La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Sánchez ha reactivado uno de los debates más polarizados de la política española. En redes sociales, el ruido ha sido inmediato: acusaciones de “efecto llamada” (lanzadas por el PP de Feijóo y la extrema derecha de Vox), advertencias de “colapso de servicios públicos” y mensajes que hablan de “medio millón de nuevos beneficiarios de ayudas”. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué dicen realmente los datos? ¿Y qué parte pertenece al terreno del miedo y la desinformación?
En un país donde la inmigración se ha convertido en un arma arrojadiza, separar hechos de bulos es más necesario que nunca. Para empezar, ¿a quién afecta realmente la regularización? La medida está dirigida a personas que ya viven en España, no a quienes lleguen en el futuro. Según las estimaciones oficiales, más de 500.000 personas podrían beneficiarse, siempre que cumplan requisitos como: estar en España antes del 31 de diciembre de 2025; llevar al menos cinco meses en el país; y no tener antecedentes penales. Es decir, no se trata de “abrir fronteras”, sino de dar estatus legal a quienes ya forman parte de la sociedad española, trabajan, consumen y pagan impuestos indirectos.
Uno de los bulos más repetidos es que esta medida “atraerá a millones de personas”. Sin embargo, las regularizaciones extraordinarias no generan aumentos significativos de llegadas, según estudios de la Comisión Europea y de organismos independientes. La razón es simple: los requisitos se aplican a quienes ya están dentro del país, no a quienes lleguen después. No hay, por tanto, “efecto llamada”. El miedo a la “invasión” y al “reemplazo de razas” que propala Santiago Abascal no es más que xenofobia.
Uno de los argumentos más sólidos a favor de las regularizaciones es su impacto económico. España tiene un problema estructural: un mercado laboral envejecido, una natalidad en mínimos históricos y una Seguridad Social que necesita más cotizantes. Regularizar a personas que ya trabajan (muchas veces en negro) tiene efectos directos: aumenta la recaudación en cotizaciones y en IRPF; reduce la economía sumergida; y mejora las condiciones laborales de sectores como cuidados, agricultura, hostelería o construcción. Además, permite que miles de personas accedan a contratos formales y derechos básicos. Se cohesiona la sociedad, se evitan guetos y se mejora la convivencia social. Todo son ventajas.
En la regularización de 2005, por ejemplo, los ingresos por cotizaciones crecieron de forma notable en los años siguientes. No porque llegara más gente, sino porque quienes ya estaban aquí pasaron a cotizar. La evidencia internacional apunta en la misma dirección: regularizar no empobrece al país; lo hace más transparente y productivo.
Otro de los mensajes más difundidos por la extrema derecha en redes es que la regularización “saturará” sanidad, educación o servicios sociales. No es cierto. Los estudios demográficos muestran que la población inmigrante es, de media, más joven que la española, usa menos servicios sanitarios que la población nacional y contribuye más en impuestos de lo que recibe en prestaciones. Además, la mayoría de las personas que se regularizan ya utilizan los servicios públicos, porque viven en España desde hace años. La regularización no multiplica su presencia: simplemente les da un estatus legal.
En educación, por ejemplo, la llegada de alumnado extranjero ha permitido mantener abiertas escuelas en zonas rurales que estaban al borde del cierre. En sanidad, la población inmigrante suele acudir menos al médico porque es más joven y tiene menos enfermedades crónicas.
Las redes sociales amplifican los mensajes más emocionales, no los más precisos. Y el miedo es una emoción poderosa. La idea de “medio millón de personas nuevas” genera alarma, aunque no sea cierta. La realidad es que no son nuevas: ya viven aquí, trabajan aquí y forman parte del tejido social. El discurso del miedo funciona porque simplifica un fenómeno complejo. Pero la evidencia no respalda la idea de que regularizar aumente la delincuencia, colapse servicios o genere caos. De hecho, la regularización suele reducir la vulnerabilidad y mejorar la convivencia, porque las personas dejan de vivir en la sombra.
Para quienes se beneficien, cambia casi todo: acceso a contratos formales, posibilidad de cotizar y tener derechos laborales, acceso a formación reglada, mayor estabilidad familiar, protección frente a abusos y explotación. Para el país, los cambios son más estructurales: más cotizantes, menos economía sumergida, mayor control administrativo, mejor integración social, y reducción de la irregularidad, que es siempre un factor de riesgo.
La regularización no es una medida improvisada ni inédita. España ha realizado varias en las últimas décadas, y países como Italia, Portugal, Francia o Alemania han hecho lo mismo en distintos momentos.