Desde hace meses, probablemente años, Donald Trump tenía en la diana a Zapatero. Ya en noviembre de 2025, la prensa de la derecha apuntaba a esa posibilidad. Así, La Gaceta de la Iberosfera, un digital próximo a la extrema derecha de este país pero siempre bien informada sobre los asuntos que se cuecen al otro lado del Atlántico (las conexiones MAGA/Vox son más que evidentes) publicaba que la Justicia de Estados Unidos estaba “muy interesada” en apuntalar “cuanto antes” la apertura de un “proceso penal” contra el expresidente socialista, “una posibilidad que ha cobrado fuerza a raíz de las declaraciones aportadas por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.
Carvajal, máximo responsable de los servicios de inteligencia venezolanos entre 2004 y 2011, recibió las más formidables condecoraciones durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hasta que cayó en desgracia y salió del país. En 2019, fue detenido en España, pero se fugó y estuvo dos años prófugo de la Justicia. En 2021, Venezuela solicitó su extradición a nuestro país por delitos de traición a la patria (al parecer, el espía de espías acabó reconociendo al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y eso terminó exasperando a Maduro). En septiembre de ese año, volvió a ser capturado y en julio de 2023 fue finalmente extraditado a los Estados Unidos, según la BBC, para ser juzgado por delitos relacionados con narcotráfico y blanqueo de divisas. A partir de ahí, se abrió la caja de Pandora que ha terminado reventando en la cara de Zapatero.
Según la BBC, “de acuerdo con el comunicado que dio a conocer el Departamento de Justicia [norteamericano] luego de que se declarara culpable, ‘El pollo’ Carvajal y otros miembros del llamado Cartel de Los Soles abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, con el fin de facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos”. Además, Vozpópuli apuntaba a que la información entregada por el exjefe de la Inteligencia militar venezolana habría proporcionado “argumentos clave” para que la Fiscalía estadounidense “contemple al expresidente español como un eslabón necesario dentro del entramado político y financiero del chavismo”. ”De concretarse una imputación, Washington podría activar medidas tan severas como el bloqueo de bienes en territorio norteamericano o, incluso, la emisión de una orden de detención internacional” contra ZP, apuntaba la Gaceta.
“El avance de esta vía judicial llega en un momento en que Carvajal, extraditado desde España en 2023, espera conocer el fallo final sobre su situación penal, previsto para el 12 de febrero. Su defensa ha ido entregando grandes volúmenes de documentación que no sólo han obligado al tribunal a aplazar la sentencia en dos ocasiones, sino que también han reforzado las pesquisas de Estados Unidos sobre la dimensión global del narcotráfico vinculado al poder bolivariano y, sobre todo, sobre las figuras que habrían colaborado con ese sistema desde fuera de Venezuela”, añadía el citado digital.
La Gaceta fue aún más lejos en sus temerarias acusaciones contra ZP al asegurar que “dentro de ese material, Carvajal habría detallado pagos que supuestamente habrían sido canalizados hacia Zapatero desde el Gobierno venezolano a través de PDVSA. Estas informaciones formarían únicamente una parte de los expedientes facilitados por el exmilitar a los fiscales, quienes también han solicitado apoyo a autoridades españolas para analizar el crecimiento patrimonial del expresidente y revisar su actividad económica durante los últimos años”. Todas esas insinuaciones que hasta hoy tenían la categoría de bulos o noticias fake están por demostrar. Pero hay algo indudable: las terminales mediáticas de la fachosfera estaban al tanto de los últimos dosieres e informes de Washington.
Durante meses se ha ido acumulando una cantidad ingente de material contra ZP por orden de Trump que ahora está siendo analizado por el juez Calama de la Audiencia Nacional. ¿Por qué? El magnate neoyorquino sabe que, si cae el gran referente moral de la izquierda española, cae Pedro Sánchez, un hombre al que odia por su oposición al genodicio de Gaza y a la guerra contra Irán. Ese es el punto de partida del famoso informe emitido en 2021 por el HSI (Homeland Security Investigations) a partir del clonado del teléfono móvil requisado en el aeropuerto de Miami a Rodolfo Reyes, el principal accionista de la aerolínea rescatada por el Gobierno español durante la pandemia por 53 millones de euros. Ese volcado, en el que terceras personas se refieren al “amigo pana Zapatero” como persona capaz de desbloquear el rescate, puede ser ilegal, ya que la ley norteamericana no exige mandamiento judicial para este tipo de intervenciones, no así la ley española, que tacha de nula cualquier prueba obtenida sin orden de la autoridad de un juez.
En noviembre del pasado año, La Gaceta publicaba que, “paralelamente, el Gobierno estadounidense examina el alcance de posibles sanciones económicas contra el exdirigente español. En el Departamento de Estado existe un debate sobre si aplicar una medida leve o imponer un castigo más contundente que sirva de aviso a quienes Washington considera facilitadores del régimen venezolano. La decisión final dependerá del impacto diplomático que pudiera tener un paso de este tipo en la relación bilateral con España”. Las aportaciones de Carvajal no se limitarían a asuntos financieros. También habría mencionado operaciones ligadas al ámbito energético y “una red de intermediarios que habría actuado en Venezuela bajo la protección de Jorge Rodríguez, figura influyente en el entorno de Nicolás Maduro y presunto garante de las gestiones de Zapatero en Caracas”, siempre según La Gaceta.
La ofensiva judicial de la Administración Trump contra ZP se apoya en la ley Rico, un instrumento legal estadounidense destinado a combatir organizaciones criminales. Dicha acción permite investigar no solo a los señalados directamente –entre ellos Maduro y Delcy Rodríguez–, sino también a quienes hayan podido contribuir, colaborar o beneficiarse de sus operaciones. La denominada ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es una ley federal dictada en Estados Unidos el 15 de octubre de 1970. La normativa se opuso en un principio a la extorsión de la mafia estadounidense y contra las actuaciones criminales dentro de los sindicatos, en particular, del sindicato de transporte de camioneros. Se ideó como una base jurídica para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y de organizaciones delictivas del crimen organizado. La ley Rico permitió a fiscales federales enjuiciar a personas implicadas en una organización criminal, también a familiares y amigos de los “supuestos mafiosos”, algo que según la ley española sería anticonstitucional. Por lo visto, hoy la ley Rico no solo se aplica a los mafiosos de Chicago o Nueva York, también a personajes incómodos para Washington en todo el mundo.