Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado autorización para viajar a Ankara y acompañar a Pedro Sánchez a la próxima cumbre de la OTAN, y además asistir en Londres a la graduación de su hija. La estrategia defensiva de Gómez es evidente: retratar al instructor como una persona implacable, demasiado severa, que no tiene compasión con la esposa de un presidente del Gobierno que no está pensando en fugarse, sino en cumplir con las tareas de agenda oficial que tiene encomendadas. Este nuevo affaire judicial se ha convertido en un episodio más dentro del sumario que la investiga por presunto tráfico de influencias. La petición, presentada a través de su defensa, llega después de que el magistrado acordara retirarle el pasaporte como medida cautelar, una decisión que ha generado debate político y jurídico.
La solicitud de Gómez no es un gesto menor. Según fuentes jurídicas citadas por varios medios, la defensa busca evidenciar que la retirada del pasaporte es una medida desproporcionada, especialmente para una persona sin antecedentes, con arraigo y cuya actividad pública implica desplazamientos internacionales.
La cumbre de la OTAN, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados, es un evento de relevancia diplomática en el que la presencia de la esposa del presidente suele enmarcarse en actos institucionales y encuentros paralelos. La graduación de su hija, por otro lado, apela a un motivo estrictamente familiar.
Ambas razones, institucional y personal, se combinan para construir un mensaje político: la medida cautelar impuesta por Peinado no solo afecta a Gómez, sino también a la normalidad institucional y a su vida privada.
Diversos analistas interpretan esta maniobra como una forma de señalar públicamente la dureza de las medidas adoptadas por el juez. En un contexto donde el caso ha generado una fuerte polarización, la defensa de Gómez parece buscar que la opinión pública perciba la retirada del pasaporte como un castigo preventivo excesivo.
El juez Peinado, por su parte, ha defendido la necesidad de asegurar que Gómez permanezca a disposición del juzgado mientras avanza la instrucción. La medida, habitual en investigaciones por delitos económicos, ha sido criticada por sectores del Gobierno y por parte de la prensa afín, que la consideran injustificada.
El procedimiento contra Gómez ha trascendido lo jurídico para instalarse en el terreno político. La oposición sostiene que la investigación debe seguir su curso sin interferencias, mientras que el Ejecutivo denuncia una campaña de acoso político y mediático.
La solicitud de autorización para viajar se inserta en este clima de confrontación. Si el juez la concede, la defensa podrá argumentar que la medida cautelar era innecesaria. Si la deniega, aumentará la presión pública sobre Peinado y reforzará la narrativa de que la investigación está marcada por decisiones excesivas.
Más allá de los desplazamientos concretos, la cuestión de fondo es si la retirada del pasaporte responde a criterios estrictamente judiciales o si se ha convertido en un símbolo dentro de una disputa política mayor. La estrategia de Gómez apunta claramente a este segundo terreno: convertir cada movimiento procesal en un elemento de debate público.
El letrado de la primera dama, Antonio Camacho, ha cursado la petición al juzgado. En el escrito, la defensa solicita que se autorice a Gómez a salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara (Turquía). Detalla que Gómez ha sido invitada oficialmente por la esposa del presidente turco. Y añade que la vuelta de ese viaje oficial se realizaría por Londres “para poder asistir a la graduación de su hija”, de modo que se llevaría a cabo en un avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña.
El letrado de Gómez hace hincapié en que “el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos”. Y para poder llevar a cabo el viaje pide que se le devuelva el pasaporte, que entregaría al día siguiente de aterrizar, y que se incluya la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas.
Begoña Gómez entregó su pasaporte el pasado miércoles en la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, después de que el magistrado Juan Carlos Peinado acordase retirárselo como medida cautelar al abrir juicio contra ella. El pasado día 20 el juez dictó un auto en el que abría juicio por el tribunal de jurado contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez por delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación; y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.
Para adoptar las medidas cautelares, el juez adujo un riesgo de fuga en la que podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional.