El empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados por el juez Peinado en el marco del caso Begoña Gómez, no tuvo nada que ver con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la esposa de Pedro Sánchez acabó codirigiendo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Así al menos se deduce de los últimos escritos que el industrial ha remitido a Peinado para explicar su relación con la primera dama y el famoso curso universitario, según informan a Diario Sabemos fuentes judiciales.
El investigado asegura que el relato mantenido por el instructor en nada se “compadece” con la realidad de lo acontecido. Cabe recordar que Peinado está a un paso de abrir juicio con jurado por los cinco delitos que el instructor atribuye a la mujer de Sánchez (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, apropiación indebida e intrusismo profesional).
“No se trata de una deducción lógica del resultado de las diligencias practicadas”, asegura la defensa de Barrabés en su recurso de reforma contra la decisión del instructor de proponerle para ser juzgado por un tribunal de jurado popular. El empresario mantiene que ni él ni su grupo empresarial han tenido “relación con la cátedra” extraordinaria, según informa La Razón.
El relato del investigado es claro y rotundo: conoció a Begoña Gómez en junio de 2019 en un evento sobre sostenibilidad y fue ella quien le propuso “colaborar en el módulo sobre estrategia del máster”. Esta labor de docente no supondría en principio ninguna irregularidad, ya que “otros cien profesores” la desempeñan en las mismas condiciones laborales. Barrabés se limitó a dar dos clases en dos cursos y por cada una de ellas cobró una tarifa de “150 euros la hora”, añade el citado periódico madrileño. Barrabés niega que hubiese “montado” el máster de Gómez de Transformación Social Competitiva y se apoya en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en un informe que no existían indicios de su papel en la puesta en marcha de estos estudios.
El empresario tecnológico Barrabés se ha convertido en una de las figuras clave dentro del caso Begoña Gómez. Su papel ha sido objeto de especial escrutinio debido a que Peinado cree que varias de sus empresas resultaron adjudicatarias de contratos públicos mientras mantenía relación profesional con Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Desde el punto de vista jurídico, Barrabés mantiene una postura firme: niega cualquier implicación delictiva y sostiene que no existe “ni una sola evidencia” que lo vincule a irregularidades. En un recurso presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, su defensa acusa al juez Juan Carlos Peinado de realizar una forzada interpretación de algo inexistente para justificar la continuidad del procedimiento y su eventual enjuiciamiento por un jurado popular.
El empresario argumenta que su relación con Gómez se limitó al ámbito académico y profesional. Su defensa subraya que no existe prueba alguna de que impulsara la cátedra a cambio de beneficios empresariales ni de que recibiera trato de favor en adjudicaciones públicas. A pesar de ello, el juez Peinado sostiene que existen indicios suficientes para investigar si Gómez pudo influir en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a Barrabés, apoyándose en cartas de recomendación y reuniones celebradas en Moncloa. Tanto el empresario como las otras investigadas (Gómez y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez) han solicitado el archivo de la causa, mientras la Fiscalía coincide en la falta de base indiciaria y las acusaciones populares reclaman nuevas diligencias. La situación jurídica de Barrabés, por tanto, se mueve entre la insistencia del juez en mantener viva la investigación y la defensa del empresario, que denuncia un procedimiento construido sobre conjeturas.