Todo el constructo judicial del juez Calama, todo su mecano contra José Luis Rodríguez Zapatero, se asienta en una piedra angular ciertamente frágil: la acusación de tráfico de influencias. Es decir, el magistrado de la Audiencia Nacional, a la vista de los informes de la UDEF (que son los informes de Trump), viene a dar por probado que el expresidente del Gobierno socialista medió y usó sus influencias para conseguir que Pedro Sánchez adjudicara 53 millones de euros al rescate de la aerolínea Plus Ultra, al borde de la quiebra durante la pandemia. Perfecto. Ahora bien, si Zapatero era el influyente, tuvo que haber un influido, en este caso un funcionario o cargo político que se dejara presionar y firmara el préstamo a los amigos venezolanos de ZP. Y, hasta donde se sabe, ni hay influyente, ni hay influido, tal como muy recuerdan algunos expertos juristas como el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. Sin autor ni víctima, no hay delito.
El delito de tráfico de influencias no resulta fácil de probar. Y Calama, hasta hoy, no lo tiene probado. Por eso resulta tan asombroso que el instructor de la Audiencia Nacional se haya tirado a la piscina al dictar ese histórico auto (tan audaz como temerario) en el que coloca a Zapatero nada más y nada menos que como cabecilla o cerebro de una gran red organizada de corrupción internacional. Ayer, durante su declaración ante la Audiencia Nacional, Zapatero negó la mayor y sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría para la empresa de su amigo Julio Martínez Julito. Juró que los 490.780 euros que el juez atribuye a comisiones es el pago por trabajos de consultoría para Análisis Relevante e incluso pidió tiempo para reunir documentos, facturas y testigos que probarían el origen de las famosas joyas halladas en una caja fuerte de su despacho de Ferraz (ya ha trascendido que algunas de las alhajas fueron un regalo de las monarquías árabes hecho en 2007 y exentas de declaración según la legislación vigente en aquella época).
Quienes asistieron a la toma declaración de ayer aseguran que ZP estuvo claro y convincente, tanto es así que Calama descartó imponerle medidas cautelares, pese a que la Fiscalía y varias acusaciones populares, entre ellas el PP, habían solicitado la intervención del pasaporte (los grupos más ultras incluso pidieron prisión provisional). Tras su interrogatorio, Zapatero emitió un comunicado de prensa en el que pidió al votante socialista que confiara en él y en su inocencia, de modo que podría decirse que lo que iba a ser una jornada históricamente aciaga para el PSOE no lo fue tanto y quedó más bien amortiguada. Es evidente que ZP salió del juzgado mejor que entró. No todo fue una quema o incendio incontrolado, algunos muebles logró salvar.
Y luego está el espinoso asunto del informe aportado al sumario por el Homeland Security Investigations, una oscura agencia de seguridad al servicio de Donald Trump, el hombre que ha jurado vengarse de España por su no a la guerra de Irán. A este respecto, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, ha puesto el auto de Calama de vuelta y media. “Es una instrucción muy rápida y no se entiende muy bien. El juez ha decidido hacer una imputación en base a una información de Estados Unidos sin verificar previamente, una información que se había obtenido y que había que haber verificado jurídicamente si era intachable o estaba viciada, como parece que ha sido. Eso es lo primero que tendría que haber hecho el juez y no lo ha hecho”.
Según el jurista, la información obtenida por la Administración Trump (el clonado del teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes realizado por la agencia de seguridad HSI) se ha obtenido de forma inconstitucional, ya que no cuenta con mandamiento judicial, y por ello, “el auto es nulo de pleno derecho”, según el jurista. “El propio juez se ha dirigido a una autoridad administrativa para hacer uso de la información de la que ya ha hecho uso a la hora de dictar su auto, y eso es otra barbaridad. Tendría que dirigirse a otro juez, y no puede porque no ha intervenido ninguno en el caso de la agencia norteamericana”. Además, añade que el caso Zapatero es “monstruoso jurídicamente”. Pérez Royo recuerda que hay dos sumarios en uno: el supuesto tráfico de influencias por el rescate de Plus Ultra y el de las joyas requisadas por la Policía en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno. “Si el auto es nulo, el registro posterior es nulo también”. Aquí hay mucha tela que cortar, la derecha aún no ha descabezado al referente moral del socialismo, aunque es cierto que una cosa es el Derecho penal y otra muy diferente la cuestión de ética política. Zapatero podría demostrar su inocencia, incluso que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente o que todo está caducado y prescrito, pero el daño político ya está hecho. Hasta dónde llega la zona quemada por la radiactividad es algo que todavía desconocemos. Aunque el CIS apunta en sus últimas encuestas que el partido socialista está en caída libre.