Pero no lo hace. Mantiene presencia militar en el Pacífico, impulsa acuerdos mineros desde Australia hasta Camboya y busca derechos de explotación en Ucrania y el Cáucaso. Su ambición es más amplia: reescribir el orden económico mundial, no solo el hemisférico.
El problema es que Estados Unidos ya no opera en un vecindario dócil. México se niega a colaborar en operaciones militares antidrogas. Brasil resiste la presión arancelaria. Incluso Ecuador, ideológicamente cercano a Washington, no puede sacrificar su relación estratégica con China.
Lo que Trump intenta en América Latina no es un retorno al viejo monroísmo, sino algo más exigente y quizá inalcanzable: un hemisferio organizado de forma radial, con Estados Unidos como único nodo de decisión económica.
La campaña contra Venezuela no es solo un gesto político ni una respuesta al crimen organizado transnacional. Es un experimento geopolítico: el primer ensayo de un proyecto de reordenamiento hemisférico que combina coerción económica, presión militar localizada y una visión empresarial de la geopolítica.
En la visión de Trump, la detención hará que otros gobiernos tomen nota. Si fracasa, quedará la impresión de que el poder estadounidense en América Latina ya no es lo que era. Y en una región donde los ciclos hegemónicos rara vez se resuelven sin colapsos económicos o violencia, esa impresión puede ser decisiva.