El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la imposición de medidas cautelares para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado por el caso Plus Ultra y que habían sido solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones populares.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la comparecencia quincenal ante el juzgado, la retirada de su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, mientras que la acusación popular unificada se ha adherido a la petición del Ministerio Público. En el caso de Vox, Hazte oír, Liberum y Iustitia Europa, de forma subsidiaria, han solicitado la prisión provisional.
En su auto, al que Diario Sabemos ha tenido acceso, el juez explica que la adopción de una medida cautelar exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado.
Calama señala que la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba. Entre ellas, destaca el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros autorizados en esta causa, así como la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, así como la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos. A esos indicios, añade el juez, se une el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos y el hallazgo en su oficina de piezas de joyería cuyo valor supera 1.300.000 euros, de las que, a día de hoy, no se ha acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera.
Ahora bien, frente a lo anterior, el magistrado tiene en cuenta que Rodríguez Zapatero es una persona de pública notoriedad, una circunstancia “que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual, advierte.
Para el juez, tampoco se aprecia el riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba que sustentaría la adopción de una medida cautelar, pues considera que los elementos relevantes de la causa ya han sido intervenidos y la instrucción judicial no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar.
En este contexto, concluye que la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional “no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada”.
José Luis Rodríguez Zapatero cruzó este miércoles el umbral de la Audiencia Nacional como ningún expresidente del Gobierno español lo había cruzado jamás: como imputado en una causa por corrupción. El juez José Luis Calama lo recibió en calidad de sospechoso de haber liderado una red de tráfico de influencias, de cometer delitos fiscales y de contrabando. Y cuando salió, el paisaje jurídico que dejaba tras de sí era aún más turbulento que el que había encontrado al entrar. El fiscal anticorrupción solicitó de inmediato que se le retirara el pasaporte, que se le prohibiera abandonar España y que compareciera ante el juzgado cada quince días. El argumento era uno solo, pero de una gravedad institucional difícil de exagerar: riesgo de fuga.
Hacía falta que ocurriera algo así para entender la dimensión real de lo que está en juego. No se trata únicamente de un procedimiento judicial más, ni siquiera de uno especialmente voluminoso o complejo en términos técnicos. Se trata de algo que la democracia española no había visto en sus casi cinco décadas de historia: un hombre que gobernó este país durante ocho años, que representó a España ante los líderes del mundo, que firmó leyes y dirigió presupuestos y tomó decisiones de Estado, sentado frente a un juez que le pregunta por dinero, por joyas y por una aerolínea.
La jornada comenzó con la tensión propia de los momentos que hacen historia. Decenas de periodistas aguardaban en los aledaños de la Audiencia Nacional desde primera hora de la mañana. Las cámaras de televisión apuntaban hacia las puertas del edificio con la expectación reservada a los grandes acontecimientos. Y en el interior, el juez Calama presidía una sala a la que, por decisión propia, solo había autorizado a acceder al Partido Popular como dirección letrada representante de las ocho acusaciones populares personadas en el caso.
La causa: 53 millones, una aerolínea y una caja fuerte con joyas
Para comprender lo que ocurrió este miércoles hay que retroceder al momento álgido de la pandemia. En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra, una pequeña compañía de vuelos chárter con vínculos venezolanos que, según la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), reunía los requisitos para recibir la ayuda pública destinada a paliar los efectos del covid-19 sobre el sector aéreo. Lo que vino después fue una cadena de investigaciones, denuncias y filtraciones que acabó desembocando en la Audiencia Nacional.
El juez Calama, instructor del caso, considera que Zapatero habría ejercido su influencia como expresidente para orientar esa decisión a cambio de una comisión económica. Los investigadores sostienen que, para canalizar ese pago, se habría ordenado la creación de una sociedad en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Una sociedad que, según la tesis judicial, permitiría ocultar el rastro del dinero y blindar al beneficiario de cualquier escrutinio fiscal en España.
A este primer bloque de cargos se añade un segundo, de naturaleza diferente pero igualmente explosiva. En una caja fuerte hallada en el despacho del expresidente, la Policía encontró joyas tasadas en 1,3 millones de euros. El origen de esas piezas, su declaración o no ante la Hacienda española, y la posibilidad de que hubieran entrado en el país eludiendo los controles aduaneros, dieron pie a cargos por presuntos delitos fiscal y de contrabando. Dos frentes abiertos, dos investigaciones que se alimentan mutuamente y que dibujan, en la mente de la acusación, el perfil de un hombre que habría utilizado su peso político para enriquecerse en la sombra.
Zapatero declara: negación absoluta y autorización voluntaria
El expresidente compareció ante el juez Calama con una estrategia clara, articulada sobre tres pilares. El primero fue la negación categórica de todos los hechos que se le imputan. Zapatero reconoció haber prestado servicios como consultor para la empresa Análisis Relevante, pero rechazó haber realizado ninguna gestión, contacto o mediación relacionada con Plus Ultra. Negó haber dado instrucciones para crear ninguna sociedad en Dubái ni en ningún otro territorio extranjero. Y negó, con especial énfasis, haber tenido nunca ningún tipo de activo, cuenta, producto financiero o titularidad fuera de España.
El segundo pilar de su estrategia fue la transparencia ofensiva. Lejos de limitarse a negar, Zapatero presentó al tribunal lo que denominó una "autorización universal voluntaria": un documento mediante el cual otorga permiso expreso a la justicia para rastrear, sin límite ni restricción, cualquier sociedad, cuenta, producto financiero o bien que pudiera estar registrado a su nombre, directa o indirectamente, en cualquier parte del mundo. El mensaje implícito era tan contundente como el explícito: si no hay nada, que lo comprueben. Si la acusación sostiene que existe una sociedad en Dubái, que la encuentren.
El tercer pilar llegó después, en forma de comunicado público. Zapatero salió de la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones, pero horas más tarde difundió un texto cuidadosamente redactado en el que explicó su silencio de los últimos 29 días ("callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme") y en el que prometió que en los próximos días iría "dando las explicaciones oportunas". Fue, al mismo tiempo, una declaración de inocencia y una hoja de ruta para lo que viene: "Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán."
El tono del comunicado fue deliberadamente sobrio. Zapatero habló de decencia y honradez, de transparencia y confianza. Pero también dejó asomar, por un instante, la dimensión humana de lo que está viviendo: "Lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí." No era el lenguaje de un político en campaña. Era el lenguaje de alguien que siente que su reputación, construida durante décadas, está siendo juzgada en público antes de que ningún tribunal haya dicho nada.
El fiscal y la retirada del pasaporte: la gravedad de una medida sin precedentes
Mientras Zapatero comparecía ante el juez, fuera de la sala se libraba otra batalla, igualmente significativa. El fiscal anticorrupción, una vez concluida la declaración, no tardó en hacer llegar al juzgado su posición: solicitó la retirada del pasaporte al expresidente, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado cada quince días. Tres medidas cautelares que, tomadas en conjunto, dibujan el perfil de alguien a quien la acusación pública considera capaz de intentar escapar a la acción de la justicia.
La palabra "fuga" tiene un peso especial en el vocabulario político y judicial español. Desde que Carles Puigdemont abandonara España en octubre de 2017, eludiendo durante años la acción de los tribunales desde Bruselas y otros países europeos, el concepto de "fugado" ha adquirido una resonancia que va mucho más allá de lo estrictamente jurídico. Invoca imágenes de impunidad, de instituciones desbordadas, de poder que se escapa entre los dedos del Estado. Y fue precisamente esa resonancia la que el fiscal anticorrupción activó al pedir que se impidiera a Zapatero abandonar el país.
El Partido Popular, que ocupa la singular posición de coordinar a todas las acusaciones populares por designación expresa del juez Calama, respaldó las peticiones del fiscal y las hizo suyas. Es la primera vez en la historia reciente de España que un partido de la oposición asume el liderazgo formal de una acusación popular contra un expresidente rival, lo que añade a la causa una dimensión política inevitable, por más que los protagonistas insistan en enmarcarla exclusivamente en el ámbito jurídico.
La presión desde la ultraderecha: prisión provisional y el precedente Puigdemont
Si las peticiones del fiscal y del PP resultaron ya de una gravedad considerable, las posiciones de otras acusaciones populares fueron aún más lejos. Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa reclamaron al Partido Popular que solicitara la prisión provisional para Zapatero al término de su declaración. Las tres organizaciones coincidieron en que el riesgo de fuga no quedaba cubierto con la simple retirada del pasaporte, y argumentaron que la envergadura de los cargos imputados justificaba una medida mucho más drástica.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, fue quien lo expresó con mayor crudeza ante los periodistas congregados en los alrededores de la Audiencia. "España no se puede volver a permitir tener un fugado más", afirmó, en una referencia inequívoca a Puigdemont que establecía un paralelismo de enorme carga simbólica: la del expresidente catalán que se marchó antes de que la justicia pudiera actuar, y la del expresidente del Gobierno al que, según esta lectura, habría que impedir que hiciera lo mismo.
Pardo calificó la jornada de "histórica", y en ese punto es difícil llevarle la contraria. Es, en efecto, la primera vez que un hombre que ocupó la Presidencia del Gobierno de España declara como imputado por una causa de corrupción. Ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni José María Aznar, ni Mariano Rajoy habían llegado a ese punto. Algunos fueron salpicados por escándalos que rodearon a sus Gobiernos; ninguno fue citado como investigado ante un juez. Zapatero es el primero, y eso, independientemente de cuál sea el desenlace del proceso, es un hecho que la historia registrará.
El PP, por su parte, optó por una posición más contenida que la de sus aliados en el bloque acusador. No solicitó la prisión provisional, pero sí se sumó plenamente a las peticiones de retirada de pasaporte y prohibición de salida del país. La diferencia de tono entre el PP y organizaciones como Vox o Iustitia Europa refleja una tensión que atraviesa todo el espacio político de la derecha española: entre quienes quieren utilizar el caso con máxima intensidad como arma de desgaste contra el Gobierno de Sánchez, y quienes prefieren no sobrecalentar un proceso que, si se politiza en exceso, podría terminar generando simpatías hacia el investigado.
El juez Calama y la arquitectura de la investigación
Detrás de todo este estruendo procesal hay un magistrado que lleva meses construyendo, con paciencia y meticulosidad, el esqueleto jurídico del caso. El juez José Luis Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de una organización dedicada al tráfico de influencias, una figura delictiva que en el ordenamiento jurídico español requiere acreditar no solo que alguien utilizó su posición para obtener beneficios, sino que lo hizo de forma sistemática y organizada.
Esa calificación es relevante porque eleva considerablemente la gravedad de los cargos y, con ella, las posibles consecuencias penales. Un delito aislado de tráfico de influencias tiene un recorrido penal limitado; una organización dedicada a ello, con roles definidos, instrumentos de cobro y mecanismos de ocultación, se acerca a la categoría de organización criminal, con las penas aparejadas que eso implica.
La tesis del juez descansa, en lo fundamental, sobre tres pilares: la supuesta relación entre la intervención de Zapatero y la concesión del rescate a Plus Ultra, la existencia de la presunta sociedad en Dubái como instrumento de cobro, y las joyas halladas en la caja fuerte como evidencia de enriquecimiento no justificado. Los tres pilares están conectados en la narrativa de la acusación, aunque cada uno requiere una demostración probatoria independiente y, hasta ahora, la defensa ha impugnado con vigor la consistencia de cada uno de ellos.
La justicia y la política se miran de frente
Sería ingenuo analizar este caso como si existiera en un vacío político. El caso Plus Ultra nació, se desarrolló y llega a este punto de inflexión en un ambiente de polarización política extrema en España, en el que cualquier acontecimiento judicial que afecte a figuras del PSOE es interpretado por la derecha como confirmación de una cultura de corrupción sistémica, y cualquier acusación que afecte a figuras de la derecha es interpretada por la izquierda como lawfare, es decir, como uso torticero de la justicia con fines políticos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha guardado una distancia prudente respecto al caso, evitando pronunciarse sobre los méritos de la causa, pero sus ministros han dejado caer en varias ocasiones que la investigación forma parte de una estrategia de acoso judicial contra dirigentes progresistas. El PP, por su parte, ha denunciado que el Ejecutivo intenta politizar la justicia precisamente para inmunizarse frente a causas como ésta.
Lo que hace especialmente delicado el momento es que Zapatero no es solo un exdirigente más. Es el expresidente que más peso sigue teniendo dentro del PSOE en términos de influencia orgánica y de imagen internacional. Su figura está asociada al matrimonio igualitario, a la retirada de las tropas de Iraq, a los años de bonanza económica de mediados de la década de los dos mil. Una condena, o incluso una instrucción prolongada y mediática, tendría efectos que irradiarían mucho más allá del ámbito personal del investigado.
Vista de medidas cautelares
El siguiente capítulo de este proceso se escribirá en los próximos días, cuando el juez Calama convoque la vista de medidas cautelares en la que deberá decidir si impone o no las restricciones solicitadas por el fiscal anticorrupción y respaldadas por el PP. La decisión del magistrado será de una enorme trascendencia práctica y simbólica: si retira el pasaporte a Zapatero y le prohíbe salir de España, estará aplicando al expresidente exactamente las mismas herramientas que la justicia intenta, con enorme dificultad, aplicar a los dirigentes independentistas que se marcharon al extranjero. Si las rechaza, estará enviando la señal contraria: que la causa no presenta, por ahora, indicios suficientes de que el investigado vaya a intentar eludir la acción judicial.
La defensa de Zapatero ya ha anunciado que combatirá cualquier medida cautelar de restricción de movimientos, argumentando que la presentación voluntaria del expresidente ante el juzgado y la autorización universal que otorgó para el rastreo de sus bienes son prueba suficiente de su disposición a colaborar con la justicia. Que quien proporciona espontáneamente al tribunal la herramienta para verificar sus palabras no es, por definición, alguien que planea huir.
El argumento tiene solidez desde el punto de vista de la lógica procesal, aunque los fiscales probablemente responderán que la magnitud de las penas potenciales, si los cargos prosperaran, crea un incentivo objetivo para la fuga que no queda neutralizado por ninguna declaración de buenas intenciones, por generosa que sea.
El peso de lo histórico
Cuando se califica este miércoles de "histórico", se está usando esa palabra en su sentido más literal: algo que ocurre por primera vez, que no tiene precedente, que abre una nueva categoría en la experiencia colectiva. España ha tenido que esperar casi medio siglo desde la restauración de la democracia para ver a un expresidente del Gobierno sentado frente a un juez como imputado. Que ese hombre sea Zapatero, que ese delito sea corrupción, y que todo ocurra en el contexto de la mayor polarización política de las últimas décadas, convierte el momento en algo que los libros de historia, sean cuales sean sus conclusiones, no podrán ignorar.
Zapatero lo sabe. Por eso eligió con tanto cuidado las palabras de su comunicado. Por eso habló de decencia y de verdad, de paciencia y de confianza. Por eso prometió que dará explicaciones y que no decepcionará. Está librando dos batallas simultáneas: la jurídica, ante los tribunales, y la de la opinión pública, ante la ciudadanía. La primera la decidirán los jueces, con los plazos y las certezas propias del derecho. La segunda ya está en marcha, y en ella cada palabra, cada gesto y cada silencio cuentan.
La justicia española tiene ahora en sus manos un caso que la pondrá a prueba como pocas veces lo ha sido. La pregunta que flota sobre todo esto no es solo si Zapatero es culpable o inocente. La pregunta más profunda es si las instituciones de este país son capaces de gestionar un proceso de esta envergadura con la serenidad, la independencia y el rigor que merece. Esa es, en última instancia, la verdadera prueba histórica que está en juego.