Hay cierta sensación de alivio en el Gobierno tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Durante la sesión de control, algunos diputados mostraban su alegría por cómo estaba transcurriendo la declaración. Zapatero pidió tiempo para demostrar la procedencia de las joyas encontradas en su despacho; aseguró que puede acreditar los informes y los ingresos de la empresa de su amigo Julio Martínez Julito; y negó cualquier influencia en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Hasta emitió un comunicado a la militancia para pedir paciencia y confianza porque, según su versión, será capaz de desmontar las acusaciones que se le imputan. ¿Qué más se podía pedir?
Pedro Sánchez se mostraba tranquilo en su escaño; el ministro de Justicia, Félix Bolaños, también proyectaba cierta seguridad en que todo iba mejor de lo esperado en el tribunal madrileño; y el ministro Ángel Víctor Torres se atrevía con un pequeño canutazo: “Hemos dicho que estamos convencidos de que va a poder demostrar su inocencia”. A su vez, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, insistía en el “respeto a las decisiones judiciales” y en que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”.
Paralelamente, la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, fue aún más allá al ver una mano negra en el caso Zapatero: la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “A mí me levanta muchas sospechas el hecho de que EEUU a un ciudadano venezolano [en referencia al investigado Rodolfo Reyes] en un aeropuerto clone el móvil en el año 2021 y justamente ahora, cuando el Gobierno de España y el presidente se planta contra Trump con ese 'no a la guerra' (...) lleguen estas importancias sobre el caso de Plus Ultra”, sentenció. Incluso fue aún más allá al asegurar que “el dato indiciario con el que se empieza esta investigación y con el que se han hecho unos registros a la casa y a la oficina del expresidente (...) no se sostiene”. De esta manera, aludía al informe elaborado por el HSI (Homeland Security Investigations), una agencia de seguridad norteamericana que funciona al margen de la autoridad judicial, ya que en Estados Unidos la Policía cuenta con atribuciones legales para requisar teléfonos móviles sin la orden de un juez. Esa prueba sería ilegal en España y, por tanto, según la “doctrina del fruto del árbol envenenado”, todo el sumario de Calama sería nulo de pleno derecho, tal como sostiene el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.
Ahora bien, ¿se está agarrando el Gobierno a un cabo ardiendo? ¿Es el caso Zapatero una venganza de Trump contra un Consejo de Ministros, el de Pedro Sánchez, que según él ha traicionado a Estados Unidos? La imputación de Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y otras actividades vinculadas al entorno del chavismo ha generado un terremoto político en España y un eco internacional inesperado. La colaboración de organismos estadounidenses en la investigación y el endurecimiento de la política de Washington hacia Venezuela han alimentado una hipótesis, la de la conspiración, que cobra cuerpo en el Ejecutivo. De entrada, no existe ninguna acusación formal de Estados Unidos contra Zapatero. Aunque medios estadounidenses y españoles señalan que agencias federales han analizado conexiones financieras y actividades relacionadas con sanciones al chavismo, estos análisis preliminares no equivalen a un proceso penal abierto. Sin embargo, hay elementos que sí muestran un creciente interés judicial estadounidense: la Administración Trump habría acumulado “pruebas inculpatorias” para preparar un procedimiento judicial contra Zapatero por su presunta vinculación con la estrategia internacional del chavismo. De hecho, el informe del HSI fue elaborado en 2021, tras requisar los agentes aduaneros yanquis el teléfono del empresario Rodolfo Reyes, vinculado a Plus Ultra, y no ha sido enviado a las autoridades españolas hasta hoy.
Zapatero es considerado por Washington como un actor clave en la legitimación internacional del régimen de Nicolás Maduro. La Audiencia Nacional española ha solicitado información a Estados Unidos, y el Homeland Security Investigations (HSI) ya colabora con la Policía Nacional en el análisis de dispositivos incautados. Estos elementos muestran que Estados Unidos sí está involucrado en la investigación, pero no prueban que exista una motivación política directa de Trump.
En cuanto al contexto geopolítico, es evidente que Zapatero está en el radar de Washington. Zapatero ha mantenido durante años una relación estrecha con el régimen de Nicolás Maduro, actuando como mediador en procesos de negociación y defendiendo públicamente posiciones que en Estados Unidos –especialmente bajo administraciones republicanas– se perciben como favorables al chavismo. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca y su política más agresiva hacia Caracas, esta cercanía ha adquirido una nueva dimensión: Trump ha impulsado una estrategia de presión internacional contra los “colaboradores necesarios” del chavismo. Zapatero aparece en informes estadounidenses como un referente internacional de una red de influencia financiada por fondos venezolanos. La Administración Trump estudia incluso sanciones económicas para ZP y hasta una orden internacional de arresto con petición de extradición. Desde esta perspectiva, la presión estadounidense sería una estrategia geopolítica más amplia contra el chavismo.
Y luego está la narrativa política: la tesis de la “venganza de Trump”. En España, el Gobierno y sectores afines han defendido públicamente que la imputación de Zapatero responde a una vendetta del magnate. Un complot internacional con Feijóo, Abascal y Ayuso compinchados con la Embajada de Estados Unidos. Así lo ha manifestado Enrique Santiago, diputado de Sumar. Esta tesis se apoya en varios elementos: la coincidencia temporal entre el regreso de Trump al poder y la intensificación de las investigaciones; la histórica animadversión entre Trump y gobiernos socialistas europeos; y la percepción de que Zapatero ha sido un aliado internacional del chavismo, enemigo declarado de Washington. La sospechosa reunión de los líderes de las derechas españolas con el embajador estadounidense en Madrid en los días en que el juez Calama preparó su histórico auto de imputación contra Zapatero sería una prueba importante de la existencia de esa conjura.
En contra de la teoría del complot juega que no hay pruebas directas de que Trump haya ordenado una ofensiva personal contra Zapatero; que las investigaciones en España se originan en causas internas, como el caso Plus Ultra, y no en presiones estadounidenses; y que la colaboración judicial entre países es habitual cuando hay indicios de delitos transnacionales La tesis de la venganza funciona políticamente –moviliza a bases, genera cohesión interna y desplaza el foco del contenido de la investigación–, pero no ha sido respaldada por evidencias concluyentes.
Trump ha demostrado en el pasado usar instrumentos del Estado, como la guerra híbrida y el lawfare o guerra sucia judicial, para presionar a adversarios políticos. La política exterior de Trump hacia Venezuela es marcadamente ideológica y personalista. Y Zapatero es una figura simbólica para el chavismo. Su caída tendría un fuerte impacto internacional. La filtración constante de informaciones en medios afines a posiciones conservadoras estadounidenses y españolas sugiere una estrategia comunicativa coordinada. La hipótesis más razonable, basándonos en la información disponible, es que no se trata de una venganza directa, sino de una convergencia entre investigaciones judiciales españolas y la estrategia geopolítica estadounidense contra el chavismo. En ese cruce de intereses, la figura de Zapatero se convierte en un objetivo relevante. El exlíder socialista español molestaba a los intereses de la Casa Blanca, más aún tras el secuestro de Maduro por los marines. Liquidado, un problema menos para el trumpismo.