El juez Calama sigue acumulando indicios para tratar de probar que Zapatero era el cabecilla de una organización criminal internacional. Sin embargo, uno de los documentos clave del sumario, el informe del HSI (Homeland Security Investigations, una agencia bajo control de la Administración Trump polémica por sus contactos con el ICE, la brutal policía migratoria y aduanera), sigue estando bajo sospecha. Y no solo porque hace cinco años este cuerpo policial requisó el teléfono móvil de uno de los empresarios de Plus Ultra y lo clonó sin más en un aeropuerto de Miami, sino porque los métodos de sus agentes no parecen los más acordes con las garantías de funcionamiento de un Estado de derecho. Aunque de ese volcado de información salieron las conversaciones de terceros que implican a ZP y lo sitúan como el “amigo” o “pana” que influía en las decisiones para el rescate de la aerolínea, está por ver si la operación contó con mandamiento judicial. Si no lo tuvo, la prueba sería ilegal en España y el sumario del juez Calama podría ser nulo de pleno derecho.
Los métodos del HSI no parecen precisamente los más ortodoxos, si nos atenemos a los antecedentes y registros de causas de la Justicia española. Según la agencia de noticias Colpisa, “en al menos dos casos conocidos, la anulación de las pruebas proporcionadas por la agencia de Estados Unidos por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y garantías del proceso han acabado con la absolución de los acusados, según el repertorio de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial”. Así ocurrió, por ejemplo, en noviembre del 2018, cuando un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a dos personas acusadas con informaciones que nacieron del HSI. En concreto, les implicaron por formar parte de una organización internacional de narcotraficantes que estarían operando en Sudamérica y Europa dedicada a la introducción en España de importantes cantidades de cocaína. “Los americanos reclamaron a la UCO que utilizara un agente encubierto para infiltrarse en ella. El caso terminó archivado por las sospechas del tribunal de que pudiera tratarse de un delito provocado, algo que está prohibido en España”, asegura Colpisa.
“Meses después, otro órgano de esa misma Audiencia Provincial archivó otro caso iniciado por una comunicación del HSI, esta vez con Vigilancia Aduanera. Sus agentes advirtieron de que habían detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití con 1.600 gramos de cocaína en su interior, por lo que solicitaron una entrega controlada para cazar a su receptor, un haitiano residente en Madrid”. Aduanas informó a la Fiscalía española, que autorizó la operación, y, tras llegar el paquete a Barajas, uno de sus agentes, disfrazado de repartidor, detuvo al destinatario en su domicilio de la capital. “El tribunal anuló la prueba y absolvió al acusado al no quedar acreditada la cadena de custodia”. En el caso de Zapatero, las dudas que se plantean y que su letrado quiere aclarar son, en primer lugar, si el teléfono de Rodolfo Reyes que apunta al expresidente se clonó con todas las garantías del proceso penal español y, especialmente, con la autorización judicial que se exige en España para hacerlo. Pero también, el hecho de que el HSI tardara cinco años en entregar esa prueba a sus colegas de la UDEF.
Todos los caminos conducen al HSI. No estamos hablando de una unidad policial situada en Washington, al otro lado del Atlántico y a miles de kilómetros. Según la agencia de noticias Colpisa, esta unidad policial que tiene “una oficina en Madrid dentro de su red de delegaciones (62 en 46 países), ha ayudado a agilizar la remisión de informes de asistencia en investigaciones de todo calado”. Además, la colaboración entre policías estadounidenses y españoles es estrecha a través de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (UCIT). Este organismo está integrado por agentes especiales del HSI que colaboran con sus colegas de la UCO (Guardia Civil) y la UDEF (Policía Nacional) para investigar “amenazas comunes”. Según Colpisa, “el documento establece estándares para la selección, capacitación y retención de personal; directrices para el tratamiento de la información compartida; y expectativas con respecto a la financiación y el equipamiento conjunto”.
Tal como informa esta agencia de noticias, el HSI anunció la previsión de establecer centros de operaciones conjuntas independientes tanto con Vigilancia Aduanera como con la Policía Nacional. “Pero que su colaboración sea determinante en muchas ocasiones en el esclarecimiento de delitos transnacionales no impide que, en ocasiones, se cuestione el marco legal de este trasvase de información policial en los tribunales”. El abogado de Zapatero ya se ha percatado de las posibles carencias constitucionales en la información obtenida por el HSI y trabaja para anular el famoso informe obtenido a partir del teléfono de Rodolfo Reyes. El letrado le ha pedido al juez Calama que pida información a Estados Unidos para dar transparencia a ese informe, ya que Zapatero se siente víctima de una venganza de Trump contra el Gobierno Sánchez por el “no a la guerra” de Irán (y hay datos que hacen sospechar esa vendetta, como que el dosier estuvo cinco años en un cajón, durmiendo el sueño de los justos, y apareció el pasado 18 de marzo como por arte de magia y en medio de la peor crisis diplomática de la historia reciente entre España y EEUU). El juez Calama ha negado, de momento, la aclaración que le pide el abogado de ZP, alegando que él ya lo ha solicitado de oficio y está a la espera de lo que diga Washington.