Los periódicos ultras están eufóricos y dan por hecho que ha sido la Casa Blanca quien ha dado la puntilla al sanchismo. Esdiario, uno de los digitales de referencia de la caverna, lo dice sin complejos: “Las paradojas de la vida. El archienemigo de Sánchez, Donald Trump, puede tener la llave del calabozo de Zapatero. Una decisión de EEUU puede ser clave para meter en prisión al expresidente y, de paso, para acabar de hundir” al actual inquilino de la Moncloa. Qué mejor prueba que esta de que existe una ofensiva política, policial, judicial y mediática –con colaboración de gobiernos extranjeros– para derrocar a un Gobierno de coalición legítimamente constituido.
La noticia de Esdiario viene a demostrar que, pese a lo que diga el PP, no estamos ante una teoría de la conspiración que la izquierda ha construido sobre el caso Zapatero, imputado por el juez Calama en una red organizada venezolana tras un dosier secreto de la agencia de seguridad Homeland Security Investigations (HSI). Hasta las principales terminales mediáticas conservadoras dan por hecho que el tiro de gracia al sanchismo lo da el trumpismo. Por tanto, ha habido venganza del magnate neoyorquino por la posición del Gobierno español en defensa de la legalidad internacional, contra la guerra en Irán y por los derechos del pueblo palestino, masacrado en el peor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que pasan las horas y vamos conociendo más datos sobre el asunto (lo último que el dosier del HSI se remitió al juez Calama el pasado mes de marzo, es decir, en plena crisis diplomática con descarnado enfrentamiento personal entre Sánchez y Trump), más engordan las sospechas de que nos encontramos ante una acción de represalia en forma de guerra híbrida de la Administración trumpista contra el incómodo Gobierno español. La coincidencia de fechas resulta altamente esclarecedora, más teniendo en cuenta que las diligencias del HSI (“informativas”, no lo olvidemos) contra Zapatero se abrieron en 2021 y estuvieron cinco años durmiendo el sueño de los justos en un cajón olvidado de Washington.
Con la lógica y la ley en la mano, existen no pocas sospechas que nos llevan a pensar que ese informe de marras elaborado por una oscura agencia de inteligencia sobre una única prueba –el teléfono móvil requisado al venezolano Rodolfo Reyes, uno de los implicados en la supuesta red que se movía alrededor de la aerolínea Plus Ultra–, podría no cumplir con las garantías procesales de un Estado de derecho. Y cabe pensarlo no solo porque la sombra de Trump es alargada y llega a todos los rincones, organismos e instituciones federales de EEUU, sino porque nada se sabe sobre el protocolo de actuación policial que se ha seguido para intervenir las comunicaciones del tal Reyes. Para que una prueba obtenida por el HSI sea válida en España, debe haber llegado a través de una solicitud formal de cooperación internacional tramitada por las autoridades españolas respetando la cadena de custodia, la competencia judicial y territorial, la legalidad de la obtención de la prueba y otras garantías procesales. Si no se cumplen estos pasos y requisitos, la prueba puede ser nula o inadmisible. Así lo advierten expertos como el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El exjuez recuerda que si el teléfono móvil de Reyes fue requisado de forma ilegal por la policía estadounidense podría entrar en juego la “doctrina del árbol contaminado”, un principio jurídico que establece que cualquier prueba obtenida de forma ilícita (vulnerando derechos fundamentales) es nula de pleno derecho, al igual que todas las pruebas derivadas de esta. Si la fuente original (“el árbol”) está viciada, todo lo que derive de ella (“los frutos”) carece también de validez legal. Conclusión: todo el sumario estaría podrido y podría venirse abajo. Diario Sabemos viene alertando ante esa posibilidad, en sucesivas informaciones en exclusiva, desde hace semanas.
Si el HSI, la CIA, el FBI o cualquier servicio de espionaje hoy al servicio del emperador de la secta MAGA ha metido el teléfono de un ciudadano en un sobre y se lo ha mandado a la Audiencia Nacional como regalo con fines políticos, en este caso desestabilizar al Gobierno de Sánchez, se acabará sabiendo. El ordenamiento jurídico español, cien por cien escrupuloso con los derechos de los investigados, solo admite pruebas obtenidas legalmente en origen y no parece que el país de Trump, donde se está expulsando a inmigrantes con la técnica del puntapié, sea el más garantista del mundo. La prueba debe llegar al juez español por los canales oficiales, nunca por envío directo clandestino, o mediante comisión rogatoria o instrumento equivalente. El material debe incluir certificación oficial; identificación del agente que obtuvo el indicio o vestigio; garantía de integridad del contenido; fechas y métodos de extracción. Además, el juez español que recibe la documentación debe verificar que la prueba no vulnera derechos fundamentales; que es pertinente y proporcional; y que se obtuvo en un procedimiento legítimo (con comprobación de que no se trata de parte de una guerra sucia o investigación prospectiva prohibida en cualquier Estado de derecho serio y avanzado). Sin todo ese filtro de férreo control, la prueba puede ser impugnada, y a buen seguro que lo será, tal como ya ha anunciado el entorno del abogado de Zapatero. Hasta donde sabemos, el teléfono de Reyes contiene conversaciones donde una serie de personas hablan del “amigo” o “pana Zapatero” siempre dispuesto a echar una mano para sacar adelante el rescate de Plus Ultra. Pero la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que conversaciones de terceros no son suficiente prueba de cargo para llegar a una sentencia condenatoria.
Desde que se inició el segundo mandato trumpista, USA ha dejado de ser un Estado de derecho con todas las garantías para pasar a ser una autocracia con serias zonas oscuras en su sistema legal y judicial, más propio ya de una dictadura o Estado policial que de una democracia. De ahí que la información remitida por el HSI a la Audiencia Nacional de España tenga que ser acogida con todas las reservas. El propio juez Calama ha echado el freno a la instrucción al leer titulares sobre posible contaminación de la prueba publicados por la escasa prensa crítica que queda ya, medios libres e independientes que como Diario Sabemos no se limitan a transcribir el auto de turno con la versión oficial del juez. El magistrado ha visto cómo se encendía la luz roja de alarma y ha decidido cogérsela con papel de fumar, como suele decirse coloquialmente, no vaya a ser que el lawfare trumpista le acabe explotando en la cara. Solo así se explica que, en las últimas horas, haya solicitado al HSI toda la información pertinente sobre el protocolo policial que se ha seguido para requisar el teléfono del misterioso Rodolfo Reyes, también autorización para usar el dosier como prueba (raro cuando menos, puesto que ya lo ha volcado todo en su auto como base fáctica para su relato).
El espionaje yanqui, la CIA mayormente, no se caracteriza precisamente por sus métodos limpios y transparentes, y menos ahora, que tiene licencia para matar otorgada por el amo del universo Trump. Calama lo sabe y no quiere pillarse los dedos, no quiere que se la cuelen doblada o le metan un gol. Lo cual es lógico, la prudencia es la principal virtud de un juez. El problema es que todas estas comprobaciones rutinarias se tendrían que haber hecho a priori, es decir, antes de dictar su histórico auto contra Zapatero, que más que un auto, es una sentencia condenatoria en base a los dosieres secretos que le iban llegando de Trumpilandia entre los aplausos, jaleos y vítores de la prensa de la fachosfera. Ese ha sido, a nuestro modesto entender, y sin que se nos enfade su señoría, el gran error del instructor.