El abogado de Zapatero había pedido al juez Calama que ampliara la información sobre el polémico informe del HSI (Homeland Security Investigations), el dosier de la agencia estadounidense con conversaciones de terceros donde se alude a la supuesta participación del expresidente del Gobierno en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Ese expediente resultó fundamental para el auto de imputación de Calama contra el exlíder socialista. Sin embargo, el magistrado no ha considerado necesario ni pertinente solicitar esa ampliación a la Administración Trump. Y la decisión ya ha suscitado críticas entre juristas de reconocido prestigio, que denuncian que los derechos de Zapatero pueden verse menoscabados.
En 2021, el HSI estadounidense interceptó y clonó el teléfono de Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra. Su contenido fue entregado a la UDEF española el pasado 18 de marzo, cinco años después y en medio de la crisis diplomática entre Estados Unidos y España provocada por Trump. El letrado quería saber, entre otras cuestiones, si el clonado del teléfono de Reyes se hizo bajo mandamiento judicial, si se respetó la cadena de custodia y si fue la autoridad española la que solicitó la prueba o la Casa Blanca actuó de oficio (sin duda para enviar un misil a la línea de flotación del sanchismo). Ninguna de esas verificaciones legales se le ha concedido a la defensa de Zapatero, al menos de momento.
De esta manera, el magistrado de la Audiencia Nacional da portazo, provisionalmente, a una serie de comprobaciones imprescindibles, ya que si se prueba que el informe del HSI está viciado en el origen todo el sumario es “nulo de pleno derecho” según la 'doctrina del fruto del árbol envenenado' admitida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tal como entienden juristas de reconocido prestigio como el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.
Calama ha dejado en suspenso la petición de garantías a Estados Unidos sobre el volcado de un teléfono móvil que sus autoridades entregaron a la UDEF y que contiene mensajes de los dueños de Plus Ultra que incriminan al expresidente del Gobierno en la presunta trama de tráfico de influencias. “No cierra la puerta a la pretensión, pero esperará a que Estados Unidos conteste a la primera petición que les envió sobre ese teléfono móvil y luego decidirá si es necesario solicitar los datos adicionales que requiere la defensa”, según informa la Cadena Ser.
El juez asegura que algunas de estas peticiones “se revelan prematuras” porque “su eventual utilidad depende del resultado de otras ya acordadas y aún pendientes de cumplimentación” y otras, “no aparecen en este momento como necesarias” pero “su denegación definitiva también sería precipitada”. “En idéntica situación se encuentra la ampliación interesada por la representación procesal del investigado José Luis Rodríguez Zapatero respecto del auto que acordó la emisión de comisión rogatoria”, recoge la resolución. Viene a decir Calama que “mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente”. Es decir, primero la información que Calama solicitó al HSI; después lo que reclama el abogado de Zapatero. En un Estado de derecho, la secuencia debería ser, si no al revés, sí al menos simultánea.
Javier Pérez Royo ha criticado el auto del juez Calama que imputa a Zapatero como cabecilla de una organización criminal internacional. “Es una instrucción muy rápida y no se entiende muy bien. El juez ha decidido hacer una imputación en base a una información de Estados Unidos sin verificar previamente, una información que se había obtenido y que había que haber verificado jurídicamente si era intachable o estaba viciada, como parece que ha sido. Eso es lo primero que tendría que haber hecho el juez y no lo ha hecho”.
Según el jurista, la información obtenida por la Administración Trump (el clonado del teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes realizado por la agencia de seguridad HSI, Homeland Security Investigations) se ha obtenido de forma anticonstitucional porque no cuenta con mandamiento judicial y por ello “el auto es nulo de pleno derecho”, según el jurista. “El propio juez se ha dirigido a una autoridad administrativa para hacer uso de la información de la que ya ha hecho uso a la hora de dictar auto, y eso es otra barbaridad. Tiene que dirigirse a otro juez, y no puede, porque no ha intervenido en el caso de la agencia norteamericana”. Además, añade que el caso Zapatero es “monstruoso jurídicamente”. Pérez Royo recuerda que hay dos sumarios en uno: el supuesto tráfico de influencias por el rescate de Plus Ultra y el de las joyas requisadas por la Policía en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno. “Si el auto es nulo, el registro posterior es nulo también”.