En Estados Unidos, las autoridades fronterizas o aduaneras pueden inspeccionar y clonar dispositivos electrónicos como ordenadores y teléfonos móviles sin orden judicial, tanto de ciudadanos estadounidenses como extranjeros. Fue lo que, en 2021, hizo el HSI, una agencia de seguridad norteamericana, con el teléfono móvil del venezolano Rodolfo Reyes, a quien la policía de Estados Unidos seguía la pista como el presunto capo de una banda internacional organizada con conexiones en la compañía aérea Plus Ultra. Los agentes aduaneros del aeropuerto de Miami cogieron el dispositivo electrónico, volcaron su contenido sin contemplaciones y dejaron marchar al sospechoso. Curiosamente, no lo detuvieron, sin que a esta hora sepamos por qué demonios a un presunto peligroso mafioso global se le permitió salir tranquilamente del aeropuerto aquel día.
Toda esa información sensible estuvo guardada durante cinco años, hasta que el pasado mes de marzo alguien en el HSI vio que en los mensajes de Rodolfo Reyes, principal inversor de Plus Ultra, se hacía referencia a Zapatero como supuesto mediador en el rescate de la aerolínea y decidió enviar el material al juez Calama de la Audiencia Nacional española. Aquella bomba fue un altruista regalo para la derecha española. No hay que ser demasiado mal pensado para entender por qué ese dosier secreto sale a la luz pública precisamente ahora, en medio de la crisis diplomática monumental que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y España. Trump no es un hombre que se ande con medias tintas ni con chiquitas. Practica la injerencia en forma de guerra híbrida sin complejos para desestabilizar gobiernos en todo el mundo (por lo visto también en Europa). Las íntimas conexiones del trumpismo con Vox, el partido antisistema que pretende acabar con la democracia en España, es prueba suficiente para sospechar que el complot internacional contra el Gobierno de coalición no es solo una teoría de la conspiración. Existe.
El volcado del móvil de Rodolfo Reyes ha sido fundamental para que Calama pueda imputar a Zapatero por delitos de tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra y también para que los agentes de la UDEF hayan podido llevar a cabo el registro del despacho profesional del expresidente. De ahí que el abogado de ZP, Víctor Moreno Catena, experto en tumbar causas por defectos de forma, haya pedido ya al magistrado toda la información sobre esa maniobra policial llevada a cabo por el HSI en Miami que en España sería impensable (ningún agente de policía puede husmear en un teléfono de un ciudadano sin mandamiento judicial porque lo prohíbe la Constitución y el ordenamiento jurídico penal). Es ahí donde está la clave de un asunto que podría anular toda la instrucción del juez Calama por defecto de forma. Lo que hizo HSI con el teléfono de Reyes puede ser legal en EEUU, pero es radicalemente ilegal en España.
La jurisprudencia española distingue entre prueba ilícita (obtenida vulnerando derechos fundamentales según la Constitución Española) y prueba irregular, obtenida sin cumplir ciertos requisitos formales, pero sin vulnerar derechos fundamentales. La cuestión es, ¿la obtención del móvil vulneró derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española? La doctrina general dice que si la prueba se obtuvo legalmente en el país de origen, aunque allí existan estándares distintos, no se considera automáticamente ilícita en España. Pero sí debe acreditarse la cadena de custodia; la autenticidad; garantías mínimas; ausencia de manipulación; y legalidad en el país de origen. De ahí que el juez Calama se haya apresurado a solicitar a EEUU la documentación completa. Cabe pensar, por tanto, que la prueba obtenida de forma ilícita en Miami podría anular todo el sumario en base a la “doctrina del fruto del árbol envenenado o contaminado”. La causa podría ser archivada si EEUU no acredita que la incautación fue legal en su jurisdicción y si se demuestra que hubo una cooperación policial sin control judicial o con vulneración de derechos fundamentales en España (por ejemplo, una “investigación encubierta” o prospectiva sin autorización judicial española).
El abogado de Zapatero ha pedido que EEUU entregue la autorización judicial que permitió incautar el móvil; el método de volcado; el software utilizado; la cadena de custodia; la verificación de autenticidad; y la investigación previa en Norteamérica. Si EEUU no aporta esa información, la defensa podría alegar vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. El volcado o clonado sin autorización judicial en USA no invalida automáticamente la causa en España, pero sí abre una batalla jurídica importante sobre la validez de esa prueba.
Un país como España constituido como Estado de derecho no debería aceptar prácticas o métodos propios de países autocráticos y dictaduras como las utilizadas por las agencias de seguridad de Tump. Aceptar el clonado del móvil de Reyes sería tanto como aceptar la escasamente garantista legislación norteamericana, sus leyes penales y procesales, es decir, su colonialismo judicial. Un mundo uniforme donde Washington impone su ley MAGA contra la izquierda mientras los jueces de la comunidad internacional acatan. EEUU de ninguna manera puede exportar a nuestro país sus técnicas policiales que nada tienen que ver con las que debería emplear la democracia más antigua del planeta. La última palabra la tendrá el juez Calama, que ha llamado a declarar a Zapatero. El expresidente prepara su defensa con su letrado, pero ya ha trascendido que una de sus líneas de actuación pasará por denunciar que ha sido objeto de una persecución de la Administración Trump. Nunca antes se había investigado a un presidente del Gobierno y ahora va a suceder por los intereses políticos del amo o emperador del mundo, que ha filtrado unos de sus dosieres sacados de las cloacas de sus servicios de espionaje. La Justicia española debería decir no a un imperialismo judicial que erosiona y atenda contra los principios más elementales del Estado de derecho.