El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido imputar en el caso Plus Ultra a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor indica que en una resolución aparte se señalará la declaración de las tres.
Durante años ha circulado el relato de que la Fiscalía estaba al servicio del sanchismo. Todo por unas declaraciones que Pedro Sánchez hizo en 2019 y en las que, preguntado sobre la extradición de Carles Puigdemont, respondió: “¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está”. Aquello sirvió para que la fachosfera y la extrema derecha difundieran el bulo de que el Gobierno controlaba el Ministerio Público y hacía y deshacía en función de sus intereses políticos. Ahora se está viendo que no es así. Mal podría manipular Moncloa a los fiscales cuando todas las decisiones de la acusación pública se vuelven contra el PSOE. El mito de Sánchez el autócrata es una patraña, además de una solemne estupidez.
Ahora que un caso afecta directamente al entorno familiar de un expresidente socialista, el silencio es atronador. Y ese silencio, más que cualquier argumentación jurídica, es lo que desnuda la inconsistencia del relato ultraderechista que ha desprestigiado a la Fiscalía. La persecución que han sufrido los representantes del Ministerio Público no tiene precedentes. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, fue condenado sin pruebas concluyentes por la filtración del expediente presuntamente delictivo del novio de Ayuso; la Fiscalía ha sido vejada y humillada cuando se ha opuesto a cada decisión del juez Peinado en el caso Begoña Gómez, esposa del presidente; y lo mismo ha ocurrido cuando ha mantenido su petición de absolución para David Sánchez, hermano de Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el resto de acusados en el caso de la adjudicación de la plaza de músico en la Diputación de Badajoz.
Durante los últimos años, la Fiscalía ha sido utilizada como un símbolo en la batalla política. Se ha acusado al Gobierno de influir en sus decisiones, de dictar instrucciones encubiertas y de manipular procedimientos. Sin embargo, cuando aparece un caso que afecta a figuras vinculadas al PSOE –y especialmente a alguien tan simbólico como Zapatero–, el relato ultra se desmorona.
Si la Fiscalía fuese realmente “sanchista”, como se ha repetido hasta la saciedad, ¿cómo se explica que se proceda contra personas tan cercanas a un expresidente socialista? ¿Dónde están ahora quienes aseguraban que la institución estaba secuestrada? ¿Por qué no aplican la misma lógica conspirativa que han utilizado en otros casos? La respuesta es sencilla: porque el relato nunca fue jurídico, sino político. Y cuando la realidad contradice el relato, el relato se esconde.
Uno de los problemas más graves del debate público español es la doble vara de medir. No se analiza la actuación de las instituciones en función de criterios objetivos, sino según a quién afecten. Si una investigación apunta a un adversario político, se celebra como prueba de independencia judicial. Si afecta a un aliado, se denuncia como persecución. Y si afecta a uno mismo, se habla de “lawfare”.
Este fenómeno no es exclusivo de un partido ni de un bloque ideológico. Pero sí es cierto que, en los últimos años, la acusación de que la Fiscalía estaba “politizada por Sánchez” se ha convertido en un eslogan recurrente de la derecha política y mediática. Ahora, ante un caso que desmonta ese eslogan, la reacción es el silencio o la huida hacia adelante.
Zapatero se ha convertido en una figura polarizadora. Para unos, es un referente moral y político; para otros, un símbolo de todo lo que consideran erróneo en la izquierda española. Su presencia constante en el debate público –especialmente en temas como la ley de amnistía, el conflicto catalán o la política internacional– ha alimentado pasiones y fobias.
Por eso, la imputación de sus hijas, más allá de su relevancia jurídica, tiene un impacto simbólico enorme. Y precisamente por eso, la reacción de quienes han construido un discurso sobre la supuesta parcialidad de la Fiscalía resulta tan reveladora. Si realmente creyeran que la Fiscalía actúa por órdenes del Gobierno, deberían estar denunciando una persecución política contra Zapatero y su familia. Pero no lo hacen. Porque saben que ese argumento no se sostiene. Y porque, en el fondo, nunca creyeron en él: solo lo utilizaron cuando les convenía.