La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), se ha mostrado dispuesta a pelear “hasta el último día, hasta el último minuto”, para lograr un acuerdo y poder sacar adelante la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que debe estar aprobada antes del 1 de enero y que no prosperó en el pasado pleno municipal al romperse la unidad de voto del ejecutivo local que forman PP y Vox, informa la cadena Ser. Si no hay acuerdo, València podría perder 115 millones de Bruselas, un agujero que causará un roto a las arcas municipales. La extrema derecha es así: su fanatismo y sus prejuicios, su negacionismo anticientífico contra el cambio climático, es fuente de miseria para los valencianos, hasta el punto de que sus líderes son capaces de tirar por la borda cientos de millones de euros vitales para la sociedad.
No obstante, la primera edil ha descartado aceptar “chantajes” y “mezclar” cuestiones diferentes. Catalá se ha pronunciado así preguntada por la situación de esa ordenanza tras negarse Vox a apoyarla y por las negociaciones iniciadas con el PSPV-PSOE (en la oposición municipal junto a Compromís) para cerrar un acuerdo sobre la ZBE.
Vox, que ya había apoyado esa normativa anteriormente, se desmarcó de ella en la sesión plenaria por considerar que responde a “directrices abusivas de Bruselas” y que limitan “libertades” de los ciudadanos, atendiendo a una orden de su dirección nacional.
La responsable municipal ha remarcado que su socio de gobierno votó a favor de la ordenanza en la comisión previa al pleno y que esa “era la quinta vez” que la respaldaba junto al PP. Asimismo, ha comentado que “unos días antes del pleno” Vox le dijo que a pesar de ello no iban a votar en el pleno con un sí.
“Creo que fue una decisión de la dirección nacional de Vox”, ha agregado Catalá, que ha asegurado que estuvo “interlocutando” con los ediles de esa formación “hasta el último día” para sacar adelante la ZBE. Ha aseverado que finalmente le “quedó muy claro que no había posibilidad de acuerdo con Vox” y ha aludido a las negociaciones iniciadas con los socialistas.
“Durante estos últimos días mi concejal (de Movilidad, Jesús Carbonell (PP)) ha estado manteniendo negociaciones con el PSOE”, asegura, además de apuntar que también lo hizo “el día del pleno” ofreciendo a la oposición (que rechazó la ZBE por ser “de mínimos”) la posibilidad de ampliar su perímetro.
“Y nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos los partidos de la corporación en un acuerdo. Hasta el último día, hasta el último minuto, vamos a pelearlo porque supone una inversión importante para la ciudad (115 millones de euros de la Unión Europea que se pueden perder si la ZBE no entra en vigor)”, añade la alcaldesa.
Sin embargo, ha precisado que el PP no aceptará “chantajes ni mezclar churras con merinas”, en referencia a las condiciones puestas por los socialistas como dejar libre de vehículos el Corredor Verde que se prevé para la zona sur de la ciudad. Preguntada por el margen que hay para aprobar la ZBE antes del 1 de enero, Catalá ha respondido: “Tendría que convocarse un pleno, que podría ser extraordinario. Y si llegáramos a un acuerdo, aprobarse, publicarse y estar en vigor. Depende también del periodo de publicación. Podemos intentar agilizar los plazos de la publicación, pero es complicado decir el día exacto”.
Igualmente, preguntada por si es pesimista u optimista sobre la negociación y sus resultados, ha considerado que “solo el PP ha mostrado responsabilidad”. “Si València tiene que perder esos recursos de fondos europeos”, por falta de consenso, ya se sabe “a quién se tienen que pedir explicaciones”, apostilló.